Los días están contados para la empresa Aguakan
Quintana Roo lunes 14, Abr 2025DERECHO DE REPLICA
- La extensión de concesión se realizó de manera ilícita
El gobierno de Quintana Roo ha señalado a la empresa Aguakan por presuntas irregularidades en la concesión otorgada en los años noventa.
El Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) es la empresa matriz de Aguakan, encargada de su gestión y concesiones en el suministro de agua potable en diversas zonas de Quintana Roo, y en donde todo apunta a que sus días están contados, y es que, después de una larga lista de irregularidades, parece ser que ahora si el Gobierno estatal les retirará su concesión.
Lo anterior, ha encendido las alertas en las afores Sura, Banamex y Principal, Fonadin y Pensionissste; pues, en los portafolios de esas empresas financieras están soportadas las acciones de Aguakán, propiedad de Jorge Ballesteros.
La administración encabezada por la gobernadora Mara Lezama ha señalado a Aguakan por presuntas irregularidades en la concesión otorgada en los años noventa y prorrogada en 2014 hasta 2053. Según el gobierno, esta extensión se realizó de manera ilícita, sin las facultades necesarias por parte de los funcionarios de la época. Además, se han denunciado deficiencias en el servicio, como el tandeo del suministro, cobros indebidos y problemas en el drenaje sanitario.
En respuesta a estas acusaciones, el gobierno estatal presentó una denuncia penal en 2024 ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que derivó en órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan y ex funcionarios involucrados en la prórroga de la concesión.
Por su parte, Aguakan ha defendido la legalidad de su operación y ha señalado que cualquier alteración en la concesión podría afectar a los trabajadores y a los fondos de retiro de millones de mexicanos, ya que la empresa tiene participación pública a través de las Afores. Además, la concesionaria ha solicitado un arbitraje internacional para resolver el conflicto y ha manifestado su disposición a ceder la concesión, siempre y cuando se garantice una indemnización justa.
El conflicto ha generado un amplio malestar social, evidenciado en una consulta popular donde la mayoría de los ciudadanos votaron por la revocación de la concesión. Además, estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras instituciones han detectado contaminantes en el agua potable y altos niveles de bacterias en las aguas residuales, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
Mientras el proceso legal sigue su curso, el gobierno de Quintana Roo ha reiterado su compromiso de garantizar un servicio de agua potable eficiente y transparente para los ciudadanos. Es decir, que el gobierno de Mara Lezama quiere acatar la orden del Congreso local para retirar la concesión, pues incluso, fue aprobado para dar por terminada la concesión sin indemnización alguna.
Hay que recordar que Aguakan argumentaba que ha invertido más de 8,865 millones de pesos en infraestructura y ha entregado más de 5,000 millones de pesos en contraprestaciones anuales al estado durante su operación, pero aun así se les ha negado la indemnización.
Un conflicto añejo
Aguakan posee una concesión de agua potable, alcantarillado y saneamiento vigente en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen hasta 2053, no obstante, la empresa está demandada por el gobierno estatal debido a que en 2014, de forma presuntamente ilícita, logró que la administración encabezada por Roberto Borge le renovara el contrato a cambio de una contraprestación “única y extraordinaria”, de mil 050 millones de pesos.
El actual gobierno de Quintana Roo argumenta que los entonces funcionarios que aprobaron extender la vigencia de esa concesión carecían de facultades para ello y que la empresa se prestó a una operación ilegal.
En este escenario, Aguakan denunció que el gobierno estatal había iniciado “una ofensiva legal” en su contra, presentando una denuncia penal en contra de sus directivos y consejeros. Asimismo, aseguran que la razón de este presunto “acoso legal” es que la autoridad estatal pretende despojarles de la concesión y obligarles a vender sus activos a otra empresa por 4 mil 500 millones de pesos, lo que representa, según ellos, “una cuarta parte de su valor real”, a fin de hacerse cargo del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la entidad.
En respuesta, la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, acompañada por secretaria de Corrupción y Buen Gobierno, Reina Arceo; el consejero jurídico, Carlos Fuentes, y el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Hugo Garza, declaró lo siguiente:
“Las acciones que el gobierno del estado ha emprendido, en ningún momento han implicado acoso, ni acuerdo alguno. Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que el estado adquiera a Aguakan (es decir, que se le compre la empresa) a lo que categóricamente se le respondió que no. Que la concesión debe terminar”, sentenció la funcionaria, en una conferencia de prensa en la que no se permitieron preguntas, para “no entorpecer el proceso legal”.
Y admitió que hubo un encuentro entre representantes del gobierno y Aguakan, a petición de la empresa, pero no se llegó a ningún acuerdo.
En 1993 inicio la concesión. La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) recibió la concesión para operar el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres. Para 2014, la concesión fue ampliada hasta el año 2053 y se extendió a los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen) y Puerto Morelos.
En 2022, en una consulta organizada por el gobierno estatal, la mayoría de los ciudadanos votaron a favor de revocar la concesión de Aguakan, argumentando deficiencias en el servicio, cobros excesivos y problemas ambientales. Para 2023, la administración de Mara Lezama inició auditorías para evaluar el desempeño de Aguakan. Los resultados revelaron irregularidades en la calidad del agua, contaminación en aguas residuales y problemas en el drenaje sanitario. En mayo, el gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra directivos de Aguakan y exfuncionarios involucrados en la extensión de la concesión.
Posteriormente en 2024, Aguakan solicitó a la Cámara de Comercio Internacional evaluar la legalidad de la revocación de la concesión y exigió una indemnización multimillonaria para concluir el contrato de manera anticipada, pero el gobierno estatal intensificó sus esfuerzos para retirar la concesión y les negó la indemnización.
Proyectos antisargazo en tres años
La Riviera Maya enfrenta desde hace años un desafío ambiental que amenaza su atractivo: el arribo masivo de sargazo. Este fenómeno, que ha impactado tanto el medio ambiente como la economía local, ha motivado a los hoteleros de la región a tomar medidas concretas. En un plazo máximo de tres años, se espera que los proyectos antisargazo auspiciados por la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano comiencen a dar resultados tangibles.
Ignacio Muñoz, responsable del proyecto «The Sea We Love», explicó que estas iniciativas buscan transformar el sargazo de un problema ambiental en una oportunidad económica. Con una inversión estimada de 300 millones de dólares, financiada en parte por el Banco Multilateral de Desarrollo, el objetivo es incorporar el sargazo en la producción de bioproductos, promoviendo un modelo de economía circular.
“Esta iniciativa inició hace tres años con una realización de un diagnóstico integral de todo lo que es el arribo y cómo está impactando el arribo masivo del sargazo desde 2014 y se ha estado trabajando en el diseño de una iniciativa integral o una solución integral que pueda eh abordarse en los próximos años y por lo tanto pueda implementarse para poder mitigar de una forma bastante más integral el impacto que estamos recibiendo tanto medioambiental como a nivel socioeconómico”, declaró.
Desde su inicio hace tres años, el proyecto auspiciado por la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano ha realizado un diagnóstico integral sobre el impacto del sargazo en la región. Este análisis ha permitido diseñar soluciones que no solo mitigan el impacto ambiental, sino que también generan beneficios socioeconómicos.
“El sargazo no debe de considerarse un residuo, sino debe considerarse un recurso y, por lo tanto, convertir lo que hay de un pasivo a un activo para poder generar una valorización del sargazo como materia prima en un modelo de economía circular y poder, en este caso, hacer que sea sostenible ambientalmente y también sostenible económicamente todo ese ciclo de valor, ese esa esa cadena de valor para convertir el sargazo en distintos bioproductos”, afirmó Muñoz.
El fenómeno del sargazo, que había disminuido en los últimos dos años, ha vuelto a intensificarse recientemente, subrayando la urgencia de estas iniciativas. Los hoteleros, principales afectados por el problema, han liderado esfuerzos para convertir el sargazo en materia prima para bioproductos, como fertilizantes y otros productos útiles.
Además de los beneficios ambientales, estos proyectos buscan fortalecer la economía local y garantizar la sostenibilidad de la región. La colaboración entre hoteleros, instituciones financieras y expertos internacionales promete transformar la manera en que se aborda este desafío, convirtiendo a la Riviera Maya en un modelo de innovación y resiliencia ambiental.
Refuerzan la seguridad en arenales de Playa del Carmen
- Realizarán operativos nocturnos a fin de evitar actos delictivos
Playa del Carmen recibe a miles de turistas durante la temporada alta y las autoridades locales han intensificado los operativos de vigilancia nocturna en las playas públicas. Esta medida busca garantizar la seguridad de residentes y visitantes, especialmente fuera del horario de guardavidas, y prevenir incidentes como el ocurrido recientemente en Playa Fundadores, donde un joven perdió la vida tras ingresar al mar en condiciones peligrosas.
La estrategia de vigilancia incluye un despliegue coordinado de elementos de la Policía Turística, Protección Civil y la Marina, quienes patrullarán las playas desde Playa Fundadores hasta Punta Esmeralda. Además, se han instalado puntos de monitoreo estratégico para supervisar las zonas de mayor afluencia y responder de manera inmediata ante cualquier emergencia.
Darwin Covarrubias, secretario de Protección Civil, señaló que se coordinarán acciones con cuerpos de seguridad para realizar rondines nocturnos y retirar a personas que pongan en riesgo su vida al intentar nadar sin supervisión.
“El riesgo es real y lamentablemente ya cobramos una vida. El mar estaba agitado, había bandera roja y el joven había estado consumiendo alcohol”, reconoció. De tal manera que, tendrán 17 guardavidas municipales operando en un horario extendido hasta las 19 horas en los principales accesos a playas, y se contará con el respaldo de personal de centros de hospedaje ubicados frente al mar.
Por su parte, Estefanía Mercado, presidenta municipal de Solidaridad, destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo integral para fortalecer la seguridad en el municipio. “Queremos que tanto los residentes como los turistas disfruten de nuestras playas con tranquilidad y confianza. Por eso estamos reforzando la vigilancia nocturna y trabajando en conjunto con las fuerzas federales y estatales”, afirmó.
La vigilancia nocturna también busca disuadir actividades ilícitas y proteger el ecosistema marino, promoviendo un uso responsable de las playas. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para respetar las normas de seguridad y colaborar con los operativos, reportando cualquier situación sospechosa.
