Gobernadores, en conflicto
¬ Augusto Corro lunes 28, Nov 2011Punto por punto
Augusto Corro
La masacre de Guadalajara, Jalisco, evidencia la incapacidad de los gobernadores para enfrentar al crimen organizado en sus entidades.
Como se informó, el jueves pasado la delincuencia abandonó 26 cadáveres en avenidas céntricas de la Perla de Occidente.
Días antes, en Culiacán, Sinaloa, aparecieron 16 personas calcinadas en camionetas.
En el puerto de Veracruz, la matanza de seres humanos rebasó el número de cien, en los últimos días. Y la relación de estados con violencia incontrolable se incrementa con Chihuahua, Durango, Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, etc. Se trata de una lucha sin cuartel entre los cárteles de la droga con sus distintos nombres: del Golfo, del Pacífico, del Norte, Zetas, del Milenio, de la Familia Michoacana, de Los Caballeros Templarios, etc.
El gobierno federal panista nunca pierde la oportunidad de criticar la apatía o nula intención de los gobiernos estatales para combatir el crimen organizado, aunque nunca señala directamente a los irresponsables.
Sin embargo, los mandatarios estatales poco caso hacen a esos llamados presidenciales a cooperar en forma decidida contra la delincuencia, pues prefieren que sea la fuerza pública federal la que se encargue de enfrentar a los cárteles de la droga.
Jalisco, específicamente Guadalajara, fue la última entidad que sirvió como escaparate para que el crimen organizado mostrara su poder sanguinario.
De la noche a la mañana, la tranquilidad que se respiraba en Jalisco se destruyó con la matanza de supuestos miembros de cárteles de la droga en francas vendettas de sangre, al puro estilo de las mafias.
El orgulloso gobernador, Emilio González Márquez, se ufanaba de la paz que disfrutó Guadalajara durante los eventos deportivos internacionales; pero una vez registrada la clausura, la sociedad de Jalisco regresó a la realidad de los hechos delictivos espeluznantes. Azorada vio que lo que ocurría en otros lugares del país, ya lo tenía en sus propias calles.
Y aquí es donde surge la pregunta: ¿Qué hacen, realmente, los gobernadores para controlar los embates de la delincuencia organizada? La respuesta es: nada. De otra manera no se registrarían esas masacres.
En Monterrey, Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina no encuentra la fórmula para contrarrestar la violencia que agobia a los regiomontanos. Sin policía competente, con los cárteles de la droga activos, el mandatario estatal, al fin político, ataca a la delincuencia con sus discursos llenos de amenazas. En el puerto de Veracruz, el mandatario estatal, Javier Duarte, también vive la misma situación de incapacidad para combatir al crimen organizado.
Debido a los últimos acontecimientos sangrientos, en los que fueron arrojados a la vía pública 37 cadáveres, la infantería de Marina tuvo que encargarse de perseguir a la delincuencia.
En Acapulco, el Ejecutivo estatal, a cargo de Ángel Aguirre, padece el azote del narco. También en esa entidad, las fuerzas federales se encargan de luchar contra los cárteles de la droga.
En otros casos, por ejemplo, en Durango o Tamaulipas, los gobernadores no saben qué hacer con el sinnúmero de tumbas clandestinas con cadáveres de indocumentados centroamericanos o de mexicanos.
De los hechos sangrientos registrados en Culiacán, Sinaloa, éstos se suman a la ola de violencia que padece aquella entidad hace muchos años, pues se trata de la región de origen de la narcodelincuencia.
El gobernador sinaloense, Mario López Valdez -“Malova”-, presumía de su capacidad para controlar el solo a los narcotraficantes. Tuvo que comerse sus palabras. En esta fecha ya confesó que tuvo que enviar a sus hijos al extranjero, para actuar libremente contra los cárteles.
La historia negra de Michoacán no termina. El gobernador Leonel Godoy no pudo gobernar porque no logró sacudirse la presencia de la delincuencia: “La Familia Michoacana” y sus retoños representados por “Los Caballeros Templarios”.
En Morelos, Tenorio Adame, también vive la tragedia igual que los demás gobernadores. Las acciones delincuenciales son cotidianas. Nada las frena.
Es larga la lista de ejecutivos estatales que no rinden resultados aceptables de sus gestiones en la guerra anticrimen. Desde luego, nadie los llama a cuentas. Al llegar los gobiernos panistas a la Presidencia de la República, los gobernadores decidieron irse por la libre. Crearon sus propias islas de poder político y son intocables. Asumieron una condición de “virreyes”.
Cuando ocurren hechos sangrientos, como en el caso de Guadalajara, la sociedad mexicana reconfirma que los encargados de gobernar viven de la mentira, y de la incapacidad total para brindar seguridad a sus gobernados.
¿Dónde se registrará la próxima entrega de cadáveres? Lo ocurrido en las entidades mencionadas debe tomarse en cuenta por las autoridades estatales y municipales que se niegan a combatir la delincuencia o a asumir una actitud irresponsable de indiferencia.
Por lo menos, su desinterés es notorio, porque tanto las policías municipales como estatales siguen sin la preparación integral que exige una guerra anticrimen, en la que la delincuencia cuenta con organización y armamento superior al de los representantes de la ley. Y otra vez se vuelve a cuestionar la estrategia planteada por las autoridades federales: ¿Es la correcta? ¿Algún día terminará? Porque la mayoría de mexicanos supone que el gobierno participa en una guerra, mal planeada de origen, que pierde, irremediablemente.
