La supuesta austeridad abre la puerta al financiamiento ilegal de candidatos al PJ

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Uno de los mantras que más repiten los dirigentes y simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación con la finalidad de ganarse la simpatía (y el voto) de los ciudadanos es el de poner por delante en la administración pública el principio de austeridad, en consonancia con otro principio fundamental: “primero los pobres”.

También es de tener presente que la complicada y todavía confusa reforma al Poder Judicial, que para muchos conocedores se reduce a una simple venganza del caudillo de la 4T, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se justificó como una forma de acabar con los “privilegios” de los integrantes de ese sector del gobierno de la República, que gozan (sólo por unos meses más) de cuantiosas prestaciones que iniciaban con elevados salarios.

Por todo lo anterior y, por muchas razones más, sorprende que las incondicionales autoridades electorales, el Tribunal Electoral (TEPJF) y, en particular, el Instituto Nacional Electoral (INE) hayan decidido fijar el tope de gastos de campaña para los aspirantes a ministros a la nueva Suprema Corte de Justicia puedan gastar casi millón y medio de pesos (un millón 468 mil 841 pesos) en campañas que tendrán dos meses de duración.

Resulta muy difícil suponer que abogados de escasa o nula experiencia en el ramo judicial tengan un millón y medio de pesos para desperdiciarlos en conseguir un empleo que no les asegura recuperar lo invertido, pues como parte de la reforma emprendida por la llamada Cuarta Transformación, lo primero que se hizo fue tratar de obligar a los ministros que van de salida a ajustar sus salarios para quedar por debajo de lo que percibe el presidente de la República.

Es de recordar que ese mandato lo impuso el mencionado López Obrador casi al inicio de su mandato y fue aprobado sin chistar por sus incondicionales senadores y diputados, quienes también se sumaron a la cruzada contra la Suprema Corte por considerar que invadía sus facultades al conceder amparos en contra algunas de las reformas emprendidas por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación.

Es lógico suponer -y esta presunción se sustenta en algunos de los datos conocidos acerca de las largas listas de candidatos registrados como aspirantes a un sitio en el máximo tribunal constitucional del país- que salvo alguna excepción, en esas relaciones no se inscribió ningún profesional afamado que haya cumplido exitosa trayectoria como abogado particular, lo que le haya permitido acumular un capital que parcialmente sería destinado a realizar una campaña que no le asegura un empleo bien remunerado, pues su futuro depende en gran medida de la suerte, pues en casi todas las etapas de registro de candidatos se realizan sorteos o tómbolas pomposamente encasilladas en el término “insaculación”.

Entre las abogadas que intentan repetir como ministras de la Suprema Corte, las incondicionales del actual régimen -Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa- por lo menos una de ellas, la mencionada en primer término carece de la capacidad financiera para destinar ese millón y medio de pesos a una campaña.

De acuerdo con una declaración patrimonial que entregó con fecha 1 de junio de 2019, cuando era funcionaria del gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como directora general Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 2021 su “remuneración neta del año en curso a la fecha de conclusión del empleo, cargo o comisión del declarante por su cargo público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones) (cantidades netas después de impuestos): (ascendió a) 658,744.00.

De nuevo es de suponer que difícilmente esa funcionaria pública destinara el equivalente a casi tres años de ingresos a una campaña, así sea para un cargo que tiene prácticamente asegurado como militante de la 4T. Cabe agregar que en su declaración patrimonial no aparece ninguna propiedad inmobiliaria que pudiera hipotecar y tampoco aparecen inversiones automóviles de su propiedad o ahorros en el banco, apenas una deuda por 82,600 por una tarjeta de crédito.

Es difícil encontrar otros antecedentes de declaraciones patrimoniales de la que se presenta como “ministra del pueblo”. De hecho, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, relativa a un juicio tramitado entre 2023 y 2024, de protección de datos personales, relativos a los cónyuges y parientes cercanos de funcionarios públicos, se menciona entre los antecedentes la “inexistencia de declaraciones patrimoniales de los años 2020 y 2021 de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, (así como) la inexistencia de declaraciones patrimoniales de los años 2020 a 2023 de la ministra Lenia Batres Guadarrama; esto tras la búsqueda correspondiente en el portal oficial de Declaraciones Patrimoniales del sujeto obligado…”.

En cuanto a la tercera candidata “oficial” de la 4T, Yasmín Esquivel, tampoco hay muchos antecedentes, aunque el portal de la agencia Infobae publicó una nota en donde se informa:

“Desde que fue nombrada ministra de la Corte en 2019, Yasmín Esquivel Mossa ha hecho pública la presentación de tres de sus declaraciones patrimoniales, todas ellas coinciden en algo: están prácticamente vacías.

“La ministra sostiene en los documentos que no tiene nada a su nombre: ni propiedades, vehículos, muebles o alguna otra pertenencia cuyo valor valga la pena anotarlo en la declaración patrimonial.

“En cada uno de estos rubros Yasmín Esquivel Mossa anotó la leyenda sin registros nuevos o en algunos casos, como el apartado de bienes inmuebles, simplemente dejó el bloque vacío.

“La ex presidenta de la Segunda Sala de la SCJN también dice no tener adeudos o algún préstamo con terceros. Incluso, Esquivel Mossa niega tener algún conflicto de interés y asegura que de tenerlo lo hará “del conocimiento de la autoridad correspondiente”.

La referencia al conflicto de interés se refiere a que la pareja de la ministra oficialista es el empresario José María Riobóo, uno de los favoritos del actual régimen. Por ejemplo, fue el principal concesionario del segundo piso del Periférico capitalino, construido por el gobierno de López Obrador cuando gobernaba la ahora CDMX y continuó durante la presidencia del tabasqueño en otras obras insignia como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En cuanto a la “tercera en discordia”, también en campaña por la presidencia de la Suprema Corte, el diario Basta publicó en diciembre de 2023 la siguiente nota:

“Una de las pocas progresistas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien en varias ocasiones ha sido firme en declarar que su carrera la hizo ella, no su esposo (ya finado), José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE)…

“La declaración patrimonial de 2022 de la ministra expone que mensualmente percibe 205 mil 599 pesos, debido a que asumió el cargo el 12 de diciembre de 2021. Sin embargo, antes de estar en la SCJN fue consejera de la Judicatura Federal y alcanzó una remuneración anual de hasta 3 millones 637 mil 956 pesos. A ello se le suma 1 millón 499 mil 111 pesos por las regalías de libros de su autoría, más 49 mil 648 pesos de pilón por una pensión del IMSS.

“Sostuvo que entre sus posesiones es dueña de una casa de 437 metros cuadrados que adquirió en 1993 por 675 mil pesos pagados al contado y en 2020 adquirió un departamento de 86 metros cuadrados por 2 millones 295 mil pesos al contado. En cuanto a vehículos, señaló que en 2019 adquirió un vehículo Honda CRV EX por 240 mil pesos. Asimismo, en 1994 recibió muebles, aparatos y bienes de lujo, entre los que se encuentra un piano Petrof que juntos ascienden a un valor de 2 millones de pesos; mientras que en 1995 se hizo heredera de una herencia invaluable en una colección de joyas y de obras de arte”.

Tengan o no los recursos para pagar sus campañas, queda la sospecha de que las ministras oficialistas han recibido “ayuda” de particulares o directamente su partido o del gobierno, todo lo cual está expresamente prohibido, bajo riesgo de perder la candidatura y, por supuesto, el sitio en la Suprema Corte. Hay que tener presente que Félix Salgado y Raúl Morón Orozco perdieron sus candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán por no informar de gastos de campaña.