Ley de víctimas
¬ Augusto Corro viernes 27, Abr 2012Punto por punto
Augusto Corro
El Senado aprobó la Ley General de Víctimas que buscará una mayor justicia, atención y cuidado para quienes sufren violación a sus derechos humanos, o el embate de la delincuencia organizada. “Es un paso importante que reivindica los derechos humanos en esta lucha en que estamos inmersos entre un Estado policiaco y un estado en plena libertad”, dijo el senador Pablo Gómez. El ordenamiento establece lo siguiente:
+ El derecho a la reparación integral del daño y a la asistencia jurídica, médica y económica de quienes padezcan ataques de la delincuencia o abusos a sus garantías individuales por las autoridades.
+ Prevé la creación de un registro nacional de víctimas y de un fondo permanente de ayuda y reparación integral y pone esos mecanismos bajo control de un Sistema Nacional de Víctimas en el que estarán representadas las organizaciones de la sociedad civil.
En términos generales se busca la reconstrucción del tejido social hecho añicos por la guerra fallida de Calderón contra la delincuencia organizada, en la que van más de 50 mil muertos, diez mil desaparecidos, miles de viudas y huérfanos y restos humanos sin identificar, en cientos de tumbas clandestinas.
A partir de la fecha en que se declaró el combate al crimen organizado, la población civil se vio inmersa en abusos y atropellos por parte de los delincuentes o por las autoridades. La sociedad indefensa ha sido agobiada por la inseguridad y por la estrategia errónea de las autoridades.
La guerra que se desarrolla en México se ha distinguido por la violación permanente a los derechos humanos. El enfrentamiento entre delincuentes y estos contra los representantes de la ley alcanza a la sociedad que tiene que pagar un precio en vidas, por una decisión en la que no fue tomada en cuenta.
Cuanta persona muere en los tiroteos entre fuerza pública y narcos, ya sea miembro de algún cártel o ciudadano de bien, inmediatamente es estigmatizada y lo apuntan en la lista de los delincuentes. Ni la policía ni las autoridades se toman la molestia de investigar el origen de la víctima.
Se supone que con la nueva Ley General de Víctimas, se tendrá por lo menos el cuidado de saber quién o quiénes son las personas que perdieron la vida: la identificación personal, como paso importante para recalcar que se trata de seres humanos y no de cosas o animales que tienen como fin la fosa común.
Hace varios días se anunció el establecimiento de una serie de protocolos que regularán la actuación de las fuerzas federales para evitar abusos y garantizar el respeto de los derechos humanos.
Tanto la nueva Ley General de Víctimas, como los protocolos mencionados, llegan muy tarde, en tiempos en que la sociedad mexicana se encuentra harta de abusos y atropellos. Sin lugar a duda, la Ley de Víctimas se logró gracias a las presiones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia. Es urgente que entre en vigor el nuevo ordenamiento legal, para llevar un poco de justicia a las víctimas y a los deudos de una guerra sangrienta a la que no se le ve fin.
Reprueban Cuenta Pública 2008
¿En que terminan las auditorías que se practican a las administraciones públicas? En nada. Se les da el uso político por unos días y luego el o los casos se olvidan.
Los congresos locales arman el gran escándalo cuando se analizan las cuentas y los manejos del dinero en los gobiernos estatales. Y ahí queda el asunto. Cuando mucho, algún funcionario de segunda, chivo expiatorio, es enviado a prisión.
En Oaxaca, el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz ha logrado burlarse de la justicia. A pesar de que no se ha comprobado en qué se gastaron miles de millones de pesos, parece que al gobierno de Gabino Cué ya no le interesa llegar al fondo de las investigaciones.
En Zacatecas ocurrió lo mismo con Amalia García. La auditoría que se practicó a su gobierno reveló el mal manejo del dinero público. La situación no pasó a mayores y la perredista busca un escaño en el Senado.
En Michoacán el también perredista Leonel Godoy, durante su paso por el gobierno michoacano, no administró bien los recursos económicos y dejó las arcas del estado vacías. Las nuevas autoridades estatales denunciaron esas fallas y nada más. Godoy regresó al Senado a buscar la protección del fuero.
Antier en la Cámara de Diputados, los legisladores reprobaron la Cuenta Pública 2008 por “las severas irregularidades” halladas en el gasto federal y en el aumento de la deuda gubernamental.
¿Y que con eso? Pues que se cumplió un trámite oficial que, desde mi punto de vista, es extemporáneo e inútil. En pleno 2012 se informa de la auditoría del 2008. Es decir, a cuatro años de diferencia, los mexicanos sabemos que en el gobierno de Calderón hubo fallas.
Esas “severas irregularidades” se traducen entre otras cosas en la mala aplicación del Presupuesto Federal. Partidas económicas que no se aplican o se aplican erróneamente, con los resultados negativos correspondientes.
En San Lázaro se armó la alharaca en la sesión y nada más. Ni Calderón será llamado a dar una explicación del mal manejo del presupuesto mencionado, ni al panista le preocupa lo que digan las malas lenguas. Sabe que la auditoria a su gobierno en el 2008 no deja de ser un trámite burocrático, parte de la liturgia política a la que está acostumbrado el pueblo mexicano y punto.
