En Teuchitlán, la FGR “limpió el terreno”; ¿dónde quedaron las pruebas?
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 25, Mar 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Con seguridad, los más complacidos con el anuncio de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo de que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso del Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, serán los propietarios de ese predio que ha adquirido gran fama (terrible, pero fama al fin) en los últimos días al difundirse versiones en el sentido de que era centro de entrenamiento y de ejecución a cargo de una organización delincuencial, presumiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por cierto, a pesar de lo mucho que se ha comentado en torno a ese predio en prácticamente todos los medios de comunicación nacionales y en muchos del extranjero, hasta ahora no se ha mencionado a sus propietarios. El mayor acercamiento sólo refiere que el terreno y sus poco valiosas construcciones era o es utilizado como centro de reclutamiento para la referida organización criminal, pero no se sabe si lo adquirieron mediante compra, lo alquilaron o simplemente invadieron sin pagar ningún derecho a sus legítimos propietarios.
Sea como sea, los propietarios o poseedores deben sentirse satisfechos con la presencia de la “autónoma” Fiscalía General, que ha dado muestra de preocuparse mucho por el orden y la limpieza.
Esto se comprobó con la excursión organizada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, pues al llegar sus invitados de los medios de comunicación y de algunas organizaciones de buscadores y defensores de los derechos humanos, ya había desaparecido la “basura” que afeaba el sitio, consistente en cientos de zapatos y de otros objetos personales, a pesar de que tales “desperdicios” eran precisamente testimonio de que numerosas personas habían sido llevadas allí por la fuerza y despojadas de sus pertenencias y, seguramente, de sus vidas.
Es de suponer que en cumplimiento de sus pregonadas habilidades para dar con una solución a este terrible asunto del centro de reclutamiento y de exterminio, la FGR tiene a buen resguardo los objetos, pero sobre todo los restos humanos, calcinados, descubiertos por los buscadores de desaparecidos, a partir de lo cual se desató el escándalo nacional y mundial.
Lo único que hace dudar es la proclividad del gobierno federal a tratar de desvirtuar la versión de que, además de ser centro de reclutamiento, el predio los Izaguirre era o es un lugar de exterminio en el que inclusive se construyeron crematorios improvisados para no dejar huella de las víctimas.
Todavía ayer, en su mañanera, la presidenta Sheinbaum desestimó las versiones de que se trata de un lugar de exterminio, al señalar que su recomendación a la FGR para atraer el caso tiene como finalidad llegar a la verdad de lo que ocurría en ese sitio.
“La FGR tiene que iniciar la investigación para que todos los mexicanos tengamos certeza de ese lugar. Tiene que salir la verdad de lo que hay en ese predio”, expresó la mandataria.
Su posición fue reforzada por su hombre de confianza, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien en la misma conferencia sostuvo que el Gabinete de Seguridad Nacional no dispone de evidencia que pueda sustentar que el rancho Izaguirre era utilizado como un campo de exterminio, aunque admitió que se trata de un sitio de reclutamiento y de adiestramiento para sicarios del CJNG.
Como complemento de la solicitud para que la FGR atraiga el caso, la presidenta Sheinbaum confirmó su propuesta de reforma legal con el objetivo de facilitar y ampliar las investigaciones para combatir el delito de desaparición, las cuales incluyen crear una Plataforma Única de Identidad, la cual incluye crear una base de datos que permita a las autoridades avanzar en la búsqueda de personas; así como la implementación una alerta inmediata en todo el país en caso de que una persona desaparezca.
La jefa del Ejecutivo federal dijo que sus propuestas de reformas a las leyes tienen como finalidad “facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada por particulares, tanto de las Fiscalías, las Comisiones de Búsqueda, como la necesidad de fortalecer la identidad para poder avanzar en las investigaciones”, explicó.
La iniciativa queda dentro de ese sentimiento un tanto mágico que persiste en nuestro país desde hace siglos, según el cual con cambiar las leyes se pueden modificar o corregir comportamientos erróneos, pero algo es algo en ese objetivo de acabar con la terrible plaga de la desaparición de personas, que se calcula en más de 50 mil durante los últimos seis años.
Como complemento de los reales esfuerzos gubernamentales para acabar con ese flagelo, es necesario hacer un reconocimiento al esfuerzo de las organizaciones de madres y padres buscadores que han encontrado fosas clandestinas en prácticamente toda la República.
Dichos grupos solidarios merecen un reconocimiento nacional, en particular de los gobiernos de todos los niveles. Pero en vez de ello con frecuencia no sólo son marginados, sino también atacados.
Esta es la lamentable situación del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que puso en evidencia la tragedia del rancho Izaguirre. En vez de una expresión de gratitud por su esfuerzo, la organización denunció ser objeto de una campaña de “difamación y desprestigio”.
“Estamos siendo víctimas de una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes. Después de descubrir los hornos de Teuchitlán, hemos sido objeto de una serie de ataques cibernéticos y de manipulación de la información”, se quejaron ante los medios de comunicación.
Los integrantes del colectivo protestaron, pero aseguraron que no se sienten intimidados por esas “sucias tácticas”, con las cuales tratan de de invalidar su hallazgo y manipular a la opinión pública en menoscabo de su reputación.
Los integrantes del colectivo denunciaron que han circulado audios, videos, imágenes, además de capturas falsas de WdehatsApp, mediante el empleo de inteligencia artificial (IA) para editar voces e imágenes de algunos miembros de nuestro colectivo.
“Denunciamos esta campaña de desprestigio y exigimos que se respete nuestra labor e integridad. Los colectivos de búsqueda hemos trabajado incansablemente para descubrir la verdad y buscar justicia para las víctimas”, dijeron integrantes del colectivo, quienes planean recurrir a acciones legales contra los generadores y promotores de esta campaña de difamación.
Autoridades electorales sacan a posteriori la energía contra los actos anticipados de campaña
Muchos aspirantes a ser elegidos como juzgadores federales, en particular quienes se postulan para presidir la futura Suprema Corte de Justicia de la Nación han recorrido gran parte del territorio nacional en apenas disimuladas campañas para alcanzar ese sitio de alto nivel, sin que nadie les marque el alto. Por el contrario, con frecuencia parece que tienen respaldo desde el partido oficial o desde el gobierno, lo cual está terminantemente prohibido.
Por eso resulta sumamente llamativa la aparición de la incondicional del gobierno federal magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, quien “exhortó” a los más de 3 mil 400 candidatos “atenerse” a las restricciones para promover sus aspiraciones.
En su “enérgica” advertencia, la magistrada señaló que las impugnaciones que se interpongan durante el proceso electoral judicial y después de la jornada electoral “se resolverán con la misma vara” como se ha hecho en otros comicios.
Es obvia la referencia a los casos de Félix Salgado y Raúl Morón, quienes perdieron sus candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán por no reportar debidamente ante las autoridades electorales actos de campaña.
“Es cierto que las reglas no son las mismas y los candidatos tienen acotada la participación”, manifestó Soto Fregoso, al precisar que los candidatos a juzgadores federales “deben atenerse a lo que solamente está permitido” y tener en cuenta en qué y cuánto pueden gastar.
La advertencia de la magistrada se registra a menos de una semana de que inicien oficialmente las campañas de los candidatos a juzgadores, lo que en apariencia resulta muy oportuno, pero resulta que al menos tres aspirantes a presidir la Suprema Corte ya se adelantaron y para estas fechas podrían dar por concluidas sus campañas.
