Inadmisiones de turistas impacta economía de hoteleros

Quintana Roo viernes 14, Mar 2025

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

• Llamado a que Migración deje de afectar la imagen de destinos

 

El Caribe Mexicano, conocido por su vibrante industria turística, enfrenta un nuevo desafío que amenaza la estabilidad económica del sector hotelero: las inadmisiones de turistas en los aeropuertos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM). Este fenómeno, que ha cobrado relevancia en los últimos meses, está generando pérdidas significativas para los hoteleros y afectando la imagen del destino a nivel internacional.
Las inadmisiones ocurren cuando turistas internacionales, principalmente provenientes de países sudamericanos como Colombia y Perú, son rechazados al intentar ingresar a México. Según Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, esta situación no sólo afecta a los turistas, quienes pierden tiempo y dinero, sino también a los hoteles, que deben reembolsar reservas y enfrentar costos operativos adicionales.
“Reembolsamos todos los que no llegan, por dignidad y por vergüenza, damos la cara de México y reembolsamos a los turistas que no pueden llegar, que Migración los detiene, eso ojalá y lo pagara Migración, que ya recibe una buena lana con el DNR y demás. Dejas de ingresar y obviamente todo eso afecta en el tema de operación, de nóminas, no que no las paguemos, sino que nos cuesta”, dijo.
En este escenario, el sector hotelero ha reportado pérdidas económicas debido a la necesidad de reembolsar a los turistas inadmitidos. Además, la disminución en la llegada de visitantes afecta la ocupación hotelera, lo que repercute en la generación de ingresos y en la capacidad de mantener empleos en el sector. Según datos recientes, la caída en el turismo sudamericano ha reducido la ocupación hotelera en un 10-12% en comparación con años anteriores.
Más allá de las pérdidas económicas, las inadmisiones están dañando la reputación del Caribe mexicano como un destino acogedor. Los turistas afectados comparten sus experiencias negativas, lo que podría disuadir a futuros visitantes. Este problema también pone en evidencia la necesidad de mejorar los protocolos migratorios y garantizar un trato digno a los viajeros.
En este sentido dijo: “No hay seriedad. No está funcionando (la tecnología que anunciaron), entre eso y las bandas de equipaje, que a veces funcionan, a veces no, el tiempo que tarda la empresa que maneja a nivel terrestre el tema de las aerolíneas, allí te puedes hacer un día de campo en el aeropuerto”.
Los líderes del sector turístico han instado al gobierno federal a tomar medidas para abordar este problema. Entre las propuestas se encuentran la implementación de un sistema de pre-chequeo para turistas internacionales y la mejora de los procesos migratorios en los aeropuertos. Además, se ha enfatizado la importancia de campañas de promoción que refuercen la imagen del Caribe mexicano como un destino seguro y hospitalario.
Almaguer Salazar concluyó que la tarea es seguir trabajando e insistiendo en este tema, para convencer a la federación de lo que representa el turismo en el país.

Una cronología de tensiones

El Caribe mexicano, particularmente Cancún, ha sido durante años un destino predilecto para los turistas sudamericanos. Sin embargo, últimamente las tensiones entre las políticas migratorias mexicanas y los turistas provenientes de países como Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Bolivia han generado un conflicto que ha escalado, afectando, tanto la economía local como la imagen del destino.
El conflicto comenzó con la imposición de visados para turistas de Ecuador en septiembre de 2021. Esta medida, implementada para controlar la migración irregular, marcó el inicio de una serie de restricciones que afectarían a otros países sudamericanos en los años siguientes.
Un año después, en septiembre de 2022, México impuso la obligación de visado para turistas brasileños. Esta decisión provocó una caída inmediata en el número de visitantes de Brasil, con una pérdida acumulada de más de 360,000 turistas desde la implementación de la medida.
En mayo de 2024 se extendieron las restricciones de visado a los turistas peruanos, lo que resultó en una disminución de 42,000 visitantes provenientes de este país. Esta medida generó críticas tanto de los turistas como de los empresarios del sector turístico.
Durante 2024, comenzaron a surgir denuncias de maltrato hacia turistas colombianos y brasileños en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Casos como el del creador de contenido colombiano Kristhian Ospina, quien fue inadmitido junto con su pareja a pesar de contar con reservas confirmadas, se volvieron virales y dañaron la reputación del destino.
En febrero de 2025, el conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando turistas bolivianos comenzaron a reportar casos de inadmisión y malos tratos en el aeropuerto de Cancún. Estas denuncias se sumaron a las críticas previas y generaron un llamado de atención por parte de líderes del sector hotelero, como Jesús Almaguer Salazar, quien condenó las prácticas de los agentes migratorios.
El conflicto ha tenido un impacto significativo en la economía del Caribe Mexicano. Según datos del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible, se estima que México ha perdido más de 842,000 turistas sudamericanos debido a las políticas migratorias y los problemas en los aeropuertos. Esto ha afectado directamente a la ocupación hotelera, los ingresos del sector y la percepción internacional del destino.
El conflicto entre Migración y turistas sudamericanos con destino a Cancún refleja la necesidad de equilibrar las políticas de control migratorio con la promoción de un turismo inclusivo y hospitalario.

Fonatur subasta terrenos
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha lanzado una nueva convocatoria para la subasta de terrenos en Quintana Roo, así como en otros estados como Baja California Sur, Oaxaca y Guerrero. Esta iniciativa forma parte de un plan estratégico para optimizar los recursos del organismo y fomentar la inversión privada en diversas regiones del país.
La subasta, que se llevará a cabo de manera electrónica, incluye 32 terrenos en Quintana Roo, distribuidos principalmente en Cancún y Cozumel. Entre los lotes más destacados se encuentran propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía, como Lomas de Vista Hermosa en Cancún, y áreas residenciales turísticas en Cozumel. Los precios de salida varían según la ubicación y el tamaño de los terrenos, con valores que oscilan entre los 4 millones y los 71 millones de pesos.
En Cancún, los terrenos disponibles incluyen 12 lotes en la supermanzana 10 y en Lomas de Vista Hermosa, una zona cercana al Parque Cancún que ya cuenta con desarrollos de lujo. Por ejemplo, un lote de 9,809 metros cuadrados tiene un precio inicial de 71 millones de pesos. En Cozumel, se ofertan 20 terrenos en las manzanas 5, 6 y 7, con precios que van desde los 4 millones hasta más de 70 millones de pesos.
Fonatur busca con esta subasta no sólo generar ingresos para el organismo, sino también atraer inversiones que impulsen el desarrollo económico y turístico de las regiones donde se encuentran los terrenos. Esta estrategia se enmarca en la reestructuración de Fonatur tras la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del actual gobierno federal.
La subasta está abierta a cualquier interesado y se realiza a través de la plataforma digital de Fonatur. Los participantes deben cumplir con una serie de requisitos, como la presentación de declaraciones de no parentesco, integridad y cumplimiento, entre otros. Además, se ofrecen descuentos especiales para quienes completen el proceso de compra en un tiempo determinado.
La venta de estos terrenos representa una oportunidad para desarrolladores inmobiliarios y empresarios interesados en invertir en zonas de alto potencial turístico. Sin embargo, también ha generado inquietud entre algunos sectores de la población, quienes temen que el desarrollo excesivo pueda afectar los recursos naturales y la calidad de vida en estas regiones.

 

La polémica “Ley chaleco” reciénaprobada sigue sin fecha de aplicación

• Este mes se conformará la reglamentación complementaria

 

La implementación de la llamada «Ley chaleco» en Quintana Roo, una reforma a la Ley de Movilidad que busca regular el uso de chalecos fluorescentes y cascos con números de placa rotulados para motociclistas, sigue sin una fecha definida. Esta medida, que ha generado controversia entre los habitantes y las autoridades, se encuentra en una etapa de análisis y reglamentación complementaria.
La Ley de Movilidad, reformada en 2024, establece que los motociclistas deberán portar chalecos fluorescentes y cascos con números de placa visibles como una medida para mejorar la seguridad vial y reducir los índices de accidentes. Sin embargo, la implementación de esta normativa ha enfrentado resistencia por parte de los motociclistas, quienes consideran que la medida es excesiva y no necesariamente efectiva.
Rafael Hernández Kotazek, titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), explicó que actualmente se trabaja en la reglamentación complementaria que definirá los detalles de cómo y cuándo se aplicará la ley. Según Hernández Kotazek, este proceso incluye un análisis exhaustivo de los escenarios posibles para garantizar una implementación gradual y efectiva.
La reforma ha provocado malestar entre los motociclistas, quienes han presentado demandas de amparo en los juzgados federales de Quintana Roo. Hasta el momento, dos de estos amparos han recibido sentencias favorables, argumentando que no existe una relación directa entre el uso de estas prendas y la reducción de accidentes. Sin embargo, el Congreso de Quintana Roo ha impugnado estas resoluciones, lo que mantiene el debate legal en curso.
La incertidumbre sobre la aplicación de la “Ley chaleco» ha generado preocupación, tanto entre los motociclistas como en la población en general. Mientras algunos ven la medida como una herramienta para mejorar la seguridad, otros la perciben como una carga económica adicional y una posible fuente de discriminación hacia los usuarios de motocicletas, quienes en su mayoría pertenecen a sectores de ingresos medios y bajos.