Donald Trump insiste en que usará al ejército para deportaciones masivas
* Destacadas, Nacional martes 17, Dic 2024
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ratificó en una entrevista con la revista Time que usará al ejército con todo el rigor de la ley para apoyar su estrategia de deportación masivas, pues para el republicano el ingreso de extranjeros sin documentos equivale a una invasión que debe ser detenida.
El republicano ha prometido una amplia represión de la migración irregular, incluidas deportaciones masivas, para lo cual planea usar recursos del gobierno federal y declarar una emergencia nacional con el fin de desbloquear fondos.
Tanto el gobierno republicano como el demócrata han usado tropas de la Guardia Nacional en coadyuvancia con la Patrulla Fronteriza, pero no se han utilizado para realizar detenciones de indocumentados. El futuro gobierno de Trump proyecta comisionar a los militares en un papel de apoyo similar, sostuvo el zar fronterizo entrante, Tom Homan.
Trump no descartó la construcción de centros de detención con fines de deportación, pero comentó que su administración tendría el objetivo de regresarlos de manera rápida, limitando la necesidad de infraestructura extra. No los quiero sentados en campamentos durante los próximos 20 años. Los quiero fuera del país y sus naciones tienen que aceptarlos de vuelta, explicó.
Prevén detención de migrantes, incluso, en bodas, funerales y hospitales
De acuerdo a reportes de medios estadounidenses, Donald Trump planea dejar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entren hasta en bodas, funerales y hospitales, como parte de su plan de deportación masiva.
NBC News reportó que el republicano contempla rescindir una política que evita que los oficiales migratorios arresten a indocumentados en los llamados lugares sensibles, incluidos lugares de culto, escuelas y hospitales o eventos como funerales, bodas y manifestaciones públicas sin la aprobación de los superiores.
La medida tendría como objetivo aumentar la autoridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para arrestar migrantes en todo el país y su velocidad para hacerlo, indicó el medio.
El medio también destacó que “aunque el cambio tendría implicaciones más amplias, podría significar el fin de la historia de personas que han buscado protección contra la deportación, a veces durante años, al vivir en lugares sensibles como iglesias”.
“La aplicación de las leyes de inmigración siempre ha requerido un equilibrio. En el pasado, los presidentes de ambos partidos han reconocido que el mero hecho de que pueda ser legal realizar arrestos en hospitales y escuelas no significa que sea una política pública humana o sensata”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Sólo a los agentes del ICE se les ha permitido ingresar a lugares sensibles para realizar arrestos bajo ciertas condiciones, incluyendo un problema de seguridad nacional o terrorismo, el arresto de un delincuente considerado peligroso o si había un riesgo inminente de muerte o daño físico a una persona o propiedad o la preocupación de que la evidencia en una investigación criminal fuera destruida, reportó NBC News.
“Muchas iglesias y comunidades religiosas están muy preocupadas por la posibilidad de una reacción violenta”, dijo un diácono de una iglesia de Arizona que ha servido como santuario para inmigrantes en el pasado.
Un ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que cambiar la política de lugares sensibles podría ser una buena noticia para algunos agentes que se han sentido obstaculizados por las restricciones sobre dónde pueden operar y sintieron que la política fue “abusada” por personas buscadas en el pasado, indicó NBC News.
Durante el fin de semana, Stephen Miller, asesor de Trump desde hace mucho tiempo y arquitecto de la separación familiar, dijo a Fox News que el primer día de su segundo mandato, el próximo mandatario “emitirá una serie de órdenes ejecutivas que cerrarán la frontera y comenzarán la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”.
Amenaza afectan salud mental de migrantes
Las amenazas de una deportación masiva están perjudicando la salud mental de los afectados y de sus allegados, que ya de por sí sufren más presión psicológica que el resto de la población. Las organizaciones y los profesionales que ofrecen servicios a los migrantes han percibido un aumento de estrés, ansiedad y depresión entre sus pacientes, causado, sobre todo, por la incertidumbre de lo que va a pasar cuando el republicano asuma el poder el 20 de enero.
“He observado un aumento significativo en el miedo a la deportación entre mis pacientes. Muchos han expresado una mayor ansiedad por ser detenidos y deportados, lo que los ha llevado a evitar salir en público. Esta atmósfera recuerda el período en que las redadas del sheriff Joe Arpaio causaron angustia generalizada en la comunidad”, sostiene Suzana Adams, psicóloga de Phoenix cuyos pacientes son en su mayoría latinos.
El miedo a las redadas, a salir un día de casa para ir a trabajar y no regresar; la angustia de pensar que no van a volver a ver a sus hijos; el temor de que sus padres sean detenidos y queden desamparados; la angustia ante la perspectiva de regresar a un lugar del que huyeron … El nivel de estrés que soportan muchas familias migrantes no ha hecho más que aumentar desde que Trump ganó las elecciones. Es casi imposible evitar que vuelvan a la memoria las escenas dramáticas de familias separadas ocurridas en su primer mandato. Las dificultades legales, presupuestarias y logísticas que conlleva una operación de esa envergadura no mitigan el miedo que causan las amenazas.
“Con la retórica de la nueva Administración, los inmigrantes necesitan acceder a los servicios de salud mental por la ansiedad e incertidumbre que están experimentando”, apunta Jenifer García Mendoza, directora de programas de salud mental de United We Dream (UWD). Su organización, que se dedica a proteger y defender los derechos de los migrantes jóvenes, realiza desde hace nueve años una encuesta junto a otras organizaciones que muestra los efectos negativos que tiene en la salud mental la precaria situación en la que se encuentran los migrantes beneficiados por DACA. Este programa permite la residencia a más de medio millón de extranjeros que llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños, los llamados dreamers, que tienen que renovar el permiso cada dos años.
“Acciones, no palabras”
En su reciente entrevista, el republicano rebajó por primera vez sus amenazas contra este grupo y afirmó que pretende buscar un acuerdo con los demócratas para permitir que permanezcan en el país. Los defensores de los “dreamers”, sin embargo, desconfían de sus planes. “Las acciones hablan más que las palabras, y el historial de Donald Trump en atacar DACA, alimentar la desinformación y la violencia y convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios se remonta a su primer día en el cargo hasta el día de hoy”, respondió UWD en un comunicado, atribuido a Bruna Sollod, directora de política.
Trump ya intentó acabar con el programa DACA durante su primer mandato, pero el Tribunal Supremo lo impidió. Ahora está paralizado por una orden judicial que respondió a una demanda interpuesta por varios Estados gobernados por republicanos liderados por Texas, que lo consideran ilegal. Para creer en sus palabras, “Trump debería llamar inmediatamente a sus aliados en Texas para que abandonen la demanda contra DACA y detengan ahora su agenda de deportaciones y detenciones masivas”, dijo el comunicado.
Un tribunal de apelaciones lleva el caso ahora y lo más probable es que ratifique su ilegalidad, con lo que acabaría en manos del Supremo. El Alto Tribunal, en el que los seis jueces conservadores (tres de un total de nueve jueces fueron nombrados por Trump) tienen mayoría.
“Todos pasamos por la Administración Trump la primera vez. Y por eso estamos muy familiarizados con lo que es y nos tomamos muy en serio sus promesas de deportación masiva”, reconoce Karen Fierro Ruiz, directora de Política y Defensa Federal de UWD y beneficiaria de DACA. “La salud mental y el acceso a los servicios es definitivamente algo en lo que sé que muchos de nuestros miembros están pensando, especialmente por lo que nos espera con la próxima Administración”, añade.
La edad promedio de cuando ingresaron en Estados Unidos es de 6,6 años y llevan una media de 25 residiendo en el país. Muchos ya han formado familias y sus hijos (e incluso nietos, en algunos casos) son ciudadanos estadounidenses. El último informe, realizado junto a otras organizaciones, publicado en marzo, muestra que el 70,7% de los dreamers admite que al menos una vez al día piensa en que puede ser deportado y ser separado de sus hijos.
Casi 9 de cada 10 encuestados admitieron estar preocupados con su seguridad física o la de su familia, su capacidad para acceder a atención médica o educación, el riesgo de inseguridad alimentaria o el riesgo de quedarse sin hogar si son deportados.