Salvajismo
¬ Augusto Corro jueves 15, Dic 2011Punto por punto
Augusto Corro
Todo el peso de la ley debe aplicarse a los policías que mataron a dos jóvenes normalistas que protestaban en la Autopista del Sol.
La saña con la que actuaron los representantes de la ley es el reflejo de las condiciones de salvajismo que se vive en México.
Las propias autoridades de Guerrero proporcionaron un video de la participación de la policía preventiva federal en el desalojo de manifestantes con el propósito de culparlos de disparar sus armas contra los estudiantes.
Al mismo tiempo, la policía preventiva federal dio a conocer en otro video la presencia de elementos armados de los cuerpos policiacos guerrerenses.
Las acusaciones mutuas de las organizaciones solo muestran el desorden que existe entre los responsables de vigilar por la seguridad pública.
Como informamos, en la mencionada autopista se efectuaba una protesta de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.
La policía federal, según el video del gobierno estatal, fue la primera en llegar al lugar donde protestaban los jóvenes.
Por su parte, los preventivos federales registraron en video que los agentes ministeriales y estatales estaban armados. Ahora, las autoridades tendrán que investigar y determinar la identidad de los asesinos de los normalistas.
POLICIAS ABUSIVOS
Como ejemplo del uso desmedido de la fuerza, los uniformados, igual que los policías vestidos de civiles, dispararon contra los manifestantes. Dos normalistas murieron alcanzados por las balas, mientras otros manifestantes eran pateados y golpeados, sin consideración alguna, por un grupo de uniformados.
El gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, actuó inmediatamente y ordenó la destitución inmediata del procurador de Justicia, Alberto López Rosas; del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borjas; y del subsecretario, Ramón Arreola.
Con su experiencia en los temas relacionados con matanzas de indefensos, el mandatario estatal se adelantó a acusar a los policías preventivos federales como presuntos responsables de accionar sus armas contra los manifestantes.
No olvidar que al funcionario lo ataba una amistad entrañable con el gobernador Rubén Figueroa, cuando ocurrió la masacre de Aguas Blancas. Una vez que se comprobó la responsabilidad de las autoridades guerrerenses en ese crimen múltiple, a Rubén Figueroa no le quedó otra salida que dejar la gubernatura. Aquella vez, le dejó el cargo al ahora mandatario estatal Angel Aguirre, quien, por cierto, se empeñó, más de la cuenta, en proteger a su benefactor.
Aguirre ya sabía que tenía que actuar inmediatamente para no ser blanco de acusaciones por las desmedidas acciones de fuerza con los estudiantes indefensos.
Sin embargo, esa acción no será suficiente para calmar los ánimos de los normalistas y de la sociedad guerrerense, quienes demandan la destitución del gobernador Aguirre.
DERECHOS HUMANOS
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio por la muerte de los normalistas.
El presidente del mencionado organismo, Raúl Plascencia Villanueva, ordenó al personal de la oficina regional de Guerrero contactar a los familiares de las víctimas, con el propósito de ofrecerles ayuda. La atención de la CNDH comprende acompañamiento, apoyo jurídico, psicológico, y asegurarse de que reciban atención médica en caso de ser requerida.
La historia de gobernadores abusivos es muy larga: hombres poderosos política y económicamente que miraron con desprecio a todos aquellos que osaban enfrentarlos.
En Oaxaca se vivieron horas de terror, cuando Ulises Ruiz Ortiz enviaba a sus esbirros a reprimir cualquier manifestación de los maestros o de los militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la terrible APPO.
Terminó el sexenio y URO decidió esconderse un rato, mientras se le presente la oportunidad de continuar en la política, quizá como diputado o senador en la búsqueda del fuero protector para no pisar la cárcel. En la misma situación se encuentra el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, en la lista de espera para obtener una curul protectora.
En otras épocas, la represión policiaca ejecutada con saña total era motivo suficiente para que el mandatario estatal dejara el cargo.
El propio Aguirre fue el causante directo o indirecto de la tragedia que enlutó a los normalistas. Como político a la mexicana, el gobernador estuvo en la normal para hablar con los estudiantes. Les prometió resolver los problemas que le plantearon. Les ofreció el oro y el moro y luego se olvidó de las promesas.
Los normalistas buscaron entrevistarse con Aguirre pero no lo lograron. Les cerraron las puertas y decidieron manifestar sus inquietudes en la autopista multicitada.
En fin, tendrá que intervenir una autoridad superior para aclarar la responsabilidad de quienes actuaron violentamente en el desalojo de manifestantes en el que murieron dos estudiantes normalistas.
A veces se piensa que el salvajismo de las policías era parte del pasado, pero cuando ocurren hechos como el registrado en la Autopista del Sol, el tiempo retrocede automáticamente a aquellos días en los que la represión y los asesinatos eran prácticas comunes en la vida política de México: 2 de octubre del 68 en Tlatelolco y 10 de junio del 71 en el Casco de Santo Tomás. Definitivamente la elite política mexicana no aprende las lecciones de la Historia.