El santuario de Morena no sólo perdona, también reforma a pecadores
Miguel Ángel Rivera martes 29, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El principio de la llamada Cuarta Transformación de elegir funcionarios que garantizan el 90 por ciento de obediencia y sólo 10 por ciento de capacidad para desempeñar el cargo ya ha dejado evidencia de que no funciona. Sin embargo, lo que no se explica es por qué se mantiene a los malos funcionarios de manera indefinida a pesar de sus malos resultados.
Esta duda se aplica en gran parte de los gobiernos estatales gobernados por mandatarios surgidos de Morena y sus rémoras del PT y PVEM. Por mencionar unos cuantos, basta con citar a Sinaloa, Chiapas y Guerrero, en donde grupos de delincuentes escenifican verdaderas guerras –con tantas o más víctimas que en Medio Oriente o en Ucrania– ante las cuales las autoridades locales quedan en meros espectadores, mientras que el gobierno federal aumenta la presencia de elementos de las fuerzas armadas, cuyos patrullajes no tienen ningún efecto.
De acuerdo con lo expresado por altos funcionarios de la llamada Cuarta Transformación, los asesinatos (no hay matanzas, aseguraba el ex presidente Andrés Manuel López Obrador) no causaban alarma en los altos niveles del gobierno porque se trataba sólo de enfrentamientos entre bandas de delincuentes, pero supuestamente no afectaba al resto de la población.
Contra esos buenos deseos, la realidad evidencia que la acción de los delincuentes se extiende a todos los rincones y actividades del resto de la sociedad. De prácticamente de todos los rumbos de la República surgen reportes en el sentido de que la delincuencia se manifesta en secuestros, asaltos, robos y cobro del llamado “derecho de piso”, exacción a la que se atribuye el aumento de muchos productos de primera necesidad.
No se sabe si son los mismos delincuentes o si otros grupos aprovechan la situación, pues saben que sus acciones quedarán impunes.
En esta confusión ocurren delitos como el asalto de bancos, como el ocurrido la tarde del pasado sábado 26 de octubre, el municipio de Copainalá, Chiapas, que resultó en la trágica muerte del gerente Abraham González Cerón.
El incidente dejó a tres trabajadores gravemente heridos, entre ellos al mencionado gerente. Todo comenzó cuando un grupo de individuos, fuertemente armados, exigían que el personal les entregara todo el dinero posible.
Según testigos, cuando los asaltantes obtuvieron su botín huyeron del lugar disparando contra la sucursal.
Ese asalto y crimen se explican, que no se justifican, precisamente por la posibilidad de obtener un beneficio económico.
Lo que no parece vinculado con el afán de lucro es el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, un luchador social que no se sometió a los designios de las bandas que se disputan el territorio.
El cardenal Felipe Arizmendi dijo que esto es resultado de la descomposición social por la invasión de grupos de delincuentes que ahora se dedican a la extorsión y el tráfico de migrantes, que les dejan mayores beneficios que el tráfico de drogas.
Entrevistado por Joaquín López-Dóriga, el arzobispo emérito dijo que las autoridades no logran controlar a esas bandas, mientras la gente común tiene que solicitar permiso a esas nuevas “autoridades” casi para cualquier actividad, incluidas las fiestas patronales.
Más contundente con su reacción fue el presidente del Grupo Azteca, del que forma parte Elektra, Ricardo Salinas Pliego, quin reclamó y exigió al gobierno federal seguridad ante los hechos criminales que azotan al país, en particular a Chiapas, en donde la violencia cobró la vida de Abraham González, gerente en turno de la sucursal de Banco Azteca asaltada en Copainalá.
A través de sus redes sociales, el empresario repudió el asesinato del trabajador y acusó a las autoridades federales y estatales por no garantizar la seguridad de los habitantes.
¿Y el gobernador de Chiapas?
Bien, gracias. De paseo por la Ciudad de México. Se trata de Rutilio Escandón Cadenas, un ejemplo vivo del dicho atribuido al desaparecido político César Garizurieta de que vivir fuera del presupuesto es vivir en error, pues ha desempañado cargos públicos en Baja California (donde estudió la licenciatura), en la Ciudad de México, en Guerrero y, por supuesto, en su natal Chiapas. Los enterados dicen que viaja con frecuencia a la capital del país en busca de un sitio para el cercano futuro, pues su mandato está a punto de concluir, los primeros días de diciembre.
Las mismas fuentes dicen que su principal éxito de vida fue casarse con la ya fallecida Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco, ex secretario de Gobernación y ahora coordinador de los senadores de Morena, pero, sobre todo, los dos hijos del desaparecido notario público Payambé López Falconi, el protector de otro político tabasqueño llamado Andrés Manuel López Obrador.
Como gobernador Escandón Cadenas dejará un desorden general, pero como indicamos, no parece ser suficiente razón para que se le deje en la banca, como se comprueba de que su colega de Sinaloa, Rubén Rocha Moya sigue tan campante a pesar de los indicios de sus vínculos con el narcotráfico, en particular con el poderoso Cártel de Sinaloa y de los intentos de su Fiscalía por desviar las investigaciones acerca del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado electo Melesio Cuén, cuando supuestamente iba a reunirse con el mandatario y el capo Ismael “El Mayo” Zambada.
Las nominaciones de Escandón y Rocha pueden atribuirse a la “inexperiencia” de Morena al frente del gobierno y la falta de prospectos para llenar todos los espacios generados repentinamente por su arrolladora victoria del 2018.
Lo que ya no se explica es que, transcurrido un sexenio y con evidencias reales acerca del buen o mal comportamiento de los funcionarios públicos, la llamada Cuarta Transformación no sólo perdone pecados, como si se tratara de un santuario, sino que busca dar acomodo a quienes fallaron en su desempeño y están ligados a escándalos que pusieron en duda la afirmación de sus líderes en el sentido de que ya acabaron con la corrupción.
Para que resulte más escandaloso este sistema de “purificación” de presuntos pecadores, allí está el caso del ex gerente de Planeación Social de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Mauricio Ignacio Ibarra Romo, quien fue designado, nada más, ni nada menos, fiscal ¡anticorrupción! del gobierno de Sonora.
Por si alguien no tiene presente este caso, Segalmex es el organismo que este sexenio se vio inmerso en un escándalo de corrupción que costó 15 mil millones de pesos a las arcas nacionales. Sólo como referencia es de recordar que el desfalco en el sexenio de López Obrador se estima en más del doble de la “estafa maestra”, el peor desvío de recursos federales conocido en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
A pesar de que nunca se le comprobó haberse beneficiado del mal uso de recursos del presupuesto federal, la ex titular de Sedesol y de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, pasó tres años en la cárcel por esa “estafa maestra”, consignada por la Procuraduría y ahora Fiscalía General de la República del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Por el contrario, el pleno del Congreso del Estado de Sonora ratificó este martes la propuesta del gobernador (ex secretario de Seguridad la primera parte del gobierno de López Obrador) Alfonso Durazo Montaño para que el ex funcionario de Segalmex encabece los trabajos especializados en materia de anticorrupción en su entidad.
Morena no sólo perdona, también reforma.
