Diputados oficialistas dispuestos a recortar presupuesto que pide el INE
Miguel Ángel Rivera lunes 11, Nov 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Día a día se confirma que muchas de las reformas promovidas en este año por la llamada Cuarta Transformación no fueron bien diseñadas y ni siquiera leídas por los diputados y senadores que las aprobaron.
Las fallas y omisiones fueron puestas en evidencia desde lo más alto del gobierno federal. Nada menos que por la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Al parecer, antes de llegar a la Presidencia de la República, la ahora jefa del Ejecutivo fue una de las personas ajenas a los detalles de la reforma ideada por su promotor y guía, Andrés Manuel López Obrador. Tal vez no tenía tiempo, pues estaba dedicada a su campaña, por lo que para ella había otros asuntos de mayor interés.
El hecho es que, cuando Sheinbaum asumió el poder empezó a percatarse de esas minucias y, todavía más, ahora que se acerca la fecha de vencimiento para que su gobierno presente a la Cámara de Diputados el presupuesto federal para el año venidero, el cual deberá incluir la partida solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Por cierto, contra el “ahí se va” de la llamada Cuarta Transformación, la Suprema Corte de Justicia a la que tanto se empeñan en desaparecer para cumplir los caprichos de su fundador fue una de las instituciones que advirtieron a tiempo acerca del elevado costo de la elección de sus sustitutos y del resto de los nuevos juzgadores.
El estudio, titulado Análisis de la Iniciativa de Reforma al Poder Judicial en México, los especialistas del Poder Judicial Federal (la Suprema Corte incluyó un texto en donde aclara que el documento no refleja una posición institucional, sino que “constituye un análisis académico realizado por las personas integrantes del Centro de Estudios Constitucionales”) advierten:
“Es importante enfatizar que la elección de personas juzgadoras no asegura la calidad en su desempeño y en sus decisiones. Por lo tanto, los jueces electos no son —como erróneamente se pudiera creer— garantía de legitimidad asegurada. Por lo contrario, la desaparición de los concursos de oposición y la probable ausencia de experiencia y/o formación judicial puede derivar en un desempeño y toma de decisiones deficientes que no resuelvan los problemas actuales de credibilidad institucional que pretende atender la reforma.
“En este sentido, es posible conceder que la elección tiene el potencial de dotar de legitimidad inicial a las personas electas, pero las condiciones previstas serán, muy probablemente, insuficientes para sostener su legitimidad en el mediano o largo plazo. Un esquema intermedio podría consistir en abrir todos los concursos de oposición al público en general, como ocurrió recientemente con los concursos de oposición para designar a los nuevos jueces laborales”.
Más adelante, respecto a los problemas que derivarían de la reforma y de la elección por voto popular de los juzgadores, el estudio de la Suprema Corte entra directamente al tema del costo de la elección:
“La iniciativa propone la elección vía voto popular de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y magistradas de circuito, jueces y juezas de distrito, magistrados y magistradas locales, jueces y juezas locales, magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados y magistradas del Tribunal Electoral…
“…La realización del proceso electoral para elegir juzgadoras y juzgadores representará un altísimo e innecesario costo para el erario (subrayado mío). De acuerdo con la organización civil Laboratorio Electoral, “el presupuesto electoral para 2024 es de $60,451,351.931”. En el proceso electoral de 2024 se disputaron poco más de 19,000 puestos de elección popular. En el caso de la elección de la judicatura nacional, se tendría que elegir alrededor de 7,000 cargos de un universo de más de 40,000 personas candidatas.
“El costo del proceso sería de alrededor de la mitad del costo de las elecciones federales. Se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras, que garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado.
“La remoción de las personas juzgadoras actuales puede derivar en altos costos asociados a conflictos legales y el pago de indemnizaciones y derechos adquiridos. La propuesta de destituir a todas las juzgadoras y juzgadores (alrededor de 7,000) en un mismo momento genera un alto riesgo de que presenten demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría un importante costo para indemnizarles por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos.
“Por otro lado, existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales sufra despidos injustificados. Es probable que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo o con base en otros criterios políticos”.
En pocas palabras, la Suprema Corte de Justicia puede alegar el clásico “se los dije”. Pero como en las altas esferas de la llamada Cuarta Transformación no se atendió a ninguna voz que no coincidiera con la de Palacio Nacional, la voz de alarma fue desatendida.
Para el próximo año, el INE planteó en principio un presupuesto total de 40 mil 474 millones de pesos, lo que representa un incremento del 35 por ciento en comparación con lo recibido en 2024.
El proyecto incluía 15 mil 295.8 millones de pesos para las actividades ordinarias del INE y proyectos especiales. Además, el instituto ha destinado un presupuesto precautorio de cuatro mil 620 millones de pesos para una eventual consulta popular y solicita 13 mil 205 millones de pesos específicamente para la organización de elecciones del Poder Judicial.
A estos montos se suman siete mil 354 millones de pesos aprobados recientemente para el financiamiento de partidos políticos en 2025.
Ante esto surgieron las primeras voces de inconformidad. Por lo que los consejeros del INE decidieron ajustar su proyecto de presupuesto.
A final de cuentas, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad, en lo general, el presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2024, por un monto de 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos.
Este monto no incluye el financiamiento público de los partidos políticos, ya que fue aprobado por separado y refleja el recorte de 5 mil 003 millones 205 mil 906 pesos aprobado por la Cámara de Diputados.
Los consejeros explicaron que no podían posponer la discusión de dicho presupuesto, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijó el 5 de noviembre de 2024, como fecha límite para entregar la propuesta del órgano constitucional autónomo
Estas cifras fueron las que hicieron sonar la alarma en Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum dijo que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025.
“El año pasado hubo gasto de partidos políticos, gasto de campañas, todo ese financiamiento, ¿Cómo que más recursos en el 2025 que lo que gastaron en el 24?”, criticó Sheinbaum en su conferencia mañanera.
Señaló que la cifra que se maneja, de 13 mil 500 millones de pesos está muy arriba del programado de alrededor de 7 mil millones de pesos.
“¿No se había dicho 7 mil?” señaló la mandataria al recordar la cifra inicial que supuestamente compartió la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
“Vamos a seguir insistiendo (en disminuir el costo de la elección judicial). (La Secretaría de Gobernación) ha hablado con la Secretaría de Hacienda, no debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México y hay manera de reducir los costos”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Se puede apostar doble contra sencillo a que el presupuesto será recortado por los diputados oficialistas para dejarlo al gusto del Ejecutivo, como lo hicieron hace un año a pesar de que estaban pendientes las elecciones federales que incluían miles de otros cargos.
