Educación superior, a rango constitucional
Luis Muñoz jueves 12, Ene 2012Segunda vuelta
Luis Muñoz
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputado Guadalupe Acosta Naranjo, declaró reformados los artículos 3 y 31 de la Constitución Política, para elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior.
Lo anterior, luego de recibir la declaratoria de aprobación de 22 congresos locales a la minuta que reformó las fracciones II y V del artículo 3, y I del artículo 31 de la Carta Magna.
Los congresos locales que avalaron la minuta son; Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
Con esta reforma se combatirá la desigualdad social y se mejorarán las condiciones de vida de la ciudadanía, elevando a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior; que los procesos de esta enseñanza se realicen en condiciones de equidad, pertinencia y calidad. Se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Marcos Fastlicht Sackler rindió protesta como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La Secretaría de Gobernación remitió el informe de los resultados de la participación de la Armada de México en los ejercicios navales Unitas LII, Fase Atlántica en aguas de jurisdicción brasileña (15 de abril al 11 de mayo), y Panamax-2011 (15 al 26 de agosto), en aguas de jurisdicción panameña. Se envió a la Cámara de Senadores.
De igual modo, mandó cinco oficios sobre las propuestas del Ejecutivo federal para los nombramientos de diversos ciudadanos como embajadores en distintas naciones. Se turnaron a la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública).
A la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia) se enviaron tres documentos con los que se pide el permiso constitucional para que diversos ciudadanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros.
Asimismo, la Segob dio respuesta a siete puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a erradicar la discriminación; mejorar las condiciones regulatorias de las micro, pequeñas y medianas empresas; no despedir empleados o servidores públicos por motivos de discapacidad; oficinas consulares de Estados Unidos en Mexicali, Baja California; protección y defensa de menores migrantes y conflictos agrarios de Los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.
También respondió 14 puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, sobre combate al crimen organizado; tortuga marina; recursos genéticos; equidad de género; derechos de las mujeres y de las niñas; proyectos productivos; programas federales; Pueblos Mágicos; siembra de maíz; exploración y explotación de minerales; protocolo contra casos de hostigamiento y acoso sexual; derrame de hidrocarburos y sobre la Comisión Binacional México-Guatemala.
Se aprobó el documento que contiene el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para febrero de 2012, el cual asciende a un monto total de 294 millones 651 mil 699 pesos.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se mandó una iniciativa del Congreso de Chihuahua, que reforma el artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, relativa a la carta de autorización que los clientes deben firmar para que las entidades le envíen a su domicilio el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas.
Del Congreso de Durango se recibió iniciativa que modifica el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución federal, para lograr la equidad y democracia en el fortalecimiento municipal. Fue canalizada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se remitió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados una iniciativa del Congreso de Quintana Roo, que reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, a efecto de elevar a delito grave la pesquería, captura, acopio, transportación y comercialización de la especie “caracol rosado”, en época de veda.