Reactivación del proyecto para construir otro penal en el estado

Quintana Roo miércoles 19, Mar 2025

• Prioridad para los gobierno estatal y federal
• Aliviaría la sobrepoblación carcelaria y mejoraría las condiciones de reinserción social

 

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, ha anunciado la reactivación del proyecto para la construcción de un nuevo penal en el estado, una medida que busca aliviar la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de reinserción social. Este proyecto, que se había planteado en administraciones anteriores, ha sido retomado como una prioridad, tanto para el gobierno estatal como para el federal.

Actualmente, los centros penitenciarios de Quintana Roo enfrentan una grave sobrepoblación. Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al cierre de 2024, la población carcelaria ascendía a 3,791 personas, mientras que la capacidad instalada es de sólo 2,702 internos. Esta situación ha generado condiciones de hacinamiento que dificultan la seguridad y la rehabilitación de los reclusos.

El caso más crítico se encuentra en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, donde recientemente se registró una fuga de reos, lo que subrayó la urgencia de contar con instalaciones más seguras y funcionales.

El nuevo penal se construirá en Leona Vicario, en terrenos propiedad del Gobierno del Estado, ubicados en la carretera federal 180. El proyecto contempla una inversión superior a los 2,500 millones de pesos y se desarrollará en un espacio de 167 hectáreas. La infraestructura estará diseñada para cumplir con estándares modernos de seguridad y dignidad, garantizando los derechos humanos de los internos y del personal.

 

Entre las características del nuevo penal se incluyen:

 

-Instalaciones adecuadas para programas de reinserción social.

-Espacios seguros y funcionales para internos y trabajadores.

-Tecnología avanzada para la vigilancia y el control.

La gobernadora Mara Lezama destacó que las gestiones para este proyecto comenzaron en la administración anterior con Rosa Icela Rodríguez, exsecretaria de Seguridad, y continúan ahora bajo la dirección de Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y federal busca garantizar que el proyecto avance de manera eficiente.

La construcción del nuevo penal no solo aliviará la saturación en las cárceles actuales, sino que también contribuirá a mejorar la seguridad en el estado y a promover un enfoque más humano y efectivo en la reinserción social. Además, se espera que la obra genere empleos locales durante su desarrollo, impulsando la economía de la región.

 

Rechazan ANP para Bacalar 

La propuesta de declarar a Bacalar como Área Natural Protegida (ANP) ha generado un fuerte rechazo entre los habitantes de la región, quienes temen que esta medida pueda replicar los problemas asociados con la reserva de Sian Ka’an. Según líderes comunitarios y representantes locales, la iniciativa, impulsada por grupos ambientalistas, podría tener consecuencias negativas para la economía y el desarrollo de la comunidad.

Nicanor Piña Ugalde, presidente de la Dirección de Pueblos Mágicos de Bacalar, ha sido una de las voces más críticas respecto a la propuesta. En declaraciones recientes, calificó la iniciativa como un tema político que beneficia principalmente a empresarios y políticos externos, dejando de lado a los habitantes locales. Piña Ugalde recordó que en Sian Ka’an, la creación de un ANP resultó en la apropiación de tierras por parte de grandes empresarios, lo que limitó el acceso y los beneficios para las comunidades locales.

Los residentes de Bacalar argumentan que la declaración de un ANP podría inhibir las inversiones y el desarrollo económico de la región. Según Piña Ugalde, muchos de los promotores de esta iniciativa no residen en Bacalar de manera permanente y desconocen las dinámicas económicas y sociales de la zona. Además, los habitantes aseguran que ya se están implementando medidas de mitigación ambiental, como la regulación de actividades náuticas y la limitación de permisos para embarcaciones, para proteger la Laguna de los Siete Colores.

Aunque los grupos ambientalistas han señalado la importancia de proteger la laguna y su ecosistema, los habitantes locales insisten en que la contaminación no es tan grave como se ha reportado. Afirman que la comunidad está comprometida con la preservación del medio ambiente y que las medidas actuales son suficientes para garantizar un desarrollo sostenible.

Por otro lado, temen que la creación de un ANP pueda generar incertidumbre para los inversionistas y limitar el uso de las tierras por parte de los ejidatarios y pequeños propietarios. Este aspecto ha sido señalado como uno de los principales obstáculos para aceptar la propuesta.