Ante el crecimiento de la deuda pública, recomiendan una reforma fiscal
Miguel Ángel Rivera lunes 4, Nov 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Una de las muchas promesas que no cumplió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de no aumentar la deuda pública.
Ahora el pago de esa deuda, al menos de los intereses, le corresponde a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un enorme peso que pone en duda la capacidad de construir el anunciado segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. De hecho, todavía quedan pendientes importantes sectores por los cuales no se puede dar por concluido ni el primer piso.
El aumento no es una invención de los opositores del gobierno de Morena y sus rémoras, sino que se encuentra en documentos oficiales, como un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), en el cual se da cuenta de que “otro factor de presión para las finanzas nacionales es la deuda bruta del sector público federal que se incrementó en 2.65 billones de pesos, 14.4%, en términos reales, entre el cierre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024
“Al séptimo mes de 2024, la Deuda Bruta del Sector Público ascendió a 17 billones 142 mil 168.4 millones de pesos, de los cuales, 13 billones 35 mil 664.0 millones de pesos fueron contratados en el mercado interno, principalmente por el gobierno federal, que registra 94.0 por ciento de dicha deuda interna, mientras que la banca de desarrollo y las empresas productivas concentran el 3.0 por ciento de la deuda interna en cada caso. Por otra parte, el saldo total de la deuda externa asciende a 219 mil 813.1 millones de dólares, de los cuales 96.9 por ciento se encuentra contratado a largo plazo. Es importante destacar que 57.3 por ciento de la deuda externa se asocia con el gobierno federal, 39.5 por ciento a las Empresas Productivas del Estado y 3.2 por ciento con la Banca de Desarrollo.
“Por su parte, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) se situó en 16 billones 305 mil 239.7 millones de pesos, lo que significó un aumento de dos billones 217 mil 992.1 millones de pesos respecto al saldo registrado en julio de 2023, cuando la deuda ampliada ascendía a 14 billones 87 mil 247. Millones de pesos”.
Estas cifras marean y, para los no especialistas, dicen poco. Por eso es necesaria una comparación. Por ejemplo, es necesario recordar que el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para el presente año de 2024 ascendió a 9.06 billones de pesos, monto que implica un incremento de 4.3% respecto del aprobado para 2023 y representa 26.4% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, todo lo que produce el país en un año.
Alguien que sí sabe de estas cifras son los especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que han dado la voz de alarma acerca de los riesgos que implica el aumento de la deuda contratada por el anterior gobierno y heredado a su sucesora.
El mencionado Instituto advirtió que a poco más de una semana la presentación del Paquete Económico 2025 (la fecha límite es el 15 de noviembre) el escenario se presenta con nubarrones para los mexicanos el próximo año, pues el gobierno federal ha tenido “un crecimiento desproporcionado del gasto” del doble de sus ingresos, que ha provocado un boquete en el presupuesto del orden de 413 mil 800 millones de pesos.
Agrega que “el desbalance en el gasto, la deuda, el desplome de ingresos petroleros así como un aumento de sus obligaciones financieras, se presenta como un coctel riesgoso para las finanzas públicas, por lo cual si no se establecen medidas urgentes, entre ellos una reforma fiscal y la focalización de programas sociales que solo beneficien a las personas que más los necesitan, no se descartan recortes que pueden comprometer la provisión de bienes y servicios públicos a la población”.
Propone una reforma fiscal, que no desea el gobierno federal
En su análisis, titulado “Hacienda en la Mira al tercer trimestre de 2024”, el IMCO detalla que lo anterior se deba a que, entre enero y septiembre de 2024, los ingresos del sector público aumentaron en 428.8 mil millones de pesos (mmdp) respecto al mismo periodo de 2023.
Eso es lo bueno, lo malo es que “el gasto creció más, con un incremento de 842.6 mmdp. Este crecimiento desproporcionado del gasto se reflejó en un deterioro de los principales indicadores de la postura fiscal del sector público federal, así como en un incremento de sus obligaciones financieras.
El gasto del sector público, indica el IMCO, experimentó su mayor expansión en los últimos 16 años al crecer 9.1%: la mayor tasa de crecimiento anual real para un periodo enero-septiembre desde 2008 (13.1%).
Este “gasto desproporcionado” se debe principalmente al gasto corriente, subsidios, transferencias e inversión física que ha realizado el gobierno federal.
Al respecto, refiere que en los primeros nueve meses de 2024, el sector público reportó un gasto neto total de 6.71 billones de pesos: monto 9.1% (842.6 mmdp) mayor, en términos reales, al reportado en el mismo lapso de 2023 (5.86 billones de pesos).
Este incremento se atribuye, principalmente, al crecimiento de tres conceptos: Gasto corriente (excluye subsidios y transferencias). El gasto en servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales creció 7.5% real, al pasar de 2.48 a 2.79 billones de pesos.
Los subsidios y transferencias del gobierno aumentaron 12.5% al pasar de 874.9 mmdp a 1.03 billones de pesos, así como a inversión física. La inversión en infraestructura se incrementó 16.6% al pasar de 664.6 a 811.9 mmdp.
Pero eso no es todo, advierte el organismo especializado, pues a esta situación, que de por sí ya es complicada, se suma la caída de ingresos petroleros del Gobierno Federal (no incluyen los ingresos propios de Pemex) entre enero y septiembre de 2024 por un total de 133 mil 400 millones de pesos.
Los ingresos petroleros registraron una caída de 57.5% en términos reales en comparación con los obtenidos en el mismo periodo de 2023, donde pasaron de 240.7 a 107.3 mil millones de pesos (mmdp). Esta reducción se explica por una menor tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) y otros estímulos fiscales a la petrolera.
Como apuntamos al inicio de esta columna, “otro factor de presión para las finanzas nacionales es la deuda bruta del sector público federal, que se incrementó en 2.65 billones de pesos, 14.4%, en términos reales, entre el cierre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.
El estudio confirma que la deuda bruta del sector público federal al 30 de septiembre, (incluye al gobierno federal, Pemex, CFE y la banca de desarrollo), este año se disparó a 17.74 billones de pesos, es decir, 2.65 billones de pesos, 14.4% mayor en términos reales, al observado nueve meses antes (31 de diciembre de 2023), cuando fue de 15.09 billones de pesos.
Como solución, el IMCO propone una reforma fiscal, recurso que ha sido rechazado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, tanto en la administración anterior como en la actual, debido a que, en la práctica, se traduce en un aumento de impuestos, lo cual le restaría popularidad, algo inimaginable, sobre todo en una etapa de reformas que supuestamente responden a un mandato popular.
La otra acción que sugieren los especialistas del Instituto consiste en “focalizar” los programas sociales para que beneficien solo a las personas que más los necesitan, así como revisar la cancelación de impuestos en las que incurre el Gobierno mexicano por concepto de estímulos fiscales, tratamientos y regímenes especiales en el pago de impuestos federales.
Asimismo, el IMCO propone reorientar el gasto hacia proyectos de infraestructura que impulsen el crecimiento económico a largo plazo y que, al hacerlo, incidan en la recaudación de ingresos tributarios.
Esto también resulta muy difícil de poner en práctica, pues las obras insignia del ex presidente López Obrador, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el sistema Transístmico y la refinería de Dos Bocas, hasta ahora no reportan utilidades, por el contrario, requieren importantes gastos para operación.
Alarma el informe dado a conocer por las Fuerzas Armadas: durante la pasada administración, entre 2019 y hasta el 30 de septiembre del presente año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró mil 543 agresiones contra personal militar.
El saldo de estos enfrentamientos fue de mil 182 presuntos agresores fallecidos y 241 heridos; así como de mil 229 personas detenidas en ese lapso.
