Plantean sanciones más severas al delito de huachicoleo del agua
Estado de México viernes 21, Mar 2025- Propuesta de Morena en el Congreso local

Integrantes de Morena en el Congreso mexiquense plantean que el robo de agua potable sea calificado como un delito grave y se acredite como daño a la nación.
Por Arturo Baena
Valle de México.- Al detectarse que en varios municipios mexiquenses, el “huachicoleo” del agua, y que más del 40 por ciento de ésta es robada o desviada por ductos ilegales, el partido Morena, en el Congreso mexiquense, pidió que haya mayores sanciones contra quienes cometen este ilícito.
A través de la diputada Zaira Cedillo Silva, ese instituto político, planteó que el robo de agua potable sea calificado como un delito grave y se acredite como daño a la nación, para lo cual propuso penas de hasta 30 años de prisión y multas de 2.8 millones de pesos.
La legisladora expuso que la propuesta para reformar el Código Penal estatal califica como delito grave las acciones de extracción, apropiación, restricción o suministro de agua potable, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente, expedido por la autoridad competente.
Cedillo Silva mencionó que, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, la Fiscalía General de Justicia de la entidad recibió 37 denuncias por robo de agua, de las cuales, ninguna investigación fue judicializada, debido a que el delito permite a las y los presuntos delincuentes enfrentar este proceso en libertad
Por lo anterior, la iniciativa además establece sanciones a quien, teniendo la obligación legal, no supervise o ejecute el proceso de desinfección de agua potable que se encuentre bajo su responsabilidad; además, si es persona servidora pública se le inhabilitará por un plazo igual a la pena privativa de su libertad impuesta.
También a quien distribuya o suministre agua potable a través de pipas u otro medio sin contar con el permiso correspondiente; a quien la extraiga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada; a las personas que, sin causa justificada, impidan o restrinjan su flujo destinado al servicio de las personas usuarias.