Sheinbaum resta importancia al campo de exterminio, pero defiende a la “ministra del pueblo” 

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Por si no hubiera antecedentes para confirmarlo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó constancia de que le aprendió muy bien a su antecesor y tutor a establecer muy claro cuáles son sus intereses y, por otra parte, a quiénes considera sus enemigos, así como marginar los asuntos que no le interesan.

Esto quedó en evidencia en la conferencia mañanera de ayer, en donde la jefa del Ejecutivo Federal dedicó grandes espacios a sus (¿exitosas?) negociaciones con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para posponer, que no eliminar, la aplicación de aranceles a los productos que México exporta a la vecina nación.

También, la mandataria destinó partes importantes de su conferencia a lo aprobado por sus incondicionales del Congreso de la Unión para simplificar los trámites que los particulares deben realizar ante las instancias federales para trámites personales o para crear o ampliar negocios sin mayores dificultades y, sobre todo -dice la mandataria- para erradicar la corrupción en aquellos lugares donde todavía esté presente.

Cabe una pregunta: ¿Qué no se erradicó la corrupción desde el gobierno del expresidente López Obrador? Pero, eso es otro asunto.

La Presidenta de México presumió que ayer, 13 de marzo, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la reforma aprobada por los legisladores oficialistas por la cual se reduce de 342 a solo 151 los trámites federales, como parte de la primera etapa en la estrategia de simplificación, con el objetivo de que el Gobierno sea más más eficiente, menos burocrático, y, por consiguiente, dejar menos oportunidades para evitar la corrupción.

“Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción de 342 trámites a 151, que es la primera etapa de la simplificación y la digitalización de trámites para todas y para todos, para que el gobierno sea más eficiente, menos burocrático y podamos erradicar todavía lugares donde se presentan actos de corrupción”, precisó la mandataria federal.

Si de verdad se trata de una simplificación administrativa -que, cabe aclarar, ha sido prometida desde hace más de medio siglo- valen las informaciones del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, quien detalló que la meta para este año es simplificar 2 mil 309 trámites federales, de los cuales ya se tiene un avance en 342 trámites simplificados, 197 de ellos fueron eliminados o fusionados, y se redujeron a solo 151 trámites, además de que también se disminuyeron de seis a cuatro los requisitos promedio, lo que representa una reducción del 34 por ciento.

Para apreciar la dimensión de ese “pantano”, vale reproducir las cifras citadas por el mencionado funcionario federal hay más de 7 mil trámites; 523 existe en cada uno de los 32 estados de la República y 144 trámites en cada municipio; los cuales se suman a la diversidad de requisitos existentes dando un total de más de 350 mil trámites. De este universo, una persona realiza en promedio 486 trámites a lo largo de su vida, de los cuales el 85 por ciento son estatales y municipales.

Pero todo lo anterior no permite que se olvide un grave suceso como el del descubrimiento de un campo de exterminio creado por una organización criminal en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Ese descubrimiento -que no lo es tanto, pues ya se tenían antecedentes que fueron desestimados tanto por las autoridades federales como locales- provocó la indignación general y, por lógica, se le pidió a la presidenta Sheinbaum un comentario durante su conferencia mañanera.

Para amplios sectores de la sociedad mexicana, ese nuevo hallazgo del campo de exterminio es una tragedia de dimensión nacional, superior al tan traído y llevado drama de Ayotzinapa, que por cierto no ha podido solucionar la llamada Cuarta Transformación a pesar de las promesas de su caudillo, López Obrador, desde antes de tomar posesión del Ejecutivo Federal en diciembre de 2018.

Uno de los asistentes a las mañaneras, le preguntó a la presidenta Sheinbaum si durante la reunión del Gabinete de Seguridad, después de que la Fiscalía General de la República atrajera el caso de lo ocurrido en Teuchitlán, se revisó este grave episodio.

En su respuesta, en vez de asumir la responsabilidad correspondiente al gobierno federal, la primera mandataria intentó exculpar a sus colaboradores y buscar la manera de endosar la responsabilidad al gobierno de Jalisco, gobernado por un partido de oposición, Movimiento Ciudadano (MC) que postuló a los dos más recientes gobernadores, Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus Navarro.

Sheinbaum respondió titubeante al principio: “miren, yo creo que lo importante aquí es…”, pero enseguida arremetió contra las autoridades locales:

“Hoy, por ejemplo, nos informaron que hubo un operativo en este mismo lugar, que ha salido en los medios, en septiembre del 2024. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía estatal; habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía estatal en el resguardo, no porque haya algo mal, no presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo, porque se resguardan también por un tiempo los inmuebles.

“Entonces, qué se encontró en el predio, antes que nada, esa información, para que las Fiscalías, que son finalmente quienes deben de actuar, puedan dar información a todo el país de qué es lo que se encontró.

“Tenemos que hacer investigación de qué hay en el predio. Una vez que se tenga esa información, entonces sí, sacar todas las carpetas de investigación que correspondan antes de avanzar en las conclusiones.

“Entonces, esto es importante para todos, incluidos los medios de comunicación”, remató la mandataria, quien olvidó mencionar que en esa operación de septiembre de 2024 también participó la Guardia Nacional, es decir que tampoco las autoridades federales tuvieron la capacidad para poner en evidencia lo que realmente ocurría en ese predio. Vaya, ni siquiera pudieron descubrir quiénes son los propietarios.

Es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones, agregó la mandataria para recalcar de inmediato que “no es un asunto político”.

Recordó que el martes, el “autónomo” fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, mencionó que antes de atraer el caso era importante hacer la investigación.

“Una vez que se tenga esa información, entonces sí, sacar todas las carpetas de investigación que correspondan, antes de avanzar en las conclusiones. Esto es importante para todos, incluidos los medios de comunicación”.

No. No hubo ninguna palabra de condolencia para las víctimas ni para sus deudos. Tampoco alguna referencia a las  demandas de algunos sectores sociales que demandan que ante esta enorme desgracia se decrete al menos un día de luto nacional.

De lo que sí tuvo oportunidad la jefa del Ejecutivo Federal fue de lanzar una nueva embestida contra el despreciado Poder Judicial que va de salida por la vengativa reforma constitucional emprendida a finales del anterior gobierno y consumada en el actual.

En concreto, el motivo para la descalificación fue la decisión de los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de declarar incapacitada a la ministra Lenia Batres para participar en la revisión de un amparo por tener prejuicios contra el demandante, el prominente empresario Ricardo Salinas Pliego, cabeza del consorcio que lleva su apellido, del cual forman parte Elektra y Televisión Azteca, quien es perseguido por la llamada Cuarta Transformación por inconformarse con lo que considera cobro excesivo de impuestos.

Por tal razón la incondicional autodenominada “ministra

del pueblo”, quien busca el respaldo oficial para presidir la próxima Suprema Corte, ha descalificado públicamente al presidente de Grupo Salinas, lo cual la invalida como juez imparcial.

A pesar de ese evidente impedimento, Sheinbaum salió en defensa de Batres, pero en vez de referirse a imaginarias cualidades de su correligionaria en campaña, optó por descalificar a los otros ministros, entre los cuales está otra incondicional de la 4T, Yasmín Esquivel Mossa, también en campaña para presidir la Suprema Corte.