Protección a periodistas
¬ Augusto Corro jueves 21, Jun 2012Punto por punto
Augusto Corro
Luego de los asesinatos de comunicadores, Felipe Calderón firmará mañana el decreto de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se trata de la legislación aprobada por los diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
En dicha ley se considera la implantación de medidas de protección que garanticen la vida, seguridad e integridad de periodistas y defensores de derechos humanos.
Aunque la citada ley llegó muy tarde, debió aplicarse en cuanto empezó la guerra contra el crimen organizado, podría representar una esperanza protectora para la vida de los comunicadores. En el sexenio de Calderón han sido asesinados más de 70 periodistas.
Frank LaRue, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la libertad de expresión, señaló que “una tendencia preocupante en el año 2011 fue el aumento en el número de ataques contra periodistas en todo el mundo”.
Explicó que esas agresiones van desde arrestos y detenciones arbitrarias, ataques verbales y físicos, la confiscación o destrucción de equipos, así como los asesinatos.
Hizo notar que “la protección de los periodistas requiere un enfoque integral que incluye medidas materiales, legales y políticas de protección, incluida la condena pública de los ataques y el apoyo a la libertad de prensa por parte de funcionarios de alto nivel”.
También señaló que periodistas online y blogueros también se enfrentan a otras formas de acoso, la intimidación y la censura, como la piratería en sus cuentas, la supervisión de sus actividades en línea, los arrestos y detenciones arbitrarias, etc. En fin, el trabajo de los periodistas se convirtió en una profesión de alto riesgo. En México, los comunicadores se encuentran en la total indefensión.
Esperemos que con la nueva Ley de Protección a Personas las cosas cambien, aunque sea un poco, para beneficio de los más desprotegidos: los periodistas.
LA TRATA DE PERSONAS
México sigue sin cumplir los estándares mínimos establecidos para erradicar el comercio de personas.
Así lo planteó el Departamento de Estados Unidos. Señaló que el crimen organizado es el principal obstáculo para combatir eficazmente la trata de personas.
Claro, México es campo propicio para el desarrollo de esa actividad cruel convertida en el esclavismo moderno. Son miles de personas de diferentes países latinoamericanos que se atreven a pisar suelo mexicano rumbo a Estados Unidos. A su paso por nuestro territorio, hombres, mujeres y niños son víctimas de las bandas de delincuentes coludidas con las autoridades: cientos de indocumentados caen en las garras de las pandillas y son obligados a desempeñar actividades ilegales.
Las mujeres son prostituidas y los hombres obligados a desempeñar funciones de sicarios, halcones o mulas para el trasiego de drogas.
En el reporte del Departamento de Estados Unidos también se tocó el tema del turismo sexual infantil.
Total, México se encuentra entre los países que no cumplen con los requerimientos del Acta para la Protección de Tráfico de Personas.
CASO “RÁPIDO Y FURIOSO”
¿Se acuerdan de aquel asunto de “Rápido y Furioso”?
Autoridades estadounidenses aprobaron el contrabando ilegal de armas largas para seguirlas hasta el último eslabón de la cadena.
Supuestamente, los rifles llegarían a los cárteles de la droga.
El operativo falló y las armas llegaron a los delincuentes y éstos vieron incrementado su poder bélico en la lucha del gobierno federal panista contra la delincuencia organizada.
El escándalo se convirtió en un dolor de cabeza permanente para el gobierno de Estados Unidos, por la intromisión de sus autoridades en esa operación fracasada.
Se puso de manifiesto la incapacidad de los representantes de la ley de EU porque, debido a su incapacidad, no pudieron seguir a los portadores de los cargamentos de armas. Simplemente, los perdieron y no supieron más del armamento.
Después, ellos mismos comprobaron que los rifles eran usados por los narcotraficantes.
Surgieron los conflictos en aquel país porque se intentó deslindar responsabilidades. El problema llegó a la Cámara de Representantes y esta apretó las clavijas para sacar rédito electoral del escándalo.
Entre otras cosas, los legisladores republicanos anunciaron con someter a una votación el desacato del fiscal general, Eric Holder, por su supuesta negativa a colaborar en la investigación.
Ante esa situación, el presidente Barack Obama, de acuerdo a su privilegio ejecutivo, ordenó, por razones de seguridad nacional mantener confidenciales los documentos de “Rápido y Furioso”, exigidos por los citados republicanos.
Según se informó, los “documentos cubiertos por la confidencialidad incluyen las comunicaciones del gobierno federal sobre su conocimiento del operativo que permitió el ingreso ilegal de más de 2 mil armas a México”.
