Advertencia
¬ Augusto Corro lunes 23, Abr 2012Punto por punto
Augusto Corro
Al iniciar sus despedidas como presidente, Calderón no quita el dedo del renglón en su guerra contra el narcotráfico.
En Veracruz, en un acto en la Escuela Naval Militar advirtió:
“Mientras sea el comandante supremo de las fuerzas armadas, mientras sea yo el Presidente de México, no titubearemos en la lucha contra los enemigos de México, no daremos tregua ni cuartel a los criminales”.
Se deduce que seguirá la guerra fallida contra la delincuencia organizada sin importar costos políticos, económicos y sociales.
No olvidar los juicios que enfrentará Calderón en los próximos meses: el primero, ocurrirá en las próximas elecciones. El electorado castigará o premiará con su voto al partido de Calderón, el PAN. Todos sabemos cómo van las encuestas. En caso de continuar y concretarse las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos, Calderón podría ser juzgado por un tribunal internacional. En este caso, el juicio se llevaría a cabo en la Corte Internacional (CPI), en La Haya.
En términos generales, Calderón no la tendrá fácil, entre otras cosas, porque la violencia continuará sin freno alguno y crecerá el número de muertos, que oscila entre los 60 mil, con miles de desaparecidos, viudas, huérfanos y desplazados. Las inversiones económicas para combatir a la narcodelincuencia son elevadísimas, hablamos de miles de millones de dólares que privan de beneficios a gente de escasos recursos económicos.
Sin embargo, Calderón sigue empeñado en su guerra fallida. Se ha negado a escuchar las voces de quienes pugnan por un cambio de estrategia que resulte más efectiva.
En el presente, se informa de decenas de capos de la droga detenidos y consignados, pero esto no representa ningún problema, pues la delincuencia cuenta con los suplentes necesarios para sustituir a los jefes que mueren o son enviados a la cárcel.
Se trata de una guerra de la que alguien, algún día, alguien tendrá que rendir cuentas. los costos en vidas y en violaciones a los derechos humanos son elevadísimos.
Ulises ¿en capilla?
Como las autoridades mexicanas no se han interesado por aclarar y castigar a los asesinos de dos activistas de derechos humanos, un nuevo asunto podría ser ventilado a nivel internacional. Nos referimos a los abogados de las familias de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, activistas de los derechos humanos, asesinados en una emboscada, el 28 de abril de 2010, cuando se dirigían en caravana a la comunidad de San Juan Copala, en Oaxaca.
David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y su colega Karla Michel Salas, viajarán a Helsinki, para preparar los términos de una demanda contra el gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz.
“El caso está en la impunidad, porque nunca hubo sanción contra Ruiz. Hay una ausencia del Estado mexicano en su conjunto por garantizar la seguridad de los testigos de los delitos del gobernador”, dijo David Peña.
Agregó que de ahí surge la necesidad de presentar la demanda ante la fiscalía general y la cancillería de Finlandia, país de origen de Jaakkola. Dijo el abogado que “la intención de juzgar a Ruiz en Helsinki es viable por la solidez del expediente en su contra, pero también porque hay antecedentes en dicha nación, de procesos contra funcionarios de otros países, concretamente dos ex militares de Uganda y Sierra Leona, quienes fueron detenidos y encarcelados por crímenes de lesa humanidad”.
En la zona triqui de Oaxaca, los indígenas optaron por una autoridad autónoma, basada en usos y costumbres. Esa actitud no le pareció a las autoridades gubernamentales y procedieron a realizar una campaña de extermino con la etnia.
Decenas de triquis han perecido a manos de grupos paramilitares, protegidos y financiados por autoridades estatales, según denuncias sustentadas en documentos oficiales.
PUNTOS SUSPENSIVOS…
Una muerte anunciada. El general en retiro, Mario Arturo Acosta Chaparro, fue asesinado el viernes en la tarde y representa un reto para la policía capitalina. No será fácil aclarar la muerte del ex militar, debido a un sinnúmero de aristas de la personalidad de un hombre que vivió siempre en conflicto: participó en la lucha contra la subversión, lo acusaron de vínculos con el crimen organizado.
Estuvo más de seis años en la cárcel. Salió. No le pudieron comprobar sus relaciones con los capos. En mayo del 2010, fue lesionado a tiros. Según dijeron hacía el papel de intermediario entre unos plagiarios y la familia de Diego Fernández de Cevallos, secuestrado en esas fechas.
Finalmente, un sicario, a bordo de una motocicleta, lo mató de tres tiros. Ahora las autoridades tendrán que aplicarse en resolver el crimen, para que el Distrito Federal no pierda la imagen de la ciudad más segura del país… Urge que las autoridades metan en cintura a los dueños de los tráileres que circulan por las carreteras y las ciudades de México.
En unos cuantos días, los caminos se han visto ensangrentados por los accidentes de esos vehículos. En la carretera México-Toluca perdieron la vida cinco estudiantes y un maestro, cuando el autobús en que viajaban fue alcanzado por la caja de un tráiler. Después, 43 personas murieron en Veracruz, cuando un camión de pasajeros quedó destrozado al recibir el impacto de un tráiler.
En el Distrito Federal, los conductores de esas unidades están convertidos en verdaderas amenazas contra coches y transeúntes.
Mantienen las velocidades de sus vehículos como si circularan por carreteras, no respetan las señales de tránsito y violan cuanto reglamento encuentran a su paso… la cadena de tiendas de autoservicio Wallmart pagó sobornos, “en prácticamente todos los rincones del país”, para dominar el mercado mexicano. Lo anterior fue informado por el New York Times, quien informó que la mencionada cadena comercial llevó a cabo sobornos para “desvanecer objeciones ambientalistas y lograr en días permisos que normalmente se concretan en meses”. Nada nuevo.
