La narcoguerra
¬ Augusto Corro martes 15, May 2012Punto por punto
Augusto Corro
Hay incertidumbre por el futuro de la narcoguerra de Calderón. A unos cuantos meses de que termine el sexenio, la sociedad se encuentra sometida al terror. La cifra de 60 mil muertos cada día aumenta. Aunque se dijo que la lucha iba a ser larga, con más víctimas, en la realidad esa situación se vuelve inquietante. Continúa incontrolable el baño de sangre en algunas entidades del país.
Los asesinatos masivos ocurren en Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, etc. Hechos que nos hablan de la violencia sanguinaria de los cárteles de la droga.
En las últimas semanas aparecen docenas de cadáveres en cualquier sitio. El domingo en Nuevo León fueron encontrados los cuerpos mutilados de 49 personas. Los ajustes de cuentas entre las organizaciones criminales es cada vez más atroz. Por ejemplo, en este último caso, sólo dejaron los troncos del cuerpo: sin cabeza y sin extremidades para dificultar su identificación.
Mientras tanto, el gobierno federal panista se promueve con su campaña de seguridad en las entidades donde el paso de los cárteles es sangriento y cambia la tranquilidad de la población por el terror y el miedo. Ciudades apacibles y bellas son convertidas en focos de violencia permanente. Rota la paz, la convivencia social no vuelve a ser la misma. Se destruyen las costumbres y los hábitos de la comunidad.
Cuando la violencia es extrema y la guerra se cobra con vidas humanas, el tejido social se hace añicos. La tragedia se prolonga a las viudas y a los huérfanos. A lo anterior se debe agregar el número elevado de desaparecidos. Inquieta que la seguridad pública de las fuerzas federales no alcance para brindar seguridad a la población.
Si a cada estado, a cada ciudad se le va a proteger con el Ejército, Marina o Policía Federal, ¿cuál debe ser la cantidad de elementos de la fuerza pública para tal fin? ¿Tiene el gobierno la posibilidad real de hacerlo? Lo ignoramos.
Lo que sí sabemos es que la fuerza pública tiene que multiplicarse, porque en las entidades las policías municipales y estatales no funcionan.
Su incapacidad quedó demostrada desde el inició de las hostilidades. La fuerza pública local estaba anulada, el narco se había infiltrado. ¿Cómo ir a la guerra, sin apoyo en la bases? El saldo de la narcoguerra es elevadísimo en muertos y en dinero. Según se ve, la lucha no tiene fin.
LOS GOBERNADORES
Vemos que en algunos estados, más que en otros, se agudiza la guerra entre los cárteles de la droga.
Y ¿cuál es la participación de los gobernadores? Según las leyes, ninguna. Porque los delitos relacionados con el narco son federales. Esta condición legal les permite lavarse las manos y dejarle todo el problema a la federación.
Así, en la comodidad de sus gobiernos, los mandatarios estatales lo único que hacen bien es poner cara de palo ante el número indeterminado de crímenes y esperar que la federación se encargue de resolver los problemas.
Escoja cualquier mandatario: ya sea el de Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, etc, y se dará usted cuenta, que todos están cortados por la misma tijera. Las ciudades capitales están convertidas en verdaderos campos de batalla.
La actuación de los gobernadores es contemplativa ciento por ciento. Por ejemplo, en Nuevo León, desde que llegó al poder Rodrigo Medina, los hechos sangrientos son cotidianos. Tampoco se debe olvidar que Monterrey, con el alcalde panista, Fernando Larrazabal, las tragedias se multiplicaron. Basta recordar el incendio en el casino Royal.
Tanta violencia incontrolable con el número exagerado de muertes no ha sido suficiente para que renuncie Rodrigo Medina a la gubernatura.
Lo mismo se podría decir del mandatario de Morelos, Marco Antonio Adame; o del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez; o el de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. La lista es larga.
Todos esos gobernantes se encuentran enconchados. Sólo aparecen en las fotografías rodeados de numerosos guardaespaldas. Nadie les exige cuentas. De vez en cuando, alguien pretende exigirles que rindan cuentas de sus administraciones. Todo es en vano. Son cargos inamovibles porque así lo dictan los intereses políticos. Así pues, autoridades federales y estatales se encuentran en un callejón sin salida en la narcoguerra. La estrategia del gobierno panista no funciona. Los resultados están a la vista.
En algún estado se tapa el hueco de la violencia y se destapa otro. ¿Alcanzará la cobija para cubrir tantos hoyos sangrientos?
Apenas el 4 de mayo, una fotografía de nueve colgados, espectáculo escalofriante le dio la vuelta al mundo. Se reconfirmó que México es uno de los países más violentos del mundo.
A esto se debe agregar el número elevado de periodistas asesinados.
El domingo, en la tarde fue encontrado el cadáver del periodista René Orta Salgado en el interior de un vehículo. El reportero trabajó en el Sol de Cuernavaca hasta diciembre de 2011. Los familiares lo reportaron como desaparecido. El hecho ocurrió en Cuernavaca, Morelos. Según las primeras investigaciones, el reportero murió por asfixia, luego de ser torturado.
En la lucha sin cuartel perecen narcos, policías, soldados, marinos, niños, jóvenes, mujeres, periodistas, defensores de los derechos humanos. ¿Qué sigue?
Las autoridades manifiestan que las matanzas se deben a los enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán contra Los Zetas, por la disputa de territorios. A esa beligerancia desorbitada de los grupos delincuenciales se le suma la incapacidad de los representantes de la ley para erradicarla. Se trata pues de una guerra fallida. La estrategia no les da resultados.
