La austeridad, pretexto para acabar con organismos que vigilan al gobierno
Miguel Ángel Rivera miércoles 20, Nov 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Con la austeridad como justificación, la llamada Cuarta Transformación se prepara para “ejecutar” a los órganos autónomos que tanto tiempo llevaron para que la sociedad mexicana tuviera la posibilidad de llamar a cuentas a los gobiernos federal y estatales, así como para vigilar la mejoría en el sistema educativo nacional, además de fomentar la competencia económica que, según todos los especialistas, es la única forma de controlar precios de productos y servicios de primera necesidad.
Los organismos condenados a muerte son: el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
De acuerdo con lo anunciado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, encabezada por el doctor en Derecho Ricardo Monreal Ávila, la ejecución de esos organismos está planeada para ejecutarse en dos fases. Para ello, se convocó a dos sesiones consecutivas, una hoy miércoles, y la otra mañana jueves.
Aunque todo está planificado para desaparecer a esos “molestos” organismos y ya se puede anticipar la votación que, obviamente, será dominada por Morena y sus rémoras del PT y PVEM, sin que la oposición, aunque se mantenga unida, tenga la menor posibilidad de impedir la ejecución de esas instituciones o al menos cambiar alguna de las líneas del libreto.
La doble convocatoria tiene como finalidad cumplir con los procedimientos que marca el proceso legislativo. En la asamblea de hoy se dará primera lectura al dictamen previamente delineado hasta sus últimos detalles en las comisiones legislativas, en donde la llamada Cuarta Transformación también impone su amplia mayoría tolerada por las autoridades electorales –léase Instituto (INE) y Tribunal (TEPJF) del ramo– aunque no conquistada en las urnas.
En el segundo día procederá la segunda lectura y, de inmediato, el debate que ya se sabe quién ganará. A la oposición le quedará el único recurso de prolongar la discusión y llevar a sus contrincantes al extremo del aburrimiento, pues ya se sabe que nada de lo que propongan será adicionado a la ley que será aprobada, sin cambiarle ni una coma, a lo ordenado por el Ejecutivo.
Así quedarán atrás y sólo para le memoria algunos de los éxitos de los organismos condenados a la desaparición.
Sólo como ejemplo, basta mencionar el escándalo de las toallas, popularmente conocido como “toallagate” con la que hizo su presentación ante la sociedad el INAI, entonces denominado IFAI.
Creado el 25 de octubre de 2002, durante el gobierno del primer presidente surgido del PAN, Vicente Fox Quesada –quien ofreció hacer un gobierno austero–, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) dio a conocer el costo de “inflado” de las toallas que usaba la pareja presidencial, a lo que se agregó altos costos en la remodelación de unas oficinas dentro de la entonces residencia oficial de Los Pinos. La primera nota la publicó la reportera Anabel Hernández García que ha ganado más fama con sus trabajos de investigación acerca de los dirigentes del narcotráfico, como su libro “El Traidor”, publicado en 2019.
Otro ex presidente que tomó la bandera de la austeridad fue el tabasqueño, fundador y cacique de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la emprendió contra los organismos autónomos con el pretexto de reducir el gasto del gobierno.
Por ello, se congratuló de que su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, dará continuidad a la política de austeridad republicana, “El gobierno debe ser eficaz y austero, no ensimismarse”, dijo el ex mandatario, al presumir que cuando asumió el poder el presupuesto de la Presidencia era de 3 mil 500 millones al año y él logró reducirlo a 500 millones, “3 mil millones menos por año”.
En cuanto a los organismos autónomos, López Obrador expresó que “la desaparición de los aparatos burocráticos improductivos, sería una muy buena reforma administrativa” con la cual se ahorrarían 100 mil millones de pesos anuales, y no pasaría nada, pues los trabajadores serían reubicados y no despedidos, manifestó.
“Es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo”, y sugirió, “que la función del instituto de la transparencia –INAI– pase a Economía, que el instituto de comunicaciones –IFT– pase a la Secretaría de Comunicaciones. Que todos los institutos, organismos autónomos que tienen que ver con la industria eléctrica –CRE– y con Pemex –CNH–, que pasen a la CFE y a Pemex”, propuso.
En contrapartida, expertos en la materia han señalado que la desaparición de esas instituciones autónomas no generará el ahorro que presumió López Obrador, pues, como él mismo lo señaló, muchos de sus trabajadores continuarán en funciones, aunque en dependencias con otro nombre o sea que continuará el gasto en sus salarios y prestaciones, aunque un poco reducido.
Como lo apuntamos antes, en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, por acuerdo de la Jucopo, los diputados abrirán el debate sobre dicha reforma constitucional al término de la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien acudirá al Palacio Legislativo de San Lázaro para exponer los detalles del Paquete Económico 2025.
Los enterados también han revelado que habrá un posible cambio en lo relativo a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a los cuales se pretende integrar en un solo organismo “antimonopolios” con autonomía técnica, pero no constitucional.
Este eventual cambio (que todavía no se sabe si ha sido autorizado por la jerarquía de la llamada Cuarta Transformación) tendría como propósito cumplir con algunas disposiciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que obligan a los tres países a garantizar la independencia de dichos organismos.
Viene recorte para el INE
Desde antes que se hiciera público el proyecto de presupuesto para 2025 presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE), en los altos niveles de la llamada Cuarta Transformación se advirtió que los cálculos de los consejeros electorales eran muy elevados y que difícilmente serían aprobados.
Como se sabe, la revisión y eventual aprobación del presupuesto federal es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados y, al acercarse la fecha límite para que sea aprobado, crecen las señales de que no se cumplirán los deseos de los consejeros electorales y que los legisladores aplicarán un considerable recorte.
Sobre todo, es de tomar en cuenta que la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que le parece exagerada la petición del Consejo General del INE, que llega a casi 15 mil millones de pesos.
Los consejeros, encabezados por Guadalupe Taddei, han explicado que el aumento estimado del gasto se debe a lo compleja que será el procedimiento para elegir a casi 900 funcionarios del nuevo Poder Judicial Federal, resultado del complicado proceso aprobado por los legisladores federales.
Para poder cumplir con esa tarea, el INE deberá contratar miles de funcionarios y trabajadores temporales, para la cuales se estima que se tendrán que destinar más de seis mil millones de pesos para el pago de salarios y prestaciones.
Debido a que los legisladores coinciden con la presidenta Sheinbaum en que la solicitud presentada por el INE es muy cuantiosa, ya empezaron las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo y, sobre todo, buscar la manera de recortar costos.
Para ello, el coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, sostuvo una entrevista con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Monreal Ávila declaró que pese al recorte que tendrá el INE en el presupuesto para organizar y concretar la elección de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025 se tiene la certeza de que nada impide que se renueve el Poder Judicial de la Federación. Eso sí, precisó que el Presupuesto que piden no “aguanta”, por lo que se acordó que los técnicos del árbitro electoral revisen el presupuesto.
