Es real: la economía de EU será afectada si Trump cumple amenaza de deportaciones
Miguel Ángel Rivera miércoles 15, Ene 2025DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón Zurita Sahagún
Repudiado durante largo tiempo por los dirigentes y simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación, el diario The New York Times hizo un destacado reconocimiento a la contribución de los migrantes mexicanos a la economía de los Estados Unidos, con lo cual dio la razón al actual gobierno mexicano en sus diferencias con el presidente electo, Donald Trump, quien está a cinco días de volver al poder.
Una nota informativa del mencionado diario neoyorquino, considerado uno de los más influyentes de todo el mundo, indica que “si Trump expulsara a todos los indocumentados, como desea, generará un déficit de 20 mil millones de dólares (mmd) anuales en el esquema de jubilación de su país, al que los migrantes tributan sin recibir esa prestación”.
“Los migrantes que viven sin documentos en EU ayudan a financiar las prestaciones del Seguro Social”, dice también la información del prestigiado diario neoyorquino.
“Este grupo pagó unos 25 mil 700 millones de dólares en impuestos del Seguro Social en 2022”, agrega el cotidiano con base en un análisis reciente del grupo de investigación fiscal Institute on Taxation and Economic Policy, de tendencia izquierdista.
“Dado que los trabajadores que viven en el país sin documentos sólo pueden cobrar jubilación y otras prestaciones del seguro social si cambia su estatus migratorio, los miles de millones que vierten en el programa en realidad operan como un subsidio para los beneficiarios estadounidenses”, dice el NYT, quien luego recuerda que:
“El presidente electo Donald Trump prometió llevar a cabo el mayor programa de deportación del país hasta la fecha y restringir las vías legales de inmigración. Es difícil predecir si la administración entrante será capaz de cumplir sus promesas más agresivas, entre ellas enviar a casa a los 11 millones de trabajadores que se encuentran en este momento en Estados Unidos de forma indocumentada.
“Pero si la Casa Blanca procede con el plan, los economistas prevén que será un lastre extenso para la economía, y podría costarle al Seguro Social unos 20 mil millones de dólares anuales de liquidez, según los actuarios de la Administración del Seguro Social, que garantiza prestaciones a 68 millones de estadounidenses cada mes, las cuales ascendieron a un total de 1.5 billones de dólares el año pasado.
“La Seguridad Social desde hace años ha tenido un déficit de financiación, en parte debido a los cambios demográficos. Debido al descenso de la natalidad, menos personas cotizan en el programa, mientras que miles de baby boomers se jubilan cada día; son los jubilados quienes cobran prestaciones durante periodos más largos”, añade el diario, que, en seguida, apunta:
“Las realidades demográficas de Estados Unidos son cada vez más desafiantes para el financiamiento de programas como el Seguro Social”, explicó Shai Akabas, director ejecutivo del programa de política económica de la organización Bipartisan Policy Center.
“La inmigración neta en el país es un factor que ha empujado positivamente contra esa tendencia y ha ayudado a llenar el vacío dejado por una fuerza laboral que envejece”, abundó.
Pero el diario de la metrópoli neoyorquina no es el único medio que advierte acerca de los riesgos negativos para la economía de los Estados Unidos en caso de que el magnate y presidente electo de esa potencia se atreva a llevar a cabo sus amenazas de expulsar a millones de migrantes, sobre todo de origen mexicano.
La agencia de noticias Swiss.info difundió el 24 de noviembre de 2024, una información en la que sostiene:
“La expulsión masiva de migrantes que tiene en la mira el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, puede ser muy dañina para la economía, alertan analistas, especialmente en algunos sectores que dependen de esta mano de obra.
“Tal es el caso de la agricultura y la construcción, que emplean a cientos de miles de migrantes, muchos indocumentados.
“Las autoridades estiman que hay unos 11 millones de inmigrantes viviendo irregularmente en Estados Unidos, la gran mayoría provenientes de México.
“Cerca de 8,3 millones de ellos trabajaban en 2022, de acuerdo con el Pew Research Center, el equivalente a poco menos del 5% de la fuerza laboral total.
“Pero en algunos sectores clave son mucho más numerosos, según el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC, por su sigla en inglés).
“Las industrias de la construcción o la agricultura perderían a por lo menos uno de cada ocho trabajadores, mientras que en la hotelería, uno de cada 14 sería deportado debido a su estatus irregular, estimaba la entidad en un informe reciente.
“El efecto sería todavía más fuerte en otros oficios: «Más del 30%» entre los trabajadores de la mampostería, techadores y pintores, y una cuarta parte en el sector de limpieza doméstica, según el informe.
“Se prevé que el fondo fiduciario que paga las prestaciones de jubilación del Seguro Social se agotará en 2033, cuando los ingresos fiscales basten para pagar 79 por ciento de las prestaciones programadas. Eso significa que los cheques de los beneficiarios se reducirán 21 por ciento si el Congreso no hace nada (se espera que los legisladores hagan algo, aunque hay un debate sobre el mejor enfoque para apuntalar el programa).
“Cambios considerables en la política de inmigración podrían repercutir en el Seguro Social. Según un informe de 2024 de la Oficina Presupuestaria del Congreso, se prevé que la tasa neta de inmigración impulse el crecimiento demográfico y sea responsable de todos los aumentos en la población a partir de 2040, debido a las bajas tasas de fertilidad de los ciudadanos estadounidenses.
“Si la mano de obra inmigrante disminuye, es probable que eso empeore la situación financiera del Seguro Social a corto plazo y exija reformas más significativas en otros ámbitos, opinó Akabas, de Bipartisan Policy Center, que estudió hace poco la cuestión”, remató el despacho de la agencia, que más adelante destaca la conveniencia del aumento de migrantes.
“…si los inmigrantes netos aumentaran hasta casi 1.7 millones al año, el déficit de financiación mejoraría 10 por ciento (a 31 por ciento de la masa salarial).
“En otras palabras, por cada 100 mil inmigrantes netos al año, el déficit de financiación mejora .09 por ciento de la masa salarial imponible. Se calcula que los trabajadores ilegales pagaron 96 mil 700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022.
Las tres ministras incondicionales de Morena quieren presidir la nueva Suprema Corte
Las preocupaciones del gobierno de Sheinbaum no se reducen a afrontar las amenazas del futuro presidente de los Estados Unidos, pues dentro de territorio nacional surgen otros problemas fundamentales, como es la futura integración del Poder Judicial de la Federación.
Entre las reformas que dejó de “herencia” el anterior Presidente de la República, una de las de mayor trascendencia es la destinada al Poder Judicial, que prácticamente desapareció y pronto será reemplazado por otro totalmente sometido al Ejecutivo, con lo cual se da por concluido ese equilibrio de poderes consagrado en la llamada Carta Magna.
Para empezar, allí está el complicado sistema de elección de los nuevos juzgadores, desde jueces hasta magistrados y ministros. El difícil proceso se complicó porque el Instituto Nacional Electoral (INE) no recibió los recursos suficientes para organizar la votación de la mejor manera.
Por el recorte impuesto por la Cámara de Diputados en cumplimiento de instrucciones del Ejecutivo, se instalará apenas la mitad de los centros de votación que normalmente funcionan en una elección de carácter nacional.
Pero eso no es todo, las aspiraciones a presidir a la nueva Suprema Corte de Justicia han generado divisiones dentro de las filas oficiales. Las tres ministras incondicionales de la llamada Cuarta Transformación, Loretta Ortiz Ahlf, y, sobre todo, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama están en plenas campañas anticipadas para alcanzar ese importante puesto, sin importar que su fuerza estará muy disminuida por quedar bajo el control del Ejecutivo.
Como parte de su campaña, Esquivel se lanzó contra lo que queda del antiguo Poder Judicial –del cual es parte ella misma– porque, por respeto a la ley, suspendió el procedimiento de selección de los candidatos a formar parte del nuevo sistema.
