Un asunto extraño
¬ Augusto Corro miércoles 1, Feb 2012Punto por punto
Augusto Corro
Veinticinco millones de pesos en efectivo es mucho dinero para traerlo en efectivo y pasearlo a cientos de kilómetros en un país donde la delincuencia predomina y la inseguridad es total.
Dos empleados del gobierno veracruzano fueron los encargados de trasladar la billetiza desde Veracruz hasta el aeropuerto de Toluca, en una avioneta, el sábado último.El cargamento fabuloso fue descubierto e incautado por la Procuraduría General de la República (PGR). A partir de ese momento el asunto se puso color de hormiga para las autoridades veracruzanas, porque todo se enrareció. Los argumentos que maneja el gobierno de Javier Duarte sobre el manejo del dinero en efectivo no convencen a nadie por lo burdo de la trama.
En los tiempos de la electrónica, esta es subestimada por el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, quien prefiere el traslado de valores en efectivo para cumplir sus compromisos, en la rústica y tradicional manera de “pagar en efe y por adela”.
Sin embargo, el rudimentario manejo de los recursos públicos del estado fue lo que provocó la sospecha natural y sembró la duda que tendrá que aclararse plenamente. Deberá confirmarse que ese dinero, en efecto, estaba destinado a saldar una deuda con una empresa que participa en las fiestas veracruzanas: La Candelaria, la Cumbre de Tajín y el Carnaval Jarocho. No será fácil.
El caso se enredó más porque, a raíz del decomiso, renunció a su cargo el tesorero Vicente Benítez González.
¿Por qué tuvo que dejar su chamba el responsable del dinero si se trataba de una operación para saldar deudas de promoción turística del estado?
Si no se cometió delito alguno, el traslado de millones de pesos en efectivo orilla a pensar negativamente. A alguien se le olvidó aquello de no hacer cosas buenas que parezcan malas. Por lo demás, se trata de una raya más al tigre. Los gobernadores no le rinden cuentas a nadie de lo que hacen en sus administraciones; por lo tanto, Javier Duarte no tiene por qué ser la excepción de la regla.
INVESTIGAN A GOBERNADORES
El gobierno de Calderón no se distinguió por su sutileza. Así quedó demostrado con el denominado “michoacanazo”.
En ese asunto, funcionarios y presidentes municipales de Michoacán fueron enviados a prisión por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente, La Familia Michoacana. Después de una investigación minuciosa, los acusados fueron puestos en libertad. No se les comprobó ninguna actividad delincuencial.
Ese levantamiento de funcionarios y autoridades michoacanas fue calificado como una acción política desesperada del gobierno calderonista, porque se efectuó meses antes de las elecciones intermedias en el país.
Aferrado en ayudar a su hermana, Luisa María Calderón, el presidente no se ha detenido en ningún empeño para beneficiar al Partido Acción Nacional. Sus intenciones han fracasado.
En las elecciones para gobernador, el priísta Fausto Vallejo le ganó a la Luisa María y esto provocó un ataque desmedido en contra de los candidatos priístas michoacanos. A Wilfrido Lázaro Medina le anularon el triunfo que obtuvo en Morelia.
Esa insensibilidad política manifestada en Michoacán, bien podría aplicarse en la investigación a que son sometidos tres gobernadores por la Procuraduría General de la República (PGR).
En temporada electoral, la guerra sucia cobra dimensiones extraordinarias. Después de varios años que dejaron el poder, tres ex gobernadores de Tamaulipas ahora podrían ser llamados a cuentas. Los ex mandatarios son: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. Son investigados por presunto lavado de dinero, delitos fiscales y enriquecimiento ilícito, según se dijo. Esta actitud de las autoridades panistas viene a activar la guerra sucia en los momentos en que se conforman las listas de aspirantes a diputados y senadores, con el propósito de obtener algún fuero.
Pronto se sabrá si se trata de un nuevo “michoacanazo” o efectivamente los ex gobernadores tienen alguna responsabilidad delincuencial.
MAS DE SIRVENGUENZAS
Al fin el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, empezó a actuar con energía para castigar a los pillos que se enriquecieron en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.
Para empezar, nueve ex funcionarios del gobierno de Ulises fueron inhabilitados, hasta por veinte años, para ejercer cargos públicos. Entre ellos se encuentran el ex secretario de Finanzas, Miguel Angel Ortega Habid; y el de Obras Públicas, Armando Gonzalez Bernabé.
El gobierno de Ulises ha sido calificado como “una administración de ‘corrupción perfectamente diseñada’, ya que a lo largo de seis años dejó una estela de irregularidades cuantificada hasta ahora en 3 mil 697 mil millones de pesos y que involucran a sus principales colaboradores, algunos de los cuales han huído de la entidad”.
Por otra parte, las auditorías continúan y según las propias autoridades se irá a fondo. Seguramente se investigará si Ulises es el propietario de un hospital, que tiene una inversión millonaria en equipo, en el Distrito Federal.
En una ocasión, la contralora Perla Woolrich Fernández dijo que el gobierno de Ruiz no fue una administración gubernamental, sino una asociación delictuosa porque el jefe del Ejecutivo hizo todos sus amarres y complicidades con el Congreso local, con las autoridades municipales y con el Poder Judicial, para tapar sus desvíos y el grado de corrupción al que llegaron. URO también tiene cuentas pendientes con el pueblo oaxaqueño, pues tiene que responder sobre la represión que sufrió el movimiento social del 2006.
