Elecciones 2012 • (abril 25)
Elecciones 2012 jueves 26, Abr 2012Augusto Corro
Falta una ley que meta en cintura las actividades de los partidos políticos en temporada electoral.
Cada organización política hace lo que le viene en gana, ante la complacencia del Instituto Federal Electoral (IFE).
Presenciamos las acciones de los panistas que, desesperados, buscan frenar los ataques contra su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota (JVM).
Como se trata de una lucha de rudos contra rudos, las prácticas de los panistas siempre caen en el escándalo.
Van retrasados en la campaña electoral y no les importa hacer hasta lo imposible por mejorar la imagen de su candidata.
Por ejemplo, el martes, en la Cámara de Diputados, los azules reventaron la sesión ordinaria en la que se discutiría la cuenta pública del 2008.
En dicha cuenta se detectó que la ex secretaria de Educación Pública, JVM, habría incurrido en la malversación de 3 mil millones de pesos del programa Enciclomedia.
Aquí el problema es que, sin miramientos, los panistas se dieron cuenta que tenían todas las de perder y optaron por hacer un vacío para evitar el análisis de los errores de la candidata panista.
¿Dónde están las leyes para castigar a esos diputados que reventaron la sesión, en una actitud partidista de defender lo indefendible?
La opinión pública quiere saber qué sucedió con esa malversación millonaria; pero los admiradores de la aspirante panista no lo permitieron. Una raya más al tigre.
Ex alcalde panista
A nivel municipal, los panistas se encuentran en acciones delincuenciales.
El ex alcalde de Tuzantán, Chiapas, Didier Rojas, fue acusado de tráfico de personas. Llevaba tres indocumentados en su camioneta, cuando lo detuvo la policía.
De acuerdo con los informes de los representantes de la ley, Dieder conducía su camioneta por el tramo carretero Tres Picos-Puerto Arista, por el rumbo de Tonalá. A bordo llevaba a los salvadoreños Nelson Martínez, Roberto Ruballón y Aníbal Soto.
El ex edil y los extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Antier, el presidente municipal panista, de Chinameca, Veracruz, Martín Padua Zúñiga, fue arraigado para investigar su relación con los zetas.
El alcalde fue detenido en un operativo del Ejército en contra de presuntos integrantes del cártel de Los Zetas.
En la redada, Martín fue encontrado en compañía del líder principal de los zetas en esa región.
La situación se ve complicada para ese munícipe panista.
Por otra parte, Fernando Larrazabal, ex alcalde panista de Monterrey, ya se prepara a luchar por una curul en San Lázaro.
En el más puro de los cinismos, sin importarle el desprestigio por el caso de su hermano Jonás que extorsionaba a los dueños de casinos, Larrazabal participará como aspirante panista a diputado, ante las impugnaciones de la cúpula panista.
Con ese cartel de delincuente en la espalda, Larrazabal no la tendrá fácil.
Cuarto de guerra
En el cuarto de guerra de Josefina Vázquez Mota no terminan de componerse las cosas.
El diputado Francisco Ramírez Acuña recién llegado a al equipo como secretario general adjunto para Alianzas Políticas, ya dejó esa chamba para irse como embajador a España.
Como informamos, el jalisciense representará a México en una de las etapas más difíciles por las que atraviesa la madre patria. ¿No habría otra persona capaz de cumplir con la misión de embajador?
Porque al quitar a Ramírez Acuña de ese cargo en la campaña, refleja que a Calderón no le interesa dejar sin gente competente a la candidata, que dicho sea de paso no levanta.
También se dice en los corrillos políticos que Gustavo Madero, también comisionado en el cuarto negro, volverá al Senado para fortalecer la plaza.
La desesperación en el PAN empieza a calar.
Clouthier insiste
El diputado con licencia, Manuel Clouthier Carrillo, afirmó que continuará con su campaña rumbo a Los Pinos.
Como se informó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le negó el registró para que participará como candidato presidencial independiente.
Clouthier, ex militante panista, dijo que el acuerdo del tribunal fue “justificatoria” y “contradictoria”.
Los magistrados se apoyan en justificaciones contrarias a la Constitución y a la ley, dijo el legislador con licencia.