Vaticinan “choque de trenes”, pero el ferrocarril ya aplastó al Poder Judicial
Miguel Ángel Rivera miércoles 30, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ahora sí voy a diferir de varios colegas por su afirmación de que “viene un choque de trenes”, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, por un lado, y, por el otro, el Judicial. Afirmo que no hay tal enfrentamiento, simplemente porque este último ya fue arrollado y despedazado por la aplanadora de la llamada Cuarta Transformación.
Los intentos de detener la masacre mediante amparos y decretos de la Suprema Corte de Justicia son lo que popularmente se denomina “patadas de ahogado”, así como los paros laborales de los trabajadores del Poder Judicial e inclusive las renuncias de ministros del máximo tribunal constitucional.
Aunque los funcionarios del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, tengan de su lado la razón jurídica, el hecho es que no pueden hacer que se cumplan sus sentencias, que no son acatadas ni por la Presidencia de la República ni por ninguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. Bueno, esas ordenanzas de los juzgadores no son acatadas ni por organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), ni por el Tribunal del ramo (TEPJF), a pesar de que éste último es técnicamente parte del acosado Poder Judicial de la Federación.
Las afirmaciones de los colegas y de algunos analistas políticos, en el sentido de que viene el “choque de trenes”, surge del hecho de que la Suprema Corte de Justicia dio a conocer la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el sentido de que “proceden acciones de inconstitucionalidad contra reforma al PJ”.
Ese ministro, que ya ha recibido epítetos de “traidor” porque a pesar de haber sido postulado para el cargo por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido la independencia de criterio y antes que cualquier filiación política ha hecho valer los principios del Derecho y, con el tema de la Reforma Judicial —aprobada a toda carrera por los legisladores oficialistas a pesar de sus evidentes fallas y vacíos— vuelve a dejar constancia de su sólida formación constitucionalista.
De acuerdo con lo que ha trascendido, el ministro González Alcántara propondrá depurar varios artículos torales de la reforma judicial, principalmente anula la elección popular de jueces y magistrados.
Por el contrario, concede validez a las votaciones para elegir a los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de l a Federación (TEPJF) y del Consejo de la Judicatura Federal. También se propone invalidar la enmienda a la figura de jueces sin rostro, entre otros aspectos en materia de amparo.
El proyecto del ministro, que con mucha probabilidad se discutirá en el pleno del tribunal constitucional el próximo jueves, responde a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por PRI, PAN y MC, pero desecha las del Partido Unidad Democrática, de Coahuila, y de legisladores de Zacatecas.
El aspecto más destacado consiste en que González Alcántara señala que algunas de las normas incluidas en la repudiada reforma pueden ser calificadas de leyes electorales federales, lo cual abre la posibilidad de que sean objeto de acciones de inconstitucionalidad en su contra.
En cuanto a la eventualidad de anular las elecciones de los más de mil 600 jueces de distrito y magistrados de circuito señala que es evidente que tanto el sistema de postulación de candidaturas como el sistema de listas generado para la votación, corrompen los fundamentos de nuestra República representativa y democrática. Esto porque el método de selección de candidatos a través de tres comités de evaluación, no da certeza de que las personas electas impartan una verdadera justicia.
“El sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático… En última instancia, no existe certeza para los individuos sobre los perfiles de las personas juzgadoras que el día de mañana impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, sostiene la referida ponencia.
De mantenerse los equilibrios expresados en las más recientes votaciones del pleno de la Corte, la ponencia de González Alcántara resultará aprobada —tal vez con algunos ajustes— por la mayoría que establece la Constitución, de ocho de los 11 ministros, pues se estima que las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa se mantendrán fieles a la llamada Cuarta Transformación, lo que significa rechazar cualquier decisión que altere las reformas enviadas por el Ejecutivo Federal a finales del sexenio de López Obrador y respaldadas por la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El problema radica en que no hay manera de que se obligue al Ejecutivo ni al Legislativo a acatar las sentencias de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
En tal circunstancia, la renuncia de los ministros de la Suprema Corte no dejará de ser una salida honrosa, pero nada efectiva, pues es precisamente lo que desea el oficialismo, que los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia, en particular los ocho “independientes” dejen esos espacios para ser llenados por nuevos incondicionales, como las tres ministras mencionadas que ya han expresado que continuarán y se postularán para someterse al voto popular para darle validez y “brillo” a la reforma promovida por el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el primero en anunciar renuncia
El primero de los “independientes” en anunciar su renuncia fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena durante la sesión en la SCJN que determinó que el Senado incurrió en una omisión por la falta de designación de comisionados del INAI, otro de los numerosos mandatos judiciales que ha desatendido el oficialismo en el Congreso de la Unión.
En una carta dirigida a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, Gutiérrez Ortiz Mena explicó que fue electo para un cargo con un periodo determinado, pero hoy se enfrenta a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fue investido por lo cual se le presentan dos opciones: someterse a un proceso de elección popular o presentar su renuncia.
Por ello decidió renunciar al cargo, pues no se considera un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular
“No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor -para la que me siento más apto- donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, expresó el ministro.
“Por ello, he decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro del plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma, no por no haber descubierto en mi una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara: si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea. Y aunque podría improvisar una tragedia menor para cumplir con esa formalidad, la verdad es que no poseo tal causa grave”, señaló Gutiérrez Ortiz Mena, quien con sus palabras hizo recordar al ex presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que renunció a su ministerio antes de concluir el periodo para el cual fue designado sin que ofreciera una causa grave, como exige la Carta Magna, se dice que para asegurarse los beneficios que la ley establece para los ministros en retiro, pero sobre todo para sumarse de manera incondicional a la llamada Cuarta Transformación.
Además, en su carta, Gutiérrez Ortiz Mena aclara que “esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma.
En efecto, como mencionamos, está pendiente la decisión de la Suprema Corte que por cierto, en caso de declarar inconstitucional la reforma judicial, tendrá validez sólo por lo que resta del año, pues en diciembre termina el mandato del ministro Luis María Aguilar Morales, uno de los “independientes”, que seguramente será sustituido por un incondicional de la 4T, como sucedió con Lenia Batres, impuesta por López Obrador.
Así, a partir de enero, el oficialismo tendrá asegurados cuatro votos, suficientes para anular cualquier sentencia que no sea de su agrado.
