Alto Comisionado de ONU-DH expresa “preocupación” por la reforma judicial
Miguel Ángel Rivera martes 10, Dic 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La reforma al Poder Judicial es una realidad que inclusive alcanza a las leyes reglamentarias, pero no se puede dar como un hecho consumado, por deficiencias propias, pero sobre todo por manifestaciones de inconformidad que advierten en el sentido de que esas modificaciones son parte fundamental de un proceso de destrucción de la democracia y la instauración de una dictadura.
Al respecto, destacan las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien la víspera del día dedicado a esos derechos fundamentales, advirtió: “Lo que está sucediendo en todo el mundo es que hay un cierto malestar en las sociedades. Y es un malestar por no ser tomados en serio, por quejas profundamente arraigadas, por todo tipo de cosas que, cuando se entra en un periodo electoral, algunos lamentablemente han manipulado, se han aprovechado de este malestar y se han aprovechado de las quejas de una manera que ofrecen soluciones que, francamente, tal vez no funcionen”.
“Sigo preocupado por la reforma judicial en México -lo he dejado muy claro- porque tememos que algunas de las disposiciones que existen actualmente corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial, pero también su capacidad para defender eficazmente el Estado de derecho”.
De acuerdo con un comunicado de la ONU-DH difundido en México, el Alto Comisionado pidió a los responsables de la toma de decisiones que aseguren la independencia del Poder Judicial y garanticen que quienes presenten sus candidaturas para las elecciones de junio próximo sean “personas íntegras e idóneas, con la formación y las cualificaciones adecuadas”.
Volker Türk destacó también su preocupación por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México. “Esto ha sido una preocupación no sólo en México, sino también en muchas otras situaciones. De hecho, necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento en términos más generales”, enfatizó.
Aparte de organismos internacionales, como la mencionada Oficina del Alto Comisionado de la ONU, dentro de nuestro país, siguen las descalificaciones a esas reformas aprobadas a toda carrera por los legisladores oficialistas, por lo cual a cada paso se descubren fallas y problemas no previstos.
Al respecto, ayer lunes, en el último informe anual de labores de las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desaparecerán al avanzar la reforma, el ministro presidente de la primera sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, advirtió que la reforma judicial traerá “costos” para la sociedad, pero también evidenciará el “profesionalismo” de la labor de los actuales juzgadores que dejarán su cargo por mandato de la enmienda constitucional.
“Con honestidad, debemos reconocer que no logramos advertir a la sociedad sobre los riesgos y problemas inherentes a esta reforma. A pesar de nuestros esfuerzos, el mensaje no llegó oportunamente ni con la fuerza necesaria. El tiempo y la experiencia, por desgracia, tal vez con costo a la sociedad, serán testigos del profesionalismo de nuestras labores, y las cualidades del sistema de justicia que está en su ocaso”, dijo el ministro que cesará en sus funciones dentro de medio año, como el resto de sus iguales, excepto los que se inscribieron para ser elegidos.
Pardo Rebolledo definió el momento actual en México como “turbulento”, pero afirmó que lo rescatable es la oposición, la resistencia y protestas de los integrantes del PJF que se opusieron a la reforma judicial, al grado de ir a un paro de labores de casi tres meses.
“Un paro laboral sin precedentes, manifestaciones de apoyo hacia jueces, magistrados, y personal administrativo, así como la movilización de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil que alzan su voz frente a decisiones que afectan a la vida pública”, dijo.
Pardo Rebolledo afirmó que las salas, destinadas a desaparecer, han sido un pilar fundamental en el sistema de justicia, no órganos aislados con funciones meramente administrativas, sino estructuras diseñadas para garantizar eficiencia, celeridad en los trámites y especialización que permite un análisis y debate profundo de las materias que les compete.
“Desde 2011, inicio de décima época del semanario judicial de la federación, hasta 2023, la primera sala ha resuelto más de 63 mil asuntos, cifra similar a la de la segunda sala. En contraste, el tribunal pleno en el mismo periodo alcanzó un poco más de 4 mil. Esto significa que casi el 93 por ciento de los expedientes recibidos en este alto tribunal han sido atendidos de sus salas”, dijo.
También sostuvo que “la excelencia profesional ha quedado eclipsada por las decisiones políticas”, por lo que llamó a los próximos juzgadores que sean elegidos por el voto popular a que “nunca se alejen de la independencia, de la honradez, de la capacidad, y la serenidad que se requiere para llevar a cabo este compromiso de vida que es la judicatura”.
Por su parte, el ministro presidente de la segunda sala, Alberto Pérez Dayán, advirtió que la vida democrática del país atraviesa un camino accidentado e incierto.
“Nuestra democracia ha decidido en ocasiones caminar por rutas, a veces accidentadas y a veces inciertas. Hoy estamos en una de ellas. Lo que nos ha rescatado y nos impulsa en estas circunstancias es nuestra vocación y lealtad a la Constitución, fundamento de nuestra nacionalidad y proyecto colectivo de una vida mejor. Deseo sinceramente que esto que viene no termine siendo simplemente un recuerdo de todo lo perdido”, dijo.
Reiteró que cada una de sus sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representan un acto democrático que honra la confianza popular depositada en el máximo tribunal del país.
Informó que tan sólo en los últimos dos años, la segunda sala resolvió 3 mil 408 expedientes y su secretaría emitió más de 10 mil acuerdos.
En su carácter de presidente de la Segunda Sala, Pérez Dayán, tuvo un gesto de nobleza, al agradecer su colaboración a los ministros Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales (en retiro), así como a las incondicionales de la llamada Cuarta Transformación, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.
El gesto de Pérez Dayán no fue correspondido por la autonombrada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, quien se dedicó a destacar aspectos supuestamente negativos, con la aparente intención de justificar la reforma emprendida por su líder y guía, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ex integrante del equipo jurídico de la Presidencia de la República, criticó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) lleva 14 años en falta al no acatar el tope máximo de remuneraciones que marca el artículo 127 constitucional, lo que a la fecha ha generado, por “sobresueldos”, un gasto adicional al erario de más de 30 mil millones de pesos. También señaló que actualmente hay 2 mil 377 funcionarios del Poder Judicial que superan el tope máximo de remuneraciones, que en total exceden en 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos el límite constitucional.
“Si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente este límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial debió haber ahorrado a la Federación 30 mil 342 millones 936 mil 442 pesos por sobresueldos inconstitucionales entregados a su alta aglomeración”, dijo.
Batres, que a pesar de su limitada experiencia pretende ser presidenta de la futura Suprema Corte, afirmó que desde que llegó al máximo tribunal, el 14 de diciembre del 2023, ella y sus 79 colaboradores acataron la ley en materia de austeridad, lo significa a ajustarse al límite de las remuneraciones y renunciar a prestaciones como seguros privados, lo que ha generado un ahorro al erario público en el último año de 10 millones 904 mil 69 pesos.
Primer revés para el gobierno en su búsqueda de nuevas fuentes de ingresos
Ayer mismo, el gobierno mexicano decidió posponer, por seis meses, el cobro del Derecho de No Residentes (DNR) a los turistas que llegan al país por medio de cruceros, impuesto que entraría en vigor desde el 1 de enero de 2025, dio a conocer la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), la cual advirtió que esa medida tendría efecto negativo en los ingresos por turismo.
