Capricho o estrategia
¬ Augusto Corro miércoles 6, Jun 2012Punto por punto
Augusto Corro
Alguien tendrá que explicarnos ampliamente por qué el gobierno federal panista volvió a vetar un decreto de la Cámara de Diputados para atender las contingencias derivadas de los fenómenos climatológicos como son las sequías, heladas e inundaciones.
México es un país de contrastes geográficos y sociales, siempre se encuentra expuesto a las tragedias que aparecen en todas las estaciones del año: la falta de lluvia o el exceso de la misma son dos de los problemas casi insolubles. La sequía en el territorio nacional es una preocupación en la que están involucrados todos los sectores sociales, porque el hambre azota a amplías zonas marginadas. Sin agua y sin alimentos imposible una vida digna.
Resulta que los diputados, conscientes del drama que se vive en 26 entidades, optaron por crear un plan de emergencia para aplicar 15 mil millones de pesos, a fin de aliviar las penurias ocasionadas por los caprichos de la naturaleza. Claro, esto tendría que llevarse a cabo a través de un decreto.
Así lo hicieron, pero al gobierno federal panista no le pareció correcto. Como señalamos arriba, por segunda vez lo desechó.
Según el gobierno federal el decreto mencionado no prosperó porque la iniciativa para su creación debía venir del Ejecutivo, saber de dónde se tomarían los recursos para su aplicación respectiva, y la aprobación del decreto a más tardar el 15 de noviembre del año previo.
Montados en los aspectos legales, no hay nada que alegar. Sin embargo, caben las siguientes preguntas: ¿La hambruna, la sequía y sus lamentables efectos saben de leyes?
Sin lugar a duda, la actuación de las autoridades debe ser con más elasticidad para satisfacer las necesidades elementales de los habitantes que viven en las zonas afectadas por los fenómenos naturales. Se da el caso que hay partes del territorio nacional que la hambruna tiene muchos años de flagelar a las etnias que perdieron toda esperanza de recibir ayuda de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Ante esta segunda negativa para aceptar el decreto, quedó en entredicho la voluntad de Calderón por atender a los más necesitados, de acuerdo con declaraciones de diputados.
Concretamente, el legislador Oscar García Barrón, dijo que “si el Presiden de la República no responde de manera inmediata a este llamado (la emergencia derivada de la sequía), nos está obligando, inclusive, a tener que comparecer ante los órganos internacionales para evidenciar la falta de sensibilidad y sensatez”.
También es obvio pensar que la actitud de Calderón obedece a que si se suelta el dinero, este podría ir a parar a las campañas electorales.
Falta menos de un mes para que concluya esta parte importante del proceso electoral. Es posible que después de las elecciones se atiendan los problemas de la sequía y el hambre. ¿Y mientras?
LA JUDICATURA
Ahora está de moda emprenderla contra jueces y magistrados. Algo les picó a las autoridades que por lo menos 14 impartidores de justicia se encuentran en capilla. Por lo pronto ya empezó a sentirse la presencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pues el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano y el juez de Distrito, Efraín Cázares López, tienen que responder por sus presuntos nexos con el narco.
Las indagatorias contra Luna y Cázares tienen que ver con diversos fallos en los cuales se absolvió en forma presuntamente irregular a miembros de organizaciones delictivas. Cázares fue el responsable de liberar a varios implicados en el llamado michoacanazo.
Como se informó, en el caso mencionado más de 30 servidores públicos fueron acusados de brindar protección al cártel de “La Familia Michoacana”.
Luna, en julio de 2008, absolvió y dejó en libertad a Iván Archivaldo Guzmán, “El Chapito”, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por su parte, la Procuraduría General de la República informó que el magistrado federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano y el juez Efraín Cázares López, suspendidos el viernes por el CJF, son investigados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para deslindar responsabilidades ante supuestos ilícitos relacionados con la delincuencia organizada.
En el CJF se explicó que las suspensiones y el inicio de investigaciones que realiza no tienen nada que ver con lo que la PGR haya dicho o hecho; son vías diferentes.
Son de elogiar las acciones del CJF, aunque sí es criticable su intervención tardía en este delicado asunto. Todo mundo sabe que los magistrados y jueces son tratados con una vara especial que los tiene en calidad de intocables. Su compromiso con la justicia deja mucho qué desear.
México vive tiempos difíciles, en los que se exige el cumplimiento estricto de la ley, porque el crimen organizado, protegido por la corrupción y la impunidad, debe ser combatido con magistrados y jueces honestos.
La misión del CJF consiste en: “Garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial”.
ALVAREZ ICAZA
Emilio Alvarez Icaza se encuentra en lista de finalistas para encabezar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con información de la OEA, del más de un centenar de propuestas sólo cinco pasaron a la final para elegir al próximo titular de la Secretaría Ejecutiva el próximo 16 de julio. Alvarez Icaza forma parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el escritor y poeta Javier Sicilia.
