Los Ángeles acelera ordenanza para ser ciudad santuario para inmigrantes

Mundo lunes 18, Nov 2024

 

Panorama incierto para indocumentados en EU

 

• Trump ha prometido mano dura contra la inmigración, como nunca antes

 

 

El ayuntamiento de Los Ángeles, California, busca acelerar una ley que prohíbe a las autoridades locales colaborar con inmigración, protegiendo así a inmigrantes indocumentados de futuras políticas federales, tras el triunfo del presidente electo Donald Trump.

La iniciativa, que prohibiría la cooperación de la ciudad con las autoridades federales de inmigración, busca salvaguardar los derechos de la población inmigrante de la ciudad, limitando el acceso de agencias como ICE a las bases de datos locales.

Además, prohibiría el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley migratoria. La ordenanza para que Los Ángeles sea ciudad santuario fue aprobada el año pasado, pero su implementación ha sido retrasada por una prolongada revisión legal.

Sin embargo, ante la llegada de una nueva administración presidencial, los líderes locales han decidido acelerar el proceso para que esta medida entre en vigor lo antes posible.

Hugo Soto-Martínez, miembro del ayuntamiento, también pidió al presidente Biden renovar los programas de protección para inmigrantes, sobre todo para los provenientes de Centroamérica, quienes ahora enfrentan un panorama incierto al buscar refugio.

Mientras tanto, manifestantes se reunieron en el centro de Los Ángeles para exigir al ayuntamiento adoptar la ordenanza que evite la cooperación con la ley federal de inmigración, convirtiendo oficialmente a la ciudad en un refugio seguro para inmigrantes.

Los manifestantes buscan ejercer presión para que la ciudad cumpla con su promesa y brinde mayor seguridad a las comunidades inmigrantes y las ayude a protegerse ante la amenaza de políticas de deportación masiva que el nuevo gobierno podría implementar.

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom convocó a una sesión especial de emergencia, con el objetivo de preparar una respuesta integral a posibles políticas de la administración Trump que pudieran impactar a los inmigrantes, los derechos civiles y otros temas clave.

Newsom enfatizó que la sesión abordará áreas como la protección de los derechos civiles, la libertad reproductiva, la acción climática y el apoyo a las familias inmigrantes. “California está lista para luchar. No retrocederemos en nuestros valores”, afirmó.

Trump pretende retirar la protección
para los migrantes de países en crisis

Aunque su retórica de línea dura sobre la inmigración ilegal se remonta a su primera campaña, uno de los objetivos del presidente electo Donald Trump esta vez es un programa que lleva décadas proporcionando un estatus legal temporal a cerca de un millón de inmigrantes procedentes de países peligrosos y con graves problemas, como Haití y Venezuela.

Conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el programa fue promulgado por el presidente George Bush para ayudar a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y que no pueden regresar de forma segura e inmediata a su país debido a una catástrofe natural o a un conflicto armado.

Pero para algunos inmigrantes, el programa, que les permite trabajar legalmente, se ha convertido en algo casi permanente, un reflejo de lo agitados que están muchos rincones del mundo y de lo poco que ha hecho el Congreso para adaptar el sistema de inmigración estadounidense a las realidades de la migración mundial en el siglo XXI.

Unas 200,000 personas con TPS proceden de Haití, una nación insular con problemas desde hace mucho tiempo, donde el asesinato del presidente en 2021 provocó el colapso del gobierno y la matanza de miles de personas a manos de pandillas que ahora controlan gran parte del país. Los haitianos se han convertido en el centro de las amenazas de Trump de acabar efectivamente con el programa después de que él y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, difundieran falsos rumores de que los haitianos que se han asentado en Springfield, Ohio, estaban secuestrando y comiéndose animales domésticos.

Nombramientos confirman mano dura en migración

El presidente electo ya anunció que Thomas Homan, quien dirigió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer mandato de Trump, gestionaría la política fronteriza de la Casa Blanca. También seleccionó a la gobernadora Kristi Noem de Dakota del Sur, una aliada clave, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Además, nombró como jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, quien desempeñó un papel decisivo en la mano dura contra la inmigración durante el primer mandato del republicano.

El secretario de Seguridad Nacional decide si las condiciones de un país determinado justifican la concesión del estatus de protección a sus nacionales. El estatus dura entre seis y 18 meses, y puede renovarse indefinidamente, siempre que las condiciones lo justifiquen.