La extorsión
¬ Augusto Corro jueves 6, Oct 2011Punto por punto
Augusto Corro
En Acapulco, los maestros viven aterrorizados porque aparecieron mantas en las escuelas, donde los narcos les informaban que a partir de octubre tendrían que pagar el 50% de su sueldo “como derecho de piso”, y en diciembre, la mitad de su aguinaldo para no ser molestados. La extorsión se efectuaría con base a las listas de pago de los profesores, con especial interés en los mentores de sueldos más altos.
Los pagos por derecho de piso, venta de protección o pago de cuota también se han extendido a los comerciantes, restauranteros, industriales o profesionistas. Son miles de denuncias que se registran ante los agentes del Ministerio Público, con escasos o nulos resultados. La impunidad permite a los delincuentes vivir sin preocupación.
“El modo de operar de las bandas de hampones es parecida en la mayoría de los casos: normalmente, un grupo de hombres contacta con los dueños de los negocios y los amenaza con daños a ellos o a sus familias y a sus establecimientos con el fin de obligarlos a pagar un porcentaje de sus ganancias”.
El resultado de esas acciones se traduce en amenazas, golpizas, secuestros, muertes y destrucción de los inmuebles donde se ubican los comercios, como la tragedia del Casino Royale, de Monterrey, en el que perecieron 52 personas. La extorsión se ha convertido en un complemento criminal de los cárteles de la droga en las plazas que dominan o controlan.
Desde luego, la extorsión es un factor que sumado a otros delitos del crimen organizado, se convierte en miedo y terror, que lastima directamente a la ciudadanía. Ante la amenaza de los delincuentes, las víctimas optan por cumplir las exigencias y coexistir, involuntariamente, con las mafias, o cerrar sus comercios y huir.
Por otra parte, al senador panista, Luis Alberto Coppola Joffroy, le cayó el veinte y se decidió a presentar una iniciativa de reformas para castigar con más años de cárcel a los extorsionadores.
De acuerdo con la legislación vigente, la extorsión genérica, considerada un delito grave, se castiga con una condena de dos a ocho años de prisión.
Por eso, el legislador panista plantea elevar las sanciones hasta por 24 años de cárcel y multas de 320 salarios mínimos en los casos del delito de extorsión, con sus diferentes nombres, cometido por asociaciones delictuosas.
¿DE QUÉ SE TRATA?
Todavía no se apaga el escándalo del operativo fallido “Rápido y Furioso”, cuando surge otro caso parecido. Como informamos, la mencionada operación permitió el tráfico de unas 2 mil armas de Estados unidos a México para luego rastrearlas y saber su destino. Supuestamente se intentaba saber a qué cártel iban a parar. El experimento de espionaje no dio resultados y la delincuencia organizada incrementó sus arsenales. Este caso se conoció hace siete meses.
Y ahora se conoce otro operativo más, denominado “Receptor Abierto”, “Wide Receiver”, con la misma táctica de introducir armas a nuestro país para rastrearlas. Esto ocurrió entre 2006 y 2007. Como en “Rápido y Furioso” el operativo fracasó y el armamento llegó sin mayor problema a las manos de los criminales.
Con más poder de fuego, los grupos delincuenciales mexicanos aumentaron sus acciones delincuenciales y las pruebas están en los miles de personas que han muerto en enfrentamientos de grupos delictivos, entre ellos mismos, o con los elementos de las fuerzas públicas.
El contrabando de armas a todas luces condenables, refleja que el gobierno de Estados Unidos participa unilateralmente en el combate a las drogas y que sus acciones irreflexivas a nada positivo conducen. Poco o nada le interesa al vecino país todo el daño que ha provocado con dotar de más armamento a los cárteles de la droga.
El gobierno estadunidense está obligado a investigar a fondo los dos operativos fallidos y ofrecer una disculpa por sus torpezas. Nada más pensar que esto hubiera sido al revés, es decir, que México enviará armas de contrabando al vecino país, es posible que ya estaríamos invadidos por el ejército yanqui.
Pero como se trata de un país poderoso y la política del gobierno mexicano es tímida y sumisa, no debemos descartar más acciones ilegales de las autoridades vecinas que benefician directamente a los narcotraficantes.
Por ejemplo, la pasividad de las autoridades que permiten el acceso de los estupefacientes al mercado estadunidense. Mientras en México, las muertes, como señalamos arriba, se cuentan por miles, en Estados Unidos no hay violencia y los consumidores se proveen de droga sin problemas mayores. El mercado más grande de drogadictos funciona sin sobresaltos.
Los mexicanos ponemos los muertos y los estadunidenses las armas y los viciosos. ¿De qué se trata? Reiteramos que otra vez México asumirá su actitud pasiva de siempre y el tiempo se encargará de que se olviden las ofensas. Nuestro país, agraviado, se encuentra en condiciones de exigir a Estados Unidos que defina cual es su juego: o está con la delincuencia o con el gobierno mexicano, porque no se escuchan los reclamos de este último para que termine el contrabando de armas que llega a México como si no existieran aduanas. Sabemos que la vigilancia en las fronteras no cuenta, porque desde Washington se autoriza el contrabando de armas.
El daño ya está hecho. El armamento llegó a su destino y fue usado por la delincuencia: una de las víctimas resultó ser Jaime J. Zapata, agente estadunidense del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ametrallado en la carretera rumbo a San Luis Potosí.
