¿Un SAT fuera del puño del gobierno?
Alberto Vieyra G. viernes 9, Abr 2010De pe a pa
Alberto Vieyra G.
¿Sabemos los mexicanos de a pie, cuántos ricos pagan impuestos? ¿Sabemos cómo se gastan realmente los impuestos que pagamos con tanto sacrificio los contribuyentes cautivos? ¿El Sistema de Administración Tributaria es una tapadera de la corrupción a escala de la gran oligarquía empresarial y política? ¿Cuáles son los nombres y apellidos de los casi 14 mil empresarios de filiación panista y de las principales trasnacionales, como la odiada Wal Mart, que no pagan impuestos?
La Secretaría de Hacienda reconoció el año pasado, que al menos, los 400 grupos empresariales más importantes de México no tributan a las arcas de la nación, a pesar de que obtuvieron ganancias por más de 5 billones de pesos y sólo tributaron el 1.7% de impuestos, es decir, que sólo tributaron unos 700 mil millones de pesos. ¿Pero realmente ingresaron a las arcas de la nación, o Hacienda se los regresó, como ocurrió en los primeros 5 años de desgobierno de Vicente Fox, cuando este les devolvió impuestos por 604 mil millones de pesos? Tan solo a Jugos del Valle, les devolvió en el primer año mil 640 millones de pesos. ¿Pagan, pero no pagan, o lo hacen sólo pa´ taparle el ojo al macho?
Sólo el SAT, esa gigantesca tapadera de la corrupción del gobierno federal lo sabe y claro está, el gobierno en turno también.
¿Quiénes son los contrabandistas en potencia de México, que utilizan el sistema aduanal y no pagan impuestos?
El SAT es un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda. Con la llegada de Ernesto Cordero a la SHCP, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se convirtió en presidente de ese sistema tributario, para defender poderosos intereses inconfesables. Para el Congreso de la Unión, está muy lejos de ofrecer una información confiable al legislativo y a los mexicanos.
Por ello, en febrero pasado, la fracción parlamentaria del PRI, a través del diputado federal por Hidalgo, Omar Fayad, presentó en la cámara baja, una iniciativa de reformas al artículo 31 de la Constitución General de la República, para dotar al SAT de plena independencia respecto de administración central de los gobiernos en turno y hacerlo un órgano autónomo del Estado mexicano.
El jueves 18 de febrero, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó la Iniciativa de Reforma con Proyecto de Decreto, mediante la cual se busca adicionar la Fracción IV del artículo 31 de la Constitución, a fin de establecer el Servicio de administración Tributaria como un organismo público autónomo. El martes 23 de febrero, el legislador presentaría ante el pleno camaral su propuesta, la que actualmente se dictamina en las Comisiones de Hacienda y Puntos Constitucionales.
En su exposición de motivos, el diputado Omar Fayad destaca que los impuestos en México constituyen un tema “intrincado y complejo” que se agrava por la carencia de una cultura fiscal que haga posible nuevos referentes de contribución entre los mexicanos. Según el diputado, el punto nodal, está en el hecho de que la autoridad hacendaria considera a este tema sólo como un conjunto de disposiciones técnicas y no como una práctica vinculada a nuestras costumbres e idiosincrasia. “Por razón histórica y no sólo de racionalidad técnica, somos un país en el que la evasión y la elusión están profundamente arraigadas. No se le cree al gobierno, por lo que la mayoría de mexicanos prefiere encontrar formas para no pagar sus contribuciones”.
La iniciativa priísta, aborda la confrontación política, uno de los temas torales que ha llevado a México a la parálisis gubernamental, pues sostiene que “la incapacidad de los actores políticos para alcanzar acuerdos en una coyuntura caracterizada por el conflicto y la confrontación permanentes… ha hecho que, año con año, la reforma fiscal constituya uno de los pendientes críticos de la nación y uno de los factores que explican el bajo rendimiento de nuestra economía y el mal funcionamiento de nuestra democracia”.
La iniciativa califica de ineficiente y carente de credibilidad al sistema tributario nacional.
No hay duda que con esta iniciativa, el PRI da un primer paso para concretar lo que podría ser una reforma fiscal integral, que incluya a todos los mexicanos y no sólo a los contribuyentes cautivos. Tienen razón los priístas, mientras no se incluya en un nuevo padrón fiscal a los ricos y a los pobres, ninguna reforma fiscal funcionará en México y el gran peso de la economía habrá de recaer sobre los que pagamos impuestos desde siempre. Los empresarios tienen que ir por delante.
La modernización del SAT es vital para una reforma fiscal genuina. En este orden de ideas, su Proyecto de Decreto contempla dos puntos básicos: 1) otorgar autonomía al Servicio de Administración Tributaria para garantizar su profesionalización, modernización y transparencia; y, 2) alcanzar calidad administrativa en el sistema de recaudación y tributación del país.
Con base al contenido de esta Iniciativa, el SAT dejaría de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecerse como un organismo público autónomo. Es decir, sería una instancia técnica, sin injerencia de otros poderes y a cuyo titular lo designaría el Congreso de la Unión.
Los argumentos planteados en la exposición de motivos de esta Iniciativa señalan que la autonomía al SAT es el punto de arranque de la reforma fiscal integral. La propuesta de reforma destaca el principio técnico de transversalidad, transparencia y eficacia administrativa, lo que colocaría al sistema de recaudación tributaria como expresión máxima de efectiva rendición de cuentas.
A su vez, se trata de alejar al SAT de la disputa política y de la confrontación ideológica.
Al convertirse en un Servicio Tributario esencialmente técnico, cuyo titular no dependería de las preferencias políticas del Secretario de Hacienda ni de las inclinaciones del Presidente de la República, se garantizaría su constitución en verdadero órgano de Estado. El funcionario designado por el Congreso respondería a criterios técnicos y estaría alejado de las arenas de conflicto del poder. Con ello, se evitaría que el SAT brindara mala información al Poder Legislativo. Omar Fayad recuerda que en diciembre de 2009, “…no podíamos contar con la información necesaria; se nos dijo que había un boquete de más de 350 mil millones de pesos y resultó… que era inferior a los 250 mil millones. Luego entonces tomamos decisiones que afectaron a los mexicanos; hubo más impuestos…”.
En este contexto, uno de los objetivos colaterales de la iniciativa es el de transparentar la información que llega al Congreso proveniente del SAT.
Para el diputado del Partido Revolucionario Institucional lo más importante de la Iniciativa es que recupera parte de esa cultura fiscal que ya se había logrado y que la alternancia de 2000 afectó de manera determinante. “Debemos entender que lo que durante un buen tiempo se llamó “carga fiscal‟ es en la actualidad una contribución, una colaboración humana para que México cuente con escuelas, hospitales, caminos y servicios públicos. Tuvieron que transcurrir muchas décadas para que se estabilizara la situación en el país y para que los gobiernos pudieran disponer de recursos a fin de construir obras y prestar servicios a la colectividad a través de la recaudación”. Esta transformación no es menor; sin embargo, a partir de 2000, la falta de acuerdos se acompaña de una creciente duda en la ciudadanía respecto al destino que tienen sus contribuciones. Un aspecto que había quedado relativamente superado y que al calor del conflicto, la estridencia y la crisis que inauguró la alternancia política ha vuelto a florecer.
También, en la exposición de motivos de la iniciativa en cuestión, hace hincapié en la crónica dependencia que tiene el sistema tributario mexicano respecto de los impuestos provenientes de la industria del petróleo. El Servicio de Administración Tributaria, dice Omar Fayad, está anclado a los ingresos de Pemex: “…desde hace 70 años hemos tenido el lujo de escoger entre exprimir más a Petróleos Mexicanos o adoptar un esquema fiscal moderno, competitivo, incluyente y más justo”. El problema, acota la Iniciativa, es que esta alternativa, la del petróleo, ya no existe. No se puede seguir exprimiendo a Pemex. Se requiere una reforma que aumente los ingresos fiscales del gobierno y reduzca la dependencia presupuestaria del hidrocarburo.
Advierten los priístas, que mantener la inercia fiscal es sencillamente insostenible, porque el país lo cargamos unos cuantos, mientras que los poderosos oligarcas empresarios, están exentos de todos y todo porque contribuyen a sufragar las campañas presidenciales. Suena bien.
