En EU, todo incierto; en México, una realidad el control absoluto de la 4T
Miguel Ángel Rivera miércoles 6, Nov 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Todavía muy cerca de las 19 horas, al cierre de esta columna, el colega Joaquín López-Dóriga, destacado por Radio Fórmula en Washington, la capital de los Estados Unidos pregonó que dar una tendencia favorable acerca de las elecciones presidenciales en la vecina nación carecen de sustento.
Lo que no está todavía en el aire es lo sucedido en México, donde la Suprema Corte de Justicia admitió que carece de facultades para frenar una reforma constitucional, así se trate de su propia extinción, al menos, en la forma como estamos acostumbrados a verla, pues en adelante dependerá, como cualquier otra dependencia, de lo que decida su vecina, apenas al otro lado de la calle, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, si es que confirma que ella es la que manda en la llamada Cuarta Transformación.
También es un hecho que todas las fuerzas políticas del país respaldaron una nueva reforma constitucional para asegurar a las mujeres la total igualdad. Sus derechos quedaron plasmados en la ley, falta que se apliquen en la vida cotidiana.
De cualquier forma, resulta notable esa unidad de criterios en todos los partidos, la cual se plasmó en la Cámara de Diputados donde, el pleno aprobó los cambios a la Carta Magna en lo general y lo particular, con 468 votos a favor y cero en contra. Es de destacar que ni siquiera hubo alguna abstención.
En síntesis, los cambios a la Constitución General de la República comprenden la llamada igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.
La reforma ordena que el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho de igualdad sustantiva de las mujeres y que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, por lo que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes y niñas.
Igualmente, la referida reforma establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública también se regirá por el principio de perspectiva de género, además de que los nombramientos de las personas titulares en las dependencias del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades, deberán observar el principio de paridad de género.
También dispone que las leyes deben crear y reglamentar los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género, así como que las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias contra las mujeres.
Como mencionamos, la que viene es el aumento de los recursos destinados a los centros de refugio y asistencia a las víctimas de violencia doméstica. Esto significa revertir la política que aplicó la misma llamada Cuarta Transformación, pues la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador redujo sustancialmente el presupuesto para las casas donde se asila a las mujeres.
Al respecto, es de recordar que la Red Nacional de Refugios, organización que agrupa a las asociaciones civiles dedicadas a dar albergue, denunció el recorte aplicado por el gobierno “moreno” al presupuesto para refugios de mujeres, siempre con el repetido pretexto de combatir corrupción y de aplicar la austeridad.
De acuerdo con nota publicada por el portal Animal Político en diciembre de 2019, en febrero anterior, el ex presidente López Obrador ordenó no entregar dinero a organizaciones sociales y se suspendió la convocatoria de los refugios. Pero eso se convirtió en uno de los primeros tropezones de este sexenio, ante la lluvia de críticas y advertencias de que se ponía en riesgo de muerte miles mujeres, refiere la misma fuente.
Uno de los argumentos para el recorte es que para atender el problema no era necesario dar efectivo directamente a las afectadas, porque si una mujer huye de su casa porque un hombre está a punto de matarla, lo que necesita es protección inmediata, no dinero. Otro argumento fue que el Estado no era capaz de absorber esa responsabilidad porque la mayoría de refugios —como en todo el mundo— pertenece a asociaciones civiles.
En el mismo año, ya en noviembre, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero —quien ahora es diputada y votó a favor de la reforma constitucional— aseguró que, no obstante tales versiones, se seguiría trabajando con asociaciones.
“Los refugios los seguimos operando también con sociedad civil, vamos juntos gobierno y sociedad civil, el tema de la Puerta Violeta es un claro ejemplo de que vamos precisamente en materia de refugios y de atención a toda la violencia, sociedad civil y gobierno”, dijo la ex funcionaria.
Ayer, cuando las fracciones parlamentarias expusieron sus motivos para respaldar las reformas en beneficio de las mujeres, la legisladora panista Kenia López Rabadán dijo que votarían a favor de la iniciativa, ya que refrenda el compromiso de Acción Nacional con la defensa de los derechos de las mexicanas, poniendo en el centro de las decisiones el bienestar de las personas, siendo un partido humanista que impulsa los derechos humanos.
Lilia Aguilar, del oficialista PT, indicó que la minuta presentada por la presidenta Sheinbaum responde a una transformación institucional y calificó a la reforma como la más trascendente, pues ayudará a millones de mujeres.
A su vez, la diputada del PRI Marcela Guerra advirtió que esta reforma se alinea con el compromiso de la agenda 2030 para atender la igualdad de género, y reducir las desigualdades, por lo que votarán a favor porque están con las mujeres, y buscarán que estas avancen en todos los sectores y materias, destacando que es el momento de las mujeres.
La ex candidata presidencial y ahora diputada de MC, Patricia Mercado, expuso que la reforma constitucional permite reestructurar la política económica de manera paritaria. Recordó que, cuando se inició la lucha por la paridad de género, se tuvo como objetivo no solo la ocupación de las mujeres en cargos de decisión, sino en su empoderamiento económico.
En cuanto a la decisión de la Suprema Corte de admitir que no tiene facultades para detener las reformas constitucionales, ya se puede dar por hecho lo que afirmó la presidenta del máximo tribunal, la ministra Norma Piña Hernández, en el sentido de que “sea cual sea la decisión, pasará a la historia”:
“Como presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerle saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciemos”
“Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que, cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten, estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución de la República”, afirmó.
Facilidades a jóvenes menores de 30 años para adquirir vivienda
En consonancia con las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión para promover la vivienda popular, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI) se pronunció a favor de otorgar mayores facilidades a los jóvenes menores de 30 años para adquirir vivienda nueva.
Emilio Rojas Cobián, presidente nacional de este organismo con presencia en todo el país, dijo que actualmente los jóvenes mexicanos casados o que viven en unión libre, en la mayoría de los casos no cuentan con una vivienda propia y pagan rentas muy altas que afectan sensiblemente su economía.
Lo anterior, debido a la escasez y alta demanda de vivienda de alquiler en las principales ciudades del país, en donde las rentas oscilan entre los 10 mil a 30 mil pesos mensuales. La mayoría incluso lejos de sus centros de trabajo.
Ocurre lo mismo para los casos en los que estos pretenden adquirir una vivienda propia. La escasez de esta ha hecho que los costos de una casa promedio va de los 450 mil a los 3 millones de pesos.
Si estimamos que el sueldo promedio de un joven es de 4 mil 500 a 12 mil pesos, estos sólo pueden acceder a una vivienda de un monto de un millón de pesos, la cuales se ubican en lugares lejanos a sus centros de trabajo, con malos servicios municipales y pocas o muy congestionadas vías de comunicación, dijo el dirigente empresarial.
