La llamada 4T “descubre” que la elección de jueces será muy costosa
Miguel Ángel Rivera viernes 1, Nov 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Al paso que la llamada Cuarta Transformación avanza a toda velocidad para ejecutar su venganza en contra del Poder Judicial por no aprobar todos sus cambios a las leyes, se comprueba que la llamada reforma judicial tiene muchas deficiencias y vacíos que no fueron previstos.
Nada menos, ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —que no es autora de los cambios, pero los respalda plenamente— exhibió una de las faltas de previsión del o los autores de esas reformas a la Constitución y a sus leyes reglamentarias que, eso sí, han sido tramitadas a toda prisa, tanto por las dos cámaras del Congreso de la Unión como por los congresos de las entidades federativas, pues es de recordar que las reformas a la Carta Magna deben ser ratificadas por la mitad más una de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
Ese trámite se cumplió a toda carrera, en algunos casos en sólo unos cuantos minutos, pues ninguno de los congresos de las entidades gobernadas por Morena o sus aliados querían aparecer en la lista de morosos. La casi totalidad de esas cámaras de diputados aprobaron los cambios el mismo día que recibieron los comunicados de los legisladores federales.
Los legisladores de oposición han expresado su inconformidad a lo largo de todo el proceso, pero como se acostumbra en la llamada Cuarta Transformación, las iniciativas fueron aprobadas en sus términos, sin cambiarle ni una coma, aunque los errores y omisiones resultaban evidentes.
Uno de los aspectos más reprobados es la destitución de todos los juzgadores, para poder elegir a sus reemplazos mediante votación general, lo cual implica una serie de procedimientos no bien calificados. Por ejemplo, causó risa el uso de una tómbola para la llamada insaculación (sorteo) para seleccionar a los juzgadores que serán sustituidos en las elecciones programadas para junio venidero, que representan la mitad del total, mientras que el resto será relevado hasta 2027.
También se han escuchado voces en el sentido de que resulta muy difícil manejar una boleta donde aparecerán decenas de candidatos, de los cuales sólo se debe seleccionar a unos cuantos.
Esta dificultad se debe sumar a las dificultades “naturales” de una elección nacional, equivalente a los comicios federales que se realizan cada tres años.
La aquiescente directiva del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por la filo morenista Guadalupe Taddei se declaró capacitada para llevar a cabo el difícil proceso y de hecho arrancó los preparativos, sin respetar suspensiones (amparos) decretados por jueces y magistrados en contra de la referida reforma judicial.
En esa resistencia frente a un casi desaparecido Poder Judicial Federal fue respaldada por los poderes Legislativo y Ejecutivo, pero lo que ha generado dudas es el elevado costo que podrían significar esos comicios. Según cálculos de los sometidos consejeros electorales se requiere un presupuesto de 13 mil millones de pesos.
Obviamente, este elevado gasto no fue previsto por los autores de la iniciativa para transformar al Poder Judicial. Esto, aparte de que contraviene uno de los principios que dice defender la llamada Cuarta Transformación: la austeridad (a la que se agrega el apellido republicana).
Como mencionamos antes, el efecto negativo de ese cuantioso gasto fue puesto en evidencia, nada menos, por la presidenta Sheinbaum, quien así empieza a evidenciar las graves limitaciones económicas que heredó junto con el cargo.
Esto a pesar de que todavía no se da a conocer el presupuesto para el año venidero, pues el gobierno encabezado por Sheinbaum tiene de límite para presentar su proyecto de gasto hasta el 15 del mes que hoy se inicia.
En su mañanera de ayer, la jefa del Ejecutivo pidió al Consejo General del INE que revise el costo de la elección para jueces, magistrados y ministros, al cuestionar el gasto previsto por 13 mil millones de pesos, cuando hace unos meses se mencionaron siete mil millones.
Al respecto, aunque no lo mencionó la jefa del Ejecutivo, también se tiene como referencia el hecho de que las elecciones federales de junio pasado, que comprendieron la renovación de la Presidencia y todo el Congreso de la Unión, y cuyo costo fue de 8 mil 800 millones de pesos.
“Un llamado respetuoso a los consejeros para que revisen el costo que, ya dijimos, va a salir de los fideicomisos del Poder Judicial”, señaló Sheinbaum al destacar que será menor el financiamiento público a los partidos, pues no habrá elecciones “normales”. Esto último no parece ser totalmente cierto, pues en sus estimaciones preliminares, el INE tiene estimados alrededor de siete mil millones de pesos precisamente para las prerrogativas de los partidos, las cuales no han sido eliminadas hasta ahora, aunque hay propuestas para hacerlo.
En esa conferencia, la presidenta Sheinbaum también fue interrogada acerca de la controversia constitucional interpuesta por un grupo de consejeros electorales para impugnar nuevas atribuciones de la consejera presidenta.
“Entiendo que tiene que ver con el nombramiento de servidores públicos del INE, que están parados porque no se ponen de acuerdo los consejeros”, comentó también la mandataria en relación a las mayores facultades que se han concedido a la consejera presidenta del INE para nombrar funcionarios del Instituto, lo cual también afecta al proceso de elección de nuevos funcionarios del Poder Judicial, pues en la práctica están paralizadas muchas tareas en ese organismo encargado de organizar los comicios.
A la carrera, aprobada, la supremacía constitucional
También hicimos referencia a la premura con que la llamada Cuarta Transformación ha dado trámite a sus reformas y casi de inmediato tuvimos un nuevo ejemplo.
Esto porque la Mesa Directiva del Senado de la República realizó la declaratoria de validez de la reforma denominada de supremacía constitucional, luego de que la Cámara de Diputados hicieran lo propio. Los reporteros que están pendientes de las actividades en las cámaras del Poder Legislativo calcularon que el trámite de esos cambios fundamentales, pues establecen que las reformas constitucionales ya no pueden ser invalidadas por ningún tribunal.
En el Senado se informó que el propósito de acelerar este trámite es el propósito de enviarla al Ejecutivo Federal a fin de que sea publicada en el Diario Oficial y, por tanto, entre en vigor este mismo día 1 o el sábado 2 de noviembre.
Al respecto, se precisa que con estas modificaciones a la Carta Magna queda sin efecto la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proceder con juicios de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad en contra adiciones o reformas a la Carta Magna aprobadas por el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa presentada por los senadores Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y los diputados Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna fue aprobada en el Senado durante una sesión nocturna del 25 de octubre pasado con los votos de la mayoría oficialista integrada por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT y con el rechazo de todos los partidos de oposición.
En la sesión de ayer, luego de un receso después de que se aprobaron por unanimidad reformas al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda, la Mesa Directiva del Senado, que preside Gerardo Fernández Noroña, del PT, informó a la asamblea que las modificaciones en materia de la denominada supremacía constitucional fueron aprobadas por los diputados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México. Son 23 votos en total, por lo que reunió la mayoría que dispone la Carta Magna.
Al presentar estos cambios, el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que facilitarán la puesta en práctica de “un agresivo programa de vivienda”, en el que intervendrán el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Comisión Nacional de Vivienda y el sector privado, aunque, precisó, “no imperará la ley del lucro o la utilidad”, por lo que los trabajadores podrán tener viviendas económicas.
