Frenar asesinatos
¬ Augusto Corro miércoles 16, May 2012Punto por punto
Augusto Corro
Organismos internacionales exigieron al gobierno de Calderón frenar los asesinatos y amenazas perpetrados contra defensores de derechos y periodistas en México. Concretamente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron avanzar en la aplicación efectiva de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Los defensores de los derechos humanos en México necesitan desesperadamente la protección efectiva del Estado.
“Los asesinatos y amenazas sufridos por defensores de derechos humanos y periodistas en México deben detenerse inmediatamente”, indicó un grupo de cuatro expertos de la ONU y de la CIDH. (Con información de Diario Imagen, mayo 15 de 2012).
Es larga la lista de los activistas de derechos humanos victimados. Las autoridades mexicanas poco caso hacen a los llamados de organizaciones nacionales e internacionales para brindar protección a los defensores.
En medio de dos fuegos, los defensores de derechos humanos sufren asesinatos, ataques, hostigamiento, amenazas, estigmatización y otras violaciones graves a sus derechos.
Para no ir tan lejos, ahí está el caso reciente del padre Alejandro Solalinde, quien determinó retirarse indefinidamente de sus actividades públicas a favor de los indocumentados, debido a las amenazas de muerte que recibió.
El sacerdote Solalinde fue reconocido por su intensa lucha a favor de los indocumentados que llegan a territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos.
Los migrantes tienen que enfrentar la corrupción de las autoridades mexicanas y las agresiones de los cárteles de las drogas.
Solalinde los ayudaba a sorterar esa serie de obstáculos. Su misión terminó por el sinnúmero de amenazas contra su vida.
Dejó el albergue que instaló por los indocumentados en la Diócesis de Tehuantepec y salió del país. Por su parte, Catalina Botero, representante de la CIDH, dijo que los asesinatos recientes de cuatro periodistas en Veracruz subrayan la necesidad urgente de adoptar medidas específicas para garantizar la seguridad de los periodistas y poner fin a la impunidad.
Lo mismo que ocurre con los defensores de derechos humanos, los comunicadores se encuentran entre el fuego de los narcos y de los funcionarios corruptos. Hemos hablado ampliamente de los peligros que se ciernen sobre los representantes de los medios de comunicación. En algunas ciudades del norte del país, los diarios tienen que ser muy cautelosos en el manejo de la información, para no ser blanco de las represalias de los cárteles de la droga o de las autoridades corruptas.
Practican la autocensura como una forma de sobrevivencia.
El derecho a la información es sometido por los intereses de los narcos, quienes asesinan a aquellos periodistas que no obedecen sus órdenes o denuncian sus actividades ilícitas.
Es un peligro ejercer el periodismo en algunas entidades. Veracruz es una de ellas.
“Necesitamos romper el ciclo de impunidad en México, que se está convirtiendo en un lugar cada vez más violento para los periodistas”, dijo Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión.
ESTADO FALLIDO
Por cierto, el elevado número de muertos y las agresiones a los diferentes sectores sociales que se registran en México serán tema de análisis acerca de si México es ya un “Estado fallido”. Doscientas organizaciones defensoras de los derechos humanos y promotoras de esquemas eficientes de seguridad pública se reunirán el 21 y 22 del presente mes y analizarán las condiciones que privan en el país, en función de la seguridad pública.
La presidenta de la agrupación civil DHP, Maite Azuela, una de las promotoras del encuentro, dijo que asesinatos masivos como el de Cadereyta, Nuevo León, las amenazas al sacerdote católico Alejandro Solalinde y los continuos homicidios de periodistas apresuran a analizar si México es un Estado fallido. En la denominada Primera Cumbre Ciudadana para Construir un México Pacífico, en el Palacio de Minería, también asistirán los candidatos presidenciales.
Maite Azuela declaró que el tema del Estado fallido no puede eludirse y debe someterse a debate, a fin de encontrar soluciones a la grave crisis de inseguridad que se vive y que se ha agudizado.
No está por demás que las diferentes organizaciones sociales convoquen a una “cumbre” en demanda de seguridad en el país.
El único problema que existe es que pretendan darle un sello político a sus inquietudes.
Los aspirantes presidenciales, como es lógico, se presentarán con algunas promesas para posibles soluciones. El tema no es fácil y falta aún mucho tiempo para saber qué estrategias se utilizarán para enfrentar, con efectividad, a la delincuencia organizada.
EL HILO NEGRO
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, declaró ayer que la violencia en Nuevo León se recrudeció por la ruptura original entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, así como por la nueva alianza entre los primeros con el cártel del Pacífico, en su intento por quedarse con los negocios y las plazas. Como informó Diario Imagen, en Cadereyta fueron encontrados en la carretera cuarenta y nueve cuerpos destazados. Desde luego, son interesantes las declaraciones del secretario de Gobernación.
¿Pero qué ganamos con saber que las víctimas son producto de la guerra entre los narcos y de estos contra la fuerza pública?
Lo que debe hacer Poiré es que las autoridades digan de qué personas se trata los restos humanos encontrados en Cadereyta. ¿Son cuerpos de indocumentados? ¿Son civiles que estuvieron en la hora y lugares equivocados? Urge que el funcionario conteste estás preguntas.
