Más del lavado de dólares
¬ Augusto Corro jueves 8, Dic 2011Punto por punto
Augusto Corro
El escándalo del lavado de dólares del narco por parte de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) llegó a su punto máximo de discusión y empezará a desinflarse y a enfilar rumbo al olvido.
Como siempre, partidos políticos y legisladores exigieron cuentas a las autoridades mexicanas, sobre esas operaciones, supuestamente ilegales, practicadas por agentes estadounidenses para investigar cómo operan los cárteles de la droga.
La mala fortuna sigue a las autoridades del vecino país porque sus operativos contra la delincuencia organizada les resultan fallidos. Tales son los casos de Receptor Abierto y Rápido y Furioso.
En ambos casos, se trató del contrabando de miles de rifles de asalto que serían rastreados para llegar a las organizaciones criminales. No funcionaron las operaciones de “las armas que caminan”, no se pudo darle seguimiento a los cargamentos.
De esa manera, las armas llegaron a manos de los cárteles de la droga que vieron cómo se incrementó su poder de fuego. Esos rifles son utilizados por los sicarios a lo largo y ancho de México.
Cuando se conocieron los datos del contrabando de armamento, propios y extraños se rasgaron las vestiduras y exigieron información precisa sobre los operativos fallidos.
Duró muy poco el empeño por aclarar la participación de las autoridades estadounidenses y mexicanas en esas operaciones que no llevaron a ningún resultado positivo. A la fecha, algún congresista estadounidense trata el tema sin mayor interés.
Como informamos, el diario The New York Times publicó el domingo, citando a funcionarios actuales y ex agentes, que oficiales antinarcóticos estadounidenses han lavado millones de dólares para investigar las operaciones de los cárteles mexicanos, y luego usar esa información en su contra. En lo más intenso de las declaraciones de mexicanos (partidos políticos y legisladores) en las que exigían cuentas a funcionarios mexicanos sobre la conducta de los agentes de la DEA, Estados Unidos afirmó (el martes) que las operaciones contra el lavado de dinero son “totalmente revisadas y coordinadas” con México.
Por cierto, tanto la DEA como el gobierno mexicano resaltaron (el lunes pasado) la enorme cooperación entre ambos países en la lucha antidrogas y señalaron que los esfuerzos han rendido frutos.
El asunto derivado del lavado de dinero espera un nuevo escándalo que lo elimine de la lista de noticias curiosas debido al grado de ineptitud y sometimiento demostrado por el gobierno mexicano ante los intereses de las autoridades estadounidenses.
EL CASINO ROYALE
La Procuraduría de Justicia del estado de Nuevo León presentó los resultados del peritaje del incendio del Casino Royale, en el que perdieron la vida cincuenta y dos personas.
La tragedia se registró el día 25 de agosto del presente año.
A partir del siniestro se destapó la cloaca de los centros de juego en México que de la noche a la mañana aparecieron por todo el territorio nacional, gracias a los buenos oficios de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en el sexenio pasado.
Entre otros, uno de los más afectados por la multiplicación de casinos es el precandidato panista a la presidencia de la República, Santiago Creel.
Sus adversarios políticos lo acusan de dar permisos para abrir centros de apuestas como si repartiera programas de cine.
Como señalamos arriba, la tragedia mencionada obligó a las autoridades a investigar con lupa el mundo de los casinos, sus permisos y las condiciones en las que laboran.
A los pocos días, Jonás Larrazábal, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando, se vio envuelto en un negocio sucio, en el caso de otro lugar de juego: en una videograbación el primero apareció en los momentos en que recibía miles de pesos, en un acto a todas luces ilegal, que le entregaba el representante del casino Red.
Las autoridades actuaron inmediatamente y detuvieron a Jonás para investigarlo. Estuvo arraigado una buena temporada mientras se aclaraba el asunto del video.
Fernando, el alcalde panista, recibió la orden de su partido de separarse de su cargo como presidente municipal, con el propósito de no entorpecer la acción de la justicia contra su hermano.
El munícipe no les hizo ningún caso a los jefes del azul y continuó en su puesto.
Transcurrió el tiempo y lo que parecía un acto fuera de la ley de Jonás, se convirtió en mini-delito cuya pena se pagaría con un jalón de orejas, porque el propietario del centro de apuestas le ofreció el perdón.
Hoy, la verdad sea dicha, no sabemos dónde se encuentra Jonás, el hermano incómodo, tan efectivo en la venta de quesos y botanas oaxaqueñas en los casinos de Monterrey.
Es posible que continúe en la iniciativa privada, en ese negocio de productos lácteos que le brinda resultados excelentes, como se ha visto.
Como señalamos renglones arriba, las autoridades neolonesas informaron sobre el peritaje del Casino Royale. Dijeron que la causa del incendio del casino mencionado fue la gasolina arrojada en las instalaciones y la presencia de personas armadas que provocaron histeria entre los presentes, algunas personas intentaron refugiarse en los baños, cuando fueron alcanzadas por la muerte.
En términos generales, los asesinos son los Zetas y las instalaciones de ese centro de apuestas cumplían con los requisitos exigidos por los reglamentos para su buen funcionamiento. Finalmente, el procurador Adrián de la Garza y José Cuitláhuac Salinas, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), señalaron que hasta 36 personas pudieron participar en el atentado, de las cuales 18 han sido identificadas y 16 ya están detenidas.
El caso se cerró, aparentemente, y ¿las indemnizaciones por los muertes que se registraron en el interior del Casino Royal? Es pregunta.
