Sentencia sobre controversia constitucional, piden a la Suprema Corte
Nacional viernes 29, Jun 2012- El gobierno del Distrito Federal promovió la inconformidad contra el decreto que expide la Ley General de Turismo
La Ley General de Turismo está atorada en la Suprema Corte y un senador panista urge a ministros emitir con urgencia una sentencia, por tratarse del sector que más divisas genera, después del petróleo.
El senador Luis Coppola pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitir sentencia sobre la controversia constitucional que promovió el gobierno capitalino contra el Legislativo y el Ejecutivo federales para demandar la invalidez del decreto que expide la Ley General de Turismo.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República recordó que el 17 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación dicho decreto, que abrogó la anterior Ley Federal de Turismo, vigente desde 1992.
El legislador panista dijo que si bien el reglamento de la nueva normativa debió ser expedido por el Ejecutivo a más tardar el 18 de diciembre de 2009, no se hizo debido a que el 11 de agosto del mismo año el jefe de gobierno capitalino presentó dicha controversia.
Precisó que en dicha acción contra los poderes Legislativo y Ejecutivo federales, así como de los secretarios de Gobernación y de Turismo, el gobierno del Distrito Federal demandó la invalidez del decreto por el que se expide la Ley General de Turismo.
Coppola Joffroy indicó que a pesar de que se presentó un proyecto sobre ese recurso, por decisión colegiada fue retirado, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido una sentencia al respecto.
Por ello, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) consideró urgente contar con una resolución “que nos permita tener la certeza jurídica de la posterior validez y aplicación de la Ley General de Turismo”.
En ese sentido, exhortó al alto tribunal para que resuelva la citada controversia y así “se pueda tener la certeza jurídica de la validez o invalidez constitucional de la Ley General de Turismo”.
