A punto del desempleo, ministros dan ejemplo de cumplir con su deber
Miguel Ángel Rivera martes 3, Dic 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
A pesar de estar prácticamente aniquilada la Suprema Corte, sus integrantes mantienen su profesionalismo y dan ejemplo de su compromiso de cumplir con su deber.
Una prueba evidente se dio a conocer ayer, en la sesión plenaria del máximo tribunal del país, donde los ministros dejaron de lado diferencias internas al revisar y rectificar una decisión de la la Sala Colegiada de Casación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, por la cual declararon inconstitucional la “prisión vitalicia” o también conocida como “cadena perpetua”.
De acuerdo con una ponencia presentada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –uno de los repudiados por el oficialismo de la llamada Cuarta Transformación– el pleno de la Suprema Corte proscribió la mencionada pena vitalicia, por considerar que es una pena contraria al principio de reinserción social también contenido en la Constitución.
La ponencia del ministro Gutiérrez Ortíz Mena declara inválido el artículo 127, párrafo segundo del Código Penal del estado de Chihuahua que dice: “A quien se le condene por el homicidio doloso de tres o más personas, en el mismo o en distintos hechos, se le impondrá la pena de prisión temporal que corresponda a cada uno de los delitos o prisión vitalicia”.
De suyo, preservar la posibilidad de que un delincuente pueda cumplir su condena y con ello quedar en condición de reincorporarse a la sociedad es un gran avance, pero en este caso y debido a las condiciones que vive el país, sobre todo por la decisión ya aprobada por el Congreso de desaparecer a la actual Suprema Corte, sobresale el hecho de que la sentencia fue aprobada por unanimidad, inlcuida al menos una de las ministras incondicionales de la llamada Cuarta Transformación, Yasmín Esquivel Mossa, quien a pesar de su controvertida designación por suponerse que plagió su tesis profesional, está inscrita para ser elegida para la nueva Suprema Corte, la cual pretende presidir.
Al revisarse un amparo contra la mencionada ley de Chihuahua, la ministra Esquivel Mossa expuso que dicha pena es incompatible con el artículo 18 constitucional, que establece que el sistema penitenciario tendrá mecanismos laborales y educativos que permitan a las personas sentenciadas reintegrarse a la sociedad, lo cual no se lograría si se les recluye de por vida.
Destacó, asimismo, que la inconstitucionalidad de la prisión vitalicia de ningún modo implica que se deba dejar en libertad a la persona sentenciada por los delitos que se le imputan, ya que, de llegar a demostrarse su culpabilidad, podrá aplicársele la pena de prisión de 20 a 50 años prevista para el homicidio calificado.
Cabe precisar que el proyecto de Ortiz Mena, así como la votación unánime de los ministros responde un amparo directo promovido en contra de una sentencia del 19 de agosto del 2014, dictada por los Magistrados de la Sala Colegiada de Casación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, contra la cual se presentó un amparo promovido por un quejoso cuyo proceso penal culminó con la sentencia de prisión vitalicia, por resultar penalmente responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de cuatro personas.
El comunicado de la Suprema Corte, acerca de este fallo, aclara que la declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión vitalicia no implica conceder un amparo que deje impune el delito por el cual el quejoso fue procesado.
También precisa que la autoridad responsable cuenta con la facultad discrecional para analizar nuevamente la pena aplicable y realizar un ejercicio de individualización de ésta, conforme a los hechos acreditados en el caso y las directrices establecidas por el Pleno, entre ellas, dejar de aplicar el precepto declarado inconstitucional.
Los diputados insisten en recortar el presupuesto solicitado por el INE para las elecciones judiciales
La demostración de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de cumplir con sus obligaciones a pesar de estar condenados a perder sus sitiales cuando se elija en junio a sus relevos se da en el marco en que siguen las negociaciones para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reduzcan sus demandas de presupuesto para el año venidero.
Comos se recordará, el Consejo General del referido organismo electoral solicitó más de 13 mil millones de pesos para el año venidero, sobre la base de que resultará muy complicada la elección de nuevos jueces, magistrados y ministros.
De inicio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que le parecía excesiva la petición de los consejeros, pues solicitan un presupuesto superior al ejercido en el presente año, cuando se realizaron votaciones federales para elegir presidente de la República, renovar al Congreso de la Unión y cientos de cargos más en estados y municipios.
Con esa disciplina que presumen los diputados del oficialismo, también en el Palacio Legislativo de San Lázaro se han escuchado expresiones de inconformidad por lo que se supone excesiva demanda del INE, por lo cual el coordinador de la de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, se ha dado a la tarea de negociar con los consejeros electorales con la finalidad de encontrar formas de hacer menos oneroso el proceso de renovar al Poder Judicial.
Al respecto, se anunció que los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezados por su presidenta, Guadalupe Taddei , sostendrán, el jueves 5 de diciembre, un encuentro con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a fin de analizar y discutir la solicitud de más de 13 mil millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.
Al referirse a ese encuentro, Monreal insistió en la necesidad de aplicar recortes al gasto del INE, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, entre otros organismos, para reasignar entre 15 mil millones y 20 mil millones de pesos, dinero que supuestamente se destinaría a universidades públicas, cultura, agua, seguridad, defensa y salud.
De paso, Monreal, insistió en que México requiere de una reforma “de gran calado” que permita garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo cual, dicen los especialistas, significa aumento de impuestos.
“Se necesitan medidas más contundentes para ampliar la base tributaria, porque el Paquete Económico acertadamente prioriza la inversión en programas sociales, sin embargo, es preciso preguntarse si los recursos asignados serán suficientes para cubrir todas las necesidades del país”, comentó el coordinador de la bancada del partido oficial.
Insistió en que “la reducción del déficit y la estabilidad de la deuda son positivas, pero todavía se requiere disciplina fiscal de largo plazo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. He sostenido previamente que México necesita una reforma fiscal de gran envergadura. Estoy convencido de que, para lograr una sociedad más justa e igualitaria, es fundamental que quienes poseen mayores recursos contribuyan en mayor medida en beneficio de todos», declaró.
Monreal sostuvo que la progresividad fiscal permitirá alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza con justicia e igualdad.
Si bien la aprobación del presupuesto federal es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, una eventual reforma fiscal tendría que ser discutida por todos los sectores de la sociedad y, dentro del Congreso, deberían participar también los senadores, pues no todos consideran que la solución ideal sea aumentar los impuestos.
Como ejemplo de la dificultad de crear nuevos gravámenes está el caso de ya aprobado aumento a lo que se cobra a los viajeros de cruceros por visitar a nuestro país.
La Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés) advirtió que la industria de los cruceros vive una “pesadilla” porque el gobierno de México, desde el siguiente año, cobrará a los turistas que ingresen al país por este medio 42 dólares por pisar territorio nacional.
Michele Paige, directora ejecutiva de la FCCA, informó que dicha agrupación, que reúne a las principales firmas del sector, busca una reunión con la presidenta Sheinbaum para exponer lo “catastrófica” que sería la medida.
