Universidades deberán trabajar con más alumnos, pero con el mismo presupuesto
Miguel Ángel Rivera lunes 18, Nov 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El fallido recorte a los presupuestos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras instituciones públicas de enseñanza superior puso bajo la atención del público el tema del financiamiento de la educación pública, un sector fundamental para elevar el nivel de desarrollo nacional.
Desde que era candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció gratuidad en los niveles de educación; universalidad en becas para estudiantes de educación básica; aumento de salarios a docentes; apertura de espacios culturales, y el desarrollo de la ciencia como acciones prioritarias de su administración.
En un acto efectuado en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum presentó su proyecto de gobierno “República Educadora, Humanista y Científica”, con el cual dará continuidad a la cuarta transformación.
“La educación no es una mercancía que se compre con dinero. […] La educación no es una mercancía, ni es un privilegio para aquellos que tienen recursos para pagarla. La educación es un derecho, pero además está establecido en el artículo tercero constitucional, su gratuidad y el derecho a la educación”.
La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló en esa oportunidad la importancia de garantizar el acceso a una educación de calidad con visión humanista y científica. Asimismo, explicó que las instituciones particulares no serán eliminadas, sólo serán reguladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Igualmente, la entonces candidata de Morena anunció que propondrá un programa universal en el nivel básico. De esta manera, los estudiantes podrán comprar útiles escolares, uniformes o materiales.
Una cosa es prometer y otra cumplir.
Esto porque al conocerse el proyecto de Presupuesto Federal para el año venidero, se descubrió que es poco el dinero destinado a cumplir las promesas de la ahora presidenta de la República.
Por ejemplo, los especialistas advirtieron que, en vez de aumentar, se recortaban los presupuestos de la UNAM, del IPN y de otras instituciones públicas de educación superior.
Uno de los primeros en inconformarse fue el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien advirtió que con esa disminución de recursos se ponía en peligro la calidad de la educación —esto no es exageración, la UNAM según varios índices, está entre las mejores 100 del mundo— y las becas de miles de alumnos de escasos recursos, con lo cual se ponía en duda el principio que tanto presume el oficialismo de que “primero los pobres”.
La Secretaría de Hacienda, conducida por Rogelio Ramírez de la O, reaccionó de inmediato y anuncio que el referido recorte había sido un error, que se subsanaría junto con las comisiones de la Cámara de Diputados, encargadas de dictaminar el presupuesto federal.
La llamada Cuarta Transformación no ha cumplido
con el aumento de recursos para la educación
Si bien, en lo relativo al presupuesto para al año venidero, la situación se ha corregido, este incidente hizo ir a revisar cuentas de años anteriores, lo que ha puesto en evidencia que la llamada Cuarta Transformación no ha cumplido sus promesas de ampliar presupuestos para mejorar la educación pública.
Esto no es propaganda de la oposición, pues la limitación de dinero para las instituciones públicas de enseñanza superior (IES) es reconocida inclusive por organismos que forman parte del gobierno nacional, como es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Un documento de ese organismo, publicado en abril del presente año, pone en evidencia la limitación de recursos que padecen las IES.
Para empezar, el documento de la Cámara de Diputados recuerda que “en los últimos años”, el sistema de educación superior se ha diversificado, buscando ajustar el desequilibrio existente con su oferta.
“Además, para ello se efectuaron cambios a su marco jurídico.
Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas federales, que comprenden a las Universidades Federales, la UNAM, el IPN y la UAM, y a los institutos Tecnológicos, entre otras instituciones, dependen directamente del gobierno federal, por lo que reciben recursos públicos para su funcionamiento, pero las universidades autónomas y las instituciones estatales, conforme lo estatuye la nueva Ley General de Educación Superior (LGES), además de los recursos federales, dependen de las aportaciones de los gobiernos estatales y de recursos propios.
“Sin embargo, se ha observado que los subsidios federales representan casi la totalidad del presupuesto de las Universidades Públicas y las IES, en especial, las estatales, no alcanzan a cubrir, las metas que se proponen en la reforma educativa, con esos recursos.
“Con la entrada en vigor de la nueva LGES se abrogó la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, y marcó el punto de partida para que las autoridades, las instituciones educativas y las comunidades académicas, coordinen sus acciones para instrumentar las obligaciones y los compromisos que se establecen en ella, con el propósito de ampliar el acceso y mejorar los servicios educativos de este nivel.
“En este contexto, la presente nota tiene como propósito revisar la evolución de los recursos aprobados para “Educación Superior” en el periodo de 2018- 2024, desde la Clasificación Funcional del Gasto Programable; así como destacar los principales cambios legales y normativos presentados con la reforma educativa para las IES”, dice el documento que, también, recuerda que con su “reforma educativa”, la llamada Cuarta Transformación adquirió el compromiso de ofrecer educación superior para todos.
El documento agrega que “la declaratoria de que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, y el estatuto de la gratuidad de la educación impartida por el Estado establecidos en el artículo 3º constitucional, son el mayor reto del “Sistema de Educación Superior”, pues implica: ampliar su cobertura; disminuir la inequidad en su acceso; elevar su calidad; consolidar a las IES, y dotarlas del financiamiento necesario para el logro de las metas”.
Actualmente, detalla, la cobertura es de alrededor de 42 por ciento, por lo que tal cumplimiento será necesariamente gradual.
En seguida, revisa los presupuestos destinados a educación desde que la llamada Cuarta Transformación ascendió al poder.
“En 2018, el presupuesto asignado a Educación ascendió a 710 mil 306.6 millones de pesos (mdp), y para el actual ejercicio fiscal de 2024, la Cámara de Diputados aprobó un monto de un billón 32 mil 621.4 mdp, lo que implicó un incremento anual promedio de 1.4 por ciento real, mientras frente al aprobado en 2023, el actual presupuesto es mayor en 4.3 por ciento real.
También menciona que “la evolución presupuestal de Educación Superior muestra que en los años 2019 y 2024 se registraron incrementos importantes en el presupuesto aprobado y en el resto de los años disminuciones, que se explican (2020-2022) por la doble crisis (sanitaria/económica) que tuvo presencia a nivel internacional a consecuencia de la pandemia de Covid-19”:
Con relación al gasto de Educación Superior en el periodo de estudio, dice el documento CEFP, el presupuesto “se ha mantenido contaste a lo largo del periodo, pues la tasa de crecimiento resultó de 0.1 por ciento en promedio anual.
Más adelante, el CEFP señala que “los recursos aprobados se han mantenido constantes a lo largo del periodo, pues la tasa de crecimiento promedio anual fue neutra. El presupuesto aprobado para el actual ejercicio 2024 aún se ubica marginalmente por debajo de lo que se aprobó en el ejercicio fiscal de 2018”.
Para el año venidero, la situación no se aprecia mejor. De acuerdo con los últimos reportes, luego que se corrigió el “error”, respecto a la UNAM y el IPN, el aumento para las instituciones de educación superior, será de 3.5 por ciento, apenas suficiente para cubrir los efectos de la inflación.
Así que no habrá aumento real, aunque crece el número de aspirantes a ingresar.
En este caso, tampoco tiene la actual administración pública el recurso de culpar de todos los males a los anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales”, pues ya impuso su (contra) “reforma educativa”.
Otra deuda pendiente de la llamada Cuarta Transformación.
