El caso de “El Mayo” puso en evidencia fallas de investigadores mexicanos
Miguel Ángel Rivera jueves 31, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si hubiera un poco de vergüenza, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación debería de dejar de hacer públicos sus reclamos a los Estados Unidos por no dar a conocer los detalles de la forma como llegaron a su territorio los capos del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, ahora sujetos a proceso ante jueces del vecino país.
La captura y el traslado de los dos jefes de pandillas mexicanas, para presentarlos ante las autoridades estadounidenses pusieron en evidencia las fallas y omisiones de sus contrapartes de nuestra República, por lo cual las protestas resultan sólo una forma de disculpar incumplimientos, ya sean intencionales o por incapacidad.
Sólo a manera de recuento, es necesario traer a colación que a pesar de que su actividad criminal era conocida desde hace décadas, “El Mayo” nunca fue tocado por las autoridades nacionales, mientras que otros jefes fueron encarcelados y otros más murieron en circunstancias violentas.
Aquí se caben las repetidas excusas de la llamada Cuarta Transformación contra anteriores gobiernos, que tampoco persiguieron a ese individuo considerado “capo de capos”. Pero tal vez no lo hacen porque tampoco hubo alguna acción efectiva contra “El Mayo”, otro de los jefes de la delincuencia originarios de Badiraguato, la población a la que tanta atención concedió el expresidente López Obrador.
Por el contrario, las agencias de seguridad de los Estados Unidos nunca dejaron de estar pendientes de las acciones del Cártel de Sinaloa, uno de cuyos jefes principales, por no decir que el máximo, era precisamente Zambada. Le prueba es que dicho presunto delincuente ya está en una prisión de los Estados Unidos y sometido a juicio, bajo el riesgo de tener una sentencia de pena de muerte.
Como, oficialmente, “El Mayo” fue atrapado por las autoridades de los Estados Unidos dentro de su territorio, se le aplican las leyes de esa nación, en donde se admite la pena de muerte.
Claro, a las policías y jueces del vecino país no les importa que el capo haya sido secuestrado en México.
En cambio, para las autoridades mexicanas, en particular la Fiscalía General de la República, el traslado de Zambada a los Estados Unidos es producto de un delito, el de secuestro, pues no había orden de un juez para aprehenderlo. Esto, además, de que se cometieron otros ilícitos, como un vuelo furtivo con un avión cuya matrícula fue alterada.
Esto evidencia, además, que las autoridades nacionales no son capaces ni de estar al tanto de lo que sucede en su propio territorio. Si, se trata de una violación a la soberanía nacional, pero las autoridades mexicanas no han podido evitarlo ni siquiera descifrar la forma como se realizó el operativo en suelo nacional.
Lo mejor que se le ocurrió al titular de la “eficiente” Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, así como también al ex presidente López Obrador, “exigirle” a los Estados Unidos que le dieran los pormenores del operativo.
El ex mandatario mexicano utilizó como represalia decretar una inusual “pausa” en las relaciones bilaterales y dejar de recibir al embajador estadounidense, Ken Salazar, quien casi gozaba derecho de picaporte en Palacio Nacional.
Como parte de su trabajo, la FGR echó abajo un “montaje” preparado por la Fiscalía de Sinaloa para sostener la versión de que el ex rector había sido ultimado en una gasolinería cuando le quisieron robar su camioneta.
La FGR encontró sangre de Cuén en el sitio donde se iba a reunir con “El Mayo” y con “El Chapito” Guzmán López, donde supuestamente también llegaría el gobernador “moreno” de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Lo que debería dar pena a las autoridades mexicanas es la “exigencia” a las autoridades de Estados Unidos para que informen detalladamente acerca del operativo que llevó a los dos capos a la Unión Americana.
En vez de mantener la discreción, Gertz Manero trató que “quedar bien” y, en una mañanera de la presidenta Sheinbaum, dijo que el traslado de Ismael Zambada implica los delitos de Secuestro Agravado por Violencia y de Traición a la Patria, en agravio de la Soberanía de la Nación.
En un comunicado al respecto, la FGR asentó que “continuará en espera la información solicitada al gobierno de los Estados Unidos, desde el mes de agosto pasado.
Harían bien los funcionarios de la Fiscalía mexicana en conseguir muebles cómodos para esperar sentados.
Una muestra de dignidad de funcionarios del Poder Judicial
Encabezados por los ocho ministros, que han preservado su independencia de criterio, casi 400 jueces y magistrados federales renunciaron a sus cargos en una manifestación de dignidad ante el penoso procedimiento impuesto por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación para aplicar su apresurada y confusa reforma al Poder Judicial de la Federación.
El total de juzgadores que optaron por no hacerle el juego al oficialismo representa el 73 por ciento ministros y el 55.4 por ciento de los jueces de distrito que determinaron que no se inscribirán como candidatos a ser ratificados en sus cargos en la anunciada elección popular del primer domingo de junio de 2025.
Esos juzgadores perdieron sus plazas mediante el risible empleo de una tómbola que realizó el Senado de la República el sábado 12 de octubre pasado.
En sesión de este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer los nombres de ministras y ministros que han presentaron su declinación y renuncia al cargo en la Suprema Corte: Luis María Aguilar Morales, José María Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carranca.
Ríos Farjat, quien fue postulada por el ex presidente López Obrador, que luego la calificó de traidora cuando se declaró en contra de algunas de sus reformas, tuvo la dignidad adicional de renunciar a su pensión de retiro.
La ministra precisó que para conservar su dignidad no cobrará el haber vitalicio al que tienen derecho los integrantes de la Suprema Corte: “Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal”.
Apuntó que “la reforma judicial impone una disyuntiva que considero impropia: que se presente una renuncia, pero se permanezca en el cargo por unos meses más, a fin de preservar derechos; o permanecer en el cargo por esos meses más, sin renunciar a este, pero sí a lo que se tiene derecho”.
La todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia, La presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández también renunció y señaló que declina la candidatura para participar en la elección extraordinaria de personas juzgadoras.
Piña Hernández subrayó que “esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional”.
El ministro Javier Laynez Potisek señaló que, en cumplimiento del artículo séptimo transitorio de la Reforma Judicial, “presento mi renuncia anticipada al periodo constitucional para el que originalmente fui designado”.
Aunque el periodo de 15 años para el cual fue designado termina el próximo 30 de noviembre, el ministro Luis María Aguilar Morales también presentó su carta de renuncia, en la cual sostiene que “todo ciclo se cierra, y más cuando el legislador ha determinado modificar algunas normas de nuestra Constitución.
Más tarde, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo también presentó su renuncia. Señaló que, tras más de cuarenta años en la carrera judicial, con un expediente limpio y desempeñando sus funciones con independencia y dedicación, presenta su renuncia “sin que implique un acto de claudicación o conformidad”.
Además, Pardo Rebolledo condenó los “insultos e infundios” que ha recibido como integrante de la Corte.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá expresó que aceptó el cargo en 2018 con confianza en un sistema de instituciones y contrapesos, pero reconoce: “Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones”.
