Dinero de migrantes ilegales sostiene el Seguro Social de EU
* Destacadas, Nacional jueves 16, Ene 2025
Los migrantes que viven sin documentos en Estados ayudan a financiar las prestaciones del Seguro Social que benefician sólo a ciudadanos estadounidenses.
Según un análisis del grupo de investigación fiscal Institute on Taxation and Economic Policy, los migrantes sin documentos que viven en Estados Unidos pagaron unos 25 mil 700 millones de dólares en impuestos del Seguro Social en 2022.
Dado que los trabajadores que viven en el país sin documentos sólo pueden cobrar jubilación y otras prestaciones del Seguro Social si cambia su estatus migratorio, los miles de millones que vierten en el programa en realidad operan como un subsidio para los beneficiarios estadounidenses.
Ante tal panorama, es difícil predecir si la administración entrante será capaz de cumplir sus amenazas más agresivas, como la de enviar a casa a los 11 millones de trabajadores que se encuentran, en este momento, de forma ilegal en Estados Unidos.
Pero si Donald Trump cumple su amenaza, los economistas prevén que será un lastre extenso para la economía y podría costarle al Seguro Social unos 20 mil millones de dólares anuales de liquidez, según los actuarios de la Administración del Seguro Social, que garantiza prestaciones a 68 millones de estadunidenses cada mes, las cuales ascendieron a un total de 1.5 billones de dólares el año pasado.
La seguridad social, desde hace años, ha tenido un déficit de financiación, en parte debido a los cambios demográficos. Debido al descenso de la natalidad, menos personas cotizan en el programa, mientras que miles de “baby boomers” se jubilan cada día; son los jubilados quienes cobran prestaciones durante periodos más largos.
“Las realidades demográficas de Estados Unidos son cada vez más desafiantes para el financiamiento de programas como el Seguro Social”, explicó Shai Akabas, director ejecutivo del programa de política económica de la organización Bipartisan Policy Center.
“La inmigración neta en el país es un factor que ha empujado positivamente contra esa tendencia y ha ayudado a llenar el vacío dejado por una fuerza laboral que envejece”, abundó.
El fondo fiduciario, en riesgo
Se prevé que el fondo fiduciario que paga las prestaciones de jubilación del Seguro Social se agotará en 2033, cuando los ingresos fiscales basten para pagar 79 por ciento de las prestaciones programadas. Eso significa que los cheques de los beneficiarios se reducirán 21 por ciento si el Congreso no hace nada (se espera que los legisladores hagan algo, aunque hay un debate sobre el mejor enfoque para apuntalar el programa).
Cambios considerables en la política de inmigración podrían repercutir en el Seguro Social. Según un informe de 2024 de la Oficina Presupuestaria del Congreso, se prevé que la tasa neta de inmigración impulse el crecimiento demográfico y sea responsable de todos los aumentos en la población a partir de 2040, debido a las bajas tasas de fertilidad de los ciudadanos estadounidenses.
“Si la mano de obra inmigrante disminuye, es probable que eso empeore la situación financiera del Seguro Social a corto plazo y exija reformas más significativas en otros ámbitos —opinó Akabas, de Bipartisan Policy Center, que estudió hace poco la cuestión—. Las preguntas más generales en los temas de política de inmigración y seguridad fronteriza requieren una reflexión cuidadosa que va más allá de su impacto en el programa del Seguro Social”.
Para hacernos una idea de cómo alterarían las finanzas del programa a largo plazo los distintos niveles de inmigración (legal y de otro tipo), podemos consultar el último informe anual de los administradores del fondo fiduciario de la Administración del Seguro Social, que contiene sus previsiones sobre la salud financiera del fondo combinado para las prestaciones de jubilación e invalidez durante un periodo de 75 años a partir de 2024.
El déficit del Seguro Social suele medirse como porcentaje de la nómina total cubierta por el programa, o de todos los salarios sujetos a impuestos sobre nómina, la fuente de financiación específica del programa.
La mejor estimación de los administradores parte de una población de 1.24 millones de inmigrantes netos al año. A ese ritmo, el programa necesita 3.5 por ciento adicional de su masa salarial imponible para ser solvente por completo. Pero si la inmigración neta anual se redujera a 829 mil (la cifra más baja calculada), el déficit de financiación a largo plazo del programa empeoraría en torno a 10 por ciento (de 3.5 al 3.9 por ciento de la masa salarial imponible).
En cambio, si los inmigrantes netos aumentaran hasta casi 1.7 millones al año, el déficit de financiación mejoraría 10 por ciento (a 31 por ciento de la masa salarial).
Migrantes pagan, pero no tienen derechos
Los trabajadores migrantes que viven sin documentos en el país no dejan de cumplir con la obligación de pagar impuestos sobre sus ingresos obtenidos en Estados Unidos y se calcula que al menos la mitad de ellos presentan declaraciones de impuestos federales.
Pero, aunque paguen impuestos sobre la nómina, no pueden cobrar ninguna prestación del Seguro Social ni muchos otros créditos, incluido el crédito fiscal por ingresos del trabajo, que exige que todos los declarantes y sus dependientes tengan números de Seguro Social válidos.
Por lo general, las empresas tienen la obligación de verificar la identidad de los trabajadores que vayan a contratar y su derecho a trabajar mediante el formulario I-9, y a recopilar documentación como prueba. Dado que, por lo general, se necesita un número de Seguro Social para obtener un empleo, los trabajadores que viven sin documentos en el país y reciben cheques en lugar de cobrar en efectivo, por ejemplo, pueden utilizar números de Seguro Social inventados, el número de otra persona o un número que fue válido un tiempo, cuando tenían estatus de autorización de trabajo.
Y cuando presentan su declaración de la renta, utilizan otro número: el número de identificación individual del contribuyente, también de nueve dígitos y conocido como ITIN. El Servicio de Impuestos Internos los creó en 1996 para que las personas no elegibles o que no tienen número de Seguro Social puedan presentar legalmente declaraciones de la renta y cumplir las leyes fiscales: por ejemplo, el titular de un visado de estudiante o determinados cónyuges de personas con visados de trabajo.
El Institute on Taxation and Economic Policy calcula que los trabajadores que viven en el país de forma irregular pagaron un total de 96 mil 700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022, un tercio de los cuales se canalizó a los impuestos sobre nómina que se emplean para pagar los programas de seguridad social, como el Seguro Social, Medicare y los impuestos por desempleo.
