La repudiada prisión preventiva en vías de ser aprobada por el Senado
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 28, Nov 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“La prisión preventiva automática (oficiosa) contraviene principios esenciales de derechos humanos”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una expresión más en contra de la reforma impulsada por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación para ampliar el catálogo de los delitos en los que se puede encarcelar a una persona sin que se le haya comprobado haber cometido un ilícito.
En realidad, los organismos judiciales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) y el mencionado Alto Comisionado en Derechos Humanos, ambos organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han expresado el rechazo a ese mecanismo que en opinión de todos los especialistas viola el principio de inocencia, mientras no se compruebe que una persona cometió un delito.
Desde enero de 2023, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano reformar sus leyes para eliminar y modificar, respectivamente, dos formas de detención: el arraigo y la prisión preventiva.
Esa fue la décima segunda ocasión que la Corte IDH expuso la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones de derechos humanos. Cumplir con lo ordenado por la Corte IDH es una obligación legal vinculante y un paso necesario para eliminar prácticas que violan derechos humanos y socavan la efectividad del sistema penal mexicano. En esa ocasión, sobre todo, la Corte Internacional expresó preocupación porque el cumplimiento de la sentencia se enfrenta a resistencias, sobre todo en el contexto actual de estigmatización hacia el poder judicial y defensa del sobreuso de la prisión preventiva por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
También se considera violatoria de los derechos humanos por la detención denominada arraigo, procedimiento que autoriza la detención de una persona por hasta 80 días sin que las autoridades ministeriales presenten acusaciones penales en su contra.
En su defensa, los altos mandos de la llamada Cuarta Transformación han alegado que tales mecanismo fueron aprobados por el Congreso desde 2008, cuando el Presidente de la República era el panista Felipe Calderón Hinojosa y que ellos solamente han aumentado la lista de delitos graves, en los cuales se justifica la referida prisión preventiva oficiosa (PPO), sobre todo cuando existe el riesgo de que los presuntos delincuentes se fuguen.
A pesar de tales alegatos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos reiteró hace unos días su rechazo a la reforma para ampliar el catálogo de delitos en los que se puede aplicar la PPO.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos”, dijo Türk. “La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”.
En seguida, recordó que “mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó a México adaptar su sistema legal.
“México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la Prisión Preventiva Oficiosa no es la respuesta”, dijo el Alto Comisionado, quien recomendó que “en su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad”, agregó.
Si bien hay recientes reformas constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, lo cual es bien recibido, otras modificaciones generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos, señaló también el Alto Comisionado.
Recordó en particular que una amplia reforma judicial, adoptada en septiembre, incluye la elección popular de las personas juzgadoras, la terminación anticipada de los mandatos judiciales existentes y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades. Al respecto, dijo que “en conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho”, dijo Türk, quien remató:
“Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Como el “Hijo desobediente”, Morena y rémoras “no entienden razones”
A pesar de ese y otros muchos llamados, las bancadas del partido oficial, Morena, y sus satélites del PT y PVEM, continúan el proceso para ampliar la relación de delitos en los que se puede aplicar la PPO.
Como todas las reformas que han aprobado a partir de septiembre pasado, los legisladores oficialistas han trabajado a toda prisa y así ocurrió ayer en la sesión del Senado efectuada, que se inició después de las 16 horas, para avanzar en negociaciones y procedimientos y así evitar eventuales protestas ante el ya muy disminuido Poder Judicial.
Aparte de que los senadores empezaron a trabajar por la tarde, se disponían a sostener un largo debate, como ha ocurrido con todas las anteriores reformas constitucionales, pues le dejan a la oposición la posibilidad de expresar todas sus inconformidades, pues a final de cuentas los cambios serán aprobados por la mayoría calificada que les concedieron el Instituto (INE) y el Tribunal (TEPJF) electorales.
En principio, se presentaron un total de 22 votos particulares, con lo cual según estimaciones llevaría varias horas, antes del inicio del debate definitivo.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador por Tabasco, Óscar Cantón Zetina, quien dijo que el cambio central consiste en que al catálogo de delitos en los que se puede aplicar la PPO ya existente se añade la extorsión, una práctica que asfixia a todo mundo, a comerciantes, agricultores, empresarios, comerciantes de muy, muy bajo monto, destruye economías locales y familiares y alimenta el crimen organizado.
“Se adicionan también diversas conductas vinculadas con las drogas sintéticas como el fentanilo, que devasta vidas al causar adicciones y muertes mientras financian operaciones de grupos criminales.
“También hay otro tema que es muy importante y se agrega al catálogo: el uso de los comprobantes fiscales falsos que constituyen una amenaza insidiosa contra nuestra economía al fungir como herramientas para la evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción en el sector público y privado”.
En contra de las críticas de que se violan derechos humanos, Cantón sostuvo que “no hay nada más contrario a los derechos humanos, que permitir que los victimarios sigan operando sin restricciones, poniendo el riesgo la seguridad de las víctimas, los testigos y la sociedad misma”.
El primero en presentar su voto particular, en contra, fue el ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés, quien destacó de inicio que, después de la vida, la libertad es el derecho más importante de los humanos, por lo cual debe ser preservado y garantizado por las autoridades.
Enseguida, aclaró que nadie se opone a la prisión preventiva, también denominada automática, pero cuando es justificada. Cuando alguien cometa un delito grave, debe ir a la cárcel, pues “no queremos delincuentes en la calle”.
Denunció que la PPO se ha convertido en un refugio para los fiscales y ministerios públicos que no cumplen con su responsabilidad de investigar.
Por su parte, las senadoras Carolina Viggiano, del PRI, y Alejandra Barrales, de MC, señalaron que la PPO no ha servido como recurso para contener la delincuencia.
