Morena, dispuesta a ampliar la prisión preventiva, aunque viole derechos humanos
Miguel Ángel Rivera jueves 14, Nov 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Después del “exitoso” montaje realizado en el Senado por los altos mandos de Morena, para intentar justificar la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, los diputados de la mayoría oficialista (Morena-PT-PVEM) no se quisieron quedar atrás, por lo que iniciaron otra escenificación para justificar la ampliación de la lista de delitos sobre los que se debe aplicar la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) o sea encarcelar a personas a las que no se les ha comprobado haber cometido un crimen.
Al abrir el debate acerca de ese tema, el presidente de la Cámara de Diputados, el “moreno” Sergio Carlos Gutiérrez Luna, hizo una síntesis de la iniciativa generada por el Poder Ejecutivo federal:
“El presente dictamen incorpora la facultad al juez para ordenar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en los casos de extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, y defraudación fiscal, así como el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales”.
En ese momento, se esperaba –como ocurrió– un largo y enconado debate, aunque también ya se avizoraba el final: Morena y rémoras impondrían su amplia mayoría y la reforma se aprobaría.
Eso sí, la simulación quedó en evidencia desde antes de iniciar la sesión de los diputados, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anticipó a los reporteros que, a final de cuentas se retiraría de dicha reforma —enviada por el ex presidente López Obrador, en febrero de este año— los delitos de defraudación fiscal y narcomenudeo. Cien contra uno a que así ocurrirá al final de la que se espera otra prolongada asamblea.
Uno de los argumentos centrales de la oposición consiste en que al decretarse la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) se viola el principio universal de Derecho de que nadie es culpable y, por consiguiente, no puede ser sancionado, mientras no se demuestre su responsabilidad.
Al respecto, se recordó que la PPO contraviene tratados internacionales firmados por México, pero ya se sabe que de conformidad con las más recientes modificaciones a la Constitución General de la República impuestas por la mayoría oficialista para complacer a Ya Saben Quién (YSQ) esos convenios ya no tienen el mismo valor que los artículos constitucionales. En toda circunstancia prevalece lo que ordena la llamada Carta Magna.
Lo que los diputados oficialistas no atendieron es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la Prisión Preventiva Oficiosa es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Esto ocurrió después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia en el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México. En la misma se analizan dos figuras fundamentales en el procedimiento penal mexicano: el arraigo y la prisión preventiva.
Ambas figuras fueron declaradas respectivamente total y parcialmente incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), advierte un artículo del jurista Carlos M. Pelayo Moller, publicado en Agenda/Estado de Derecho.
El 12 de enero de 2006, los señores Tzompaxtle y el señor Robles fueron detenidos cuando viajaban con otras dos personas en un automóvil en carretera. Ellos fueron incomunicados y no recibieron información sobre los motivos de la detención.
Posteriormente, el 18 de enero de 2006, les fue dictada una orden de arraigo por noventa días. Luego, el 17 de abril de 2006 se les dictó prisión preventiva por el delito de terrorismo. Los acusados resultaron absueltos del delito imputado, pero condenados por el delito de cohecho.
Dado que el Estado reconoció expresamente su responsabilidad internacional respecto a los hechos ocurridos en contra de las víctimas del caso, la litis se centró en la compatibilidad de las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa tal como están previstas en la Constitución mexicana con la CADH.
Más determinante fue la sentencia de la Corte IDH que ordenó reparar los daños ocasionados a Tzompaxtle Tecpile y asociaciones, además de que ordena a México eliminar arraigo y modificar prisión preventiva.
Ese caso fue la décima segunda ocasión que la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones de derechos humanos.
“Cumplir con lo ordenado por la Corte IDH es una obligación legal vinculante y un paso necesario para eliminar prácticas que violan derechos humanos y socavan la efectividad del sistema penal mexicano”, dice la nota de WOLA.
“Sin embargo, preocupa que el cumplimiento de la sentencia se enfrente a resistencias, sobre todo en el contexto actual de estigmatización hacia el poder judicial y defensa del sobreuso de la prisión preventiva por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, agrega el documento.
Por si eso no fuera suficiente para frenar la aplicación de la PPO, los diputados de la oposición dieron muchos y bien fundamentados argumentos para no sólo impedir que aumente el catálogo de delitos en los que se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa, sino inclusive para eliminar ese recurso que viola los derechos humanos.
Para empezar, la diputada emecista Laura Irais Ballesteros Mancilla, presentó una moción suspensiva que, por supuesto, fue desechada por mayoría de votos.
La legisladora de oposición alegó que “las cárceles están llenas de pobres, de mujeres y de inocentes. Y ustedes, la mayoría oficialista de Morena, en lugar de solucionarlo con una visión de justicia no punitiva, de construcción de paz, vienen a reforzar la fórmula del viejo régimen, demostrando que no sólo son iguales, son peores. Morena ha extraviado el camino y la gente, el pueblo, se los va a cobrar.
“Movimiento Ciudadano le hizo una promesa a la niñez y a las juventudes, a los 6.5 millones de personas que nos dieron su confianza en el pasado proceso electoral y a quienes no encontraron en las opciones de la política tradicional una alternativa. Vamos a trabajar por su futuro, por que exista un país que les permita existir, ser felices, y eso se consigue protegiendo los derechos humanos de todas las personas y manteniendo a raya el abuso de poder. Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Ya bien lo decía Molotov en una de sus canciones más famosas: Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a… Y ustedes se la saben muy bien.
“Por eso mismo, no creemos que lo que ustedes quieren el día de hoy aprobar vaya a generarle futuro a las nuevas generaciones. Es excesivo, fuera de proporción y violento para las juventudes, para las mujeres, las cárceles están llenas de ellos. Por eso es hora de llamar a la razón a ustedes, la mayoría en el poder. Porque tienen que hacerse responsables de las decisiones que están tomando. Hoy quieren aprobar una medida autoritaria que criminaliza a las personas y que no sirve para combatir la delincuencia”.
“Ya no sorprende la versión vieja del viejo régimen que representan hoy, pero sí sorprende que no entren a la reflexión. Si la militarización no funciona, la redoblan; si la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, la Nacional, no funciona, la reeligen; si la prisión preventiva no funciona, la redoblan y le meten acelerador. Ya nada más les falta decir: arriba y adelante. Porque sí, sí son hijos del PRI”, les reprochó la emecista a los diputados oficialistas.
Al abrirse el debate, también por MC, Pablo Vázquez Ahued destacó: “Hoy casi 100 mil personas, que ante la Constitución se presume que son inocentes en nuestro marco jurídico, dormirán, sin embargo, en una cárcel bajo la figura de Prisión Preventiva Oficiosa.
“Esta reforma, que plantea ampliar el catálogo de delitos una vez más, que ameritan prisión preventiva oficiosa, seguirá incrementando los costos humanos, pero también debe abordarse desde la perspectiva de los costos para el Estado mexicano y de los costos para el futuro de México”, agregó el legislador.
También dijo que, “de toda la población privada de su libertad, 45 % lo está bajo la figura de Prisión Preventiva Oficiosa sin una sentencia” y, al igual que otros diputados de oposición, destacó que los más afectados son los pobres que Morena dice proteger.
