La empresa Aguakan dejará de operar en Cancún y Riviera Maya

* Destacadas, Nacional, Quintana Roo lunes 21, Abr 2025

• Fin de una era de pésimo servicio de agua potable
• El ente público CAPA asumiría las funciones en 4 municipios de Q. Roo

 

Luego de que por décadas, la empresa Aguakan estafó a miles de consumidores en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, vendiendo agua contaminada con arena, enviando aire a los medidores en lugar del vital líquido y haciendo cobros excesivos, un juzgado federal declaró legal un decreto aprobado en 2023 por el Congreso de Quintana Roo para el retiro de la concesión del suministro del líquido a favor de Aguakan.

El Juzgado Octavo de Distrito sentenció no amparar a la empresa y declaró legal lo aprobado por los legisladores quintanarroenses, que argumentaron incumplimientos contractuales de la empresa durante el tiempo que ha ejercido la concesión en los municipios mencionados.

Con este fallo, se da luz verde a la entrada en vigor del Decreto 195, que establece la transferencia del servicio a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), ente público que asumirá las funciones operativas en los cuatro municipios afectados, que incluyen Cancún y la Riviera Maya, los destinos turísticos más grandes del país.

El dictamen también pone en evidencia las deficiencias en la prestación del servicio por parte de Aguakan, pues se documentaron múltiples incumplimientos contractuales, incluyendo el abandono de zonas donde la empresa tenía la obligación de operar. Estas irregularidades fueron denunciadas por usuarios y respaldadas por inspecciones realizadas por autoridades estatales y federales.

Además, se señalaron violaciones al derecho a un medio ambiente sano por derrames de aguas negras, al tener esta empresa también la obligación de modernizar la red de drenaje.

Actualmente Aguakán goza de una suspensión definitiva ganada en enero de 2024, medida que aún sigue vigente al no ejecutarse aún por el juez federal la sentencia del amparo que perdió.

El recurso legal lo promovió a finales de 2023 contra este decreto aprobado por diputados locales, quienes determinaron retirar la prestación del servicio.

La empresa todavía cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito o solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.

 

La irregular ampliación de la concesión

 

La ampliación de la concesión del servicio hasta el año 2053, se concretó en 2014 durante la administración estatal del ex gobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso por delitos relacionados con la función pública.

Este ha sido uno de los actos más turbios dentro de la administración pública en Quintana Roo, que incluyó la entrega de más de mil millones de pesos en garantías de parte de la empresa a dependencias estatales, dinero que se ignora dónde quedó.

Por esta entrega irregular, el año pasado el gobierno quintanarroense presentó una denuncia penal por lavado de dinero contra socios y directivos de la empresa.

En respuesta a estas acusaciones, el gobierno estatal presentó una denuncia penal en 2024 ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que derivó en órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan y ex funcionarios involucrados en la prórroga de la concesión.

Por su parte, Aguakan ha defendido la legalidad de su operación y ha señalado que cualquier alteración en la concesión podría afectar a los trabajadores y a los fondos de retiro de millones de mexicanos, ya que la empresa tiene participación pública a través de las Afores.

Además, la concesionaria ha solicitado un arbitraje internacional para resolver el conflicto y ha manifestado su disposición a ceder la concesión, siempre y cuando se garantice una indemnización justa.

En mayo próximo los socios y directivos de esta empresa, que cuenta con suspensiones de amparo contra detenciones, comparecerán ante un juez de control federal para una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, con lo cual se determinará su situación legal.

 

Amplio malestar social

 

El conflicto ha generado un amplio malestar social, evidenciado en una consulta popular donde la mayoría de los ciudadanos votaron por la revocación de la concesión. Además, estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras instituciones han detectado contaminantes en el agua potable y altos niveles de bacterias en las aguas residuales, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

Más allá del ámbito legal, esta decisión sienta un precedente en el debate sobre el manejo del agua como bien público. Durante décadas, empresas privadas han controlado servicios esenciales bajo condiciones que, según críticos, carecen de transparencia y favorecen intereses particulares.