Morena retrocede en la reforma judicial, pero no mucho
Miguel Ángel Rivera jueves 24, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
¿Qué fue lo que sucedió dentro de las filas de Morena? ¿Por qué a última hora se modificó la iniciativa de reforma denominada de “supremacía constitucional”, por la cual se quita a la Suprema Corte de Justicia la capacidad de bloquear reformas que considera contrarias a la propia Carta Magna?
La modificación, que de inmediato se calificó de una forma de “descafeinar” la propuesta que apenas un día antes anunciaron los dirigentes de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores y que, en términos taurinos, se consideraba la puntilla al Poder Judicial que prácticamente quedará extinguido tal como lo conocemos, pues ayer mismo quedó autorizado el procedimiento para “elegir” en junio venidero a la mitad de los jueces y magistrados federales, así como la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La bancada de Morena en el Senado reculó sobre la llamada “supremacía constitucional” y “descafeinó” su iniciativa para que las reformas que se hagan a la Constitución no puedan ser impugnadas ni controvertidas, ya sea por la vía de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad o el juicio de amparo, luego de que eliminó las reformas a los artículos 1° y 105 de la Carta Magna y todos los artículos transitorios.
La marcha atrás fue anunciada por el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el mismo que antes había dado a conocer esa reforma que dejaba al Poder Judicial totalmente incapacitado para frenar eventuales abusos de los poderes Ejecutivo y Judicial, que actualmente están totalmente bajos control de la llamada Cuarta Transformación.
López Hernández había presentado ante el pleno del Senado una reforma constitucional para establecer que las modificaciones a la Carta Magna no puedan ser objeto de amparo ni de ningún otro recurso jurídico que trate de detenerlas o echarlas abajo. Esto generó una confrontación entre los poderes federales, aunque quedó sólo en cuestiones orales, pues en realidad las facultades de la Suprema Corte de Justicia están muy disminuidas aun sin aprobarse los cambios que intentan aprobar los “morenos” con urgencia.
Morena y rémoras en el Senado actuaron con gran celeridad y según confirmó el presidente de esa cámara, Gerardo Fernández Noroña, el objetivo es aprobarla este miércoles en comisiones y el jueves votarla en el pleno.
La reforma en trámite elimina todos los juicios, recursos y consultas en contra de alguna modificación a la Constitución. Esto incluye las demandas presentadas hasta el momento y las que estén en curso, las cuales quedarán sin materia y serán sobreseídas en cuanto se publiquen los cambios en el Diario Oficial de la Federación.
Como se ha vuelto costumbre en el actual régimen, la nueva iniciativa de reforma constitucional pasó de inmediato a trámite, al ser examinada por comisiones unidas del Senado.
De manera sorpresiva, el mismo promotor de la iniciativa, el mencionado López Hernández, recursos y consultas en contra de alguna modificación a la ley suprema, presentadas hasta el momento, y las que estén en curso, quedarán sin materia y serán sobreseídas en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Es decir, la esencia de las modificaciones que pretende la llamada Cuarta Transformación se mantiene vigente, inclusive con los cambios anunciados por el coordinador de los senadores “morenos”.
Sin que estuviera en la Gaceta Parlamentaria, López Hernández presentó la iniciativa que, declaró, tiene la finalidad de reforzar el sentido de la Constitución general ante los intentos recientes de “burlar” sus postulados.
Aseguró que las reformas o adiciones a la Constitución general son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo e incluso, de acuerdo con la propia Suprema Corte de Justicia, no pueden ser impugnadas.
Expuso que de acuerdo con el artículo 135 Constitucional, el Poder Judicial tiene a su cargo la defensa de la Carta Magna a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no de su modificación. De acuerdo con ese artículo, dijo, no compete al Judicial impedir el cambio constitucional, ni modificar la voluntad soberana del pueblo.
Esta reforma a la reforma anunciada por el senador tabasqueño en realidad se refiere únicamente a evitar que prosperen críticas que vienen del extranjero y de los compromisos internacionales firmados por México.
Al respecto, explicó que las modificaciones al artículo primero, que establece ahora que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales.
A su vez, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, reconoció que después de un análisis exhaustivo, y las opiniones de académicos, partidos de oposición, senadores y diputados, se llegó a la conclusión de hacer un cambio total a la iniciativa.
Cantón Zetina reconoció que hay “mucho ruido” por esta iniciativa y por ello deben escuchar las voces que se están manifestando e insistió que el principio fundamental de la iniciativa “es dejar con mucha claridad que las reformas constitucionales no son impugnables”.
“No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, (…) y seguramente vamos a hacer modificaciones de fondo. (…) Pero, sí hay dudas en ese sentido, es mejor no mover el artículo 1° constitucional y esa modificación no va, no prospera, se retira”.
En inmediata respuesta, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC manifestaron su rechazo total a esa reforma. Los inconformes advirtieron que ninguna modificación legal puede tener efectos retroactivos, y menos cuando se trata de derechos humanos.
Lo que hoy pretende el oficialismo y Morena es una locura y un atropello a la ley, declaró el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
En complemento, los senadores del PRI hicieron una declaración de 13 puntos por las que votarán en contra de la iniciativa impulsada por Morena.
En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas señaló que la iniciativa presentada por la mayoría de Morena representa el retroceso más grande porque debilita el Estado de Derecho, al prohibir que se puedan presentar amparos.
El también dirigente nacional del PRI anunció que su bancada presentará los argumentos para rechazar dicha propuesta que representa un riesgo para instaurar el autoritarismo, es algo que contraviene en cualquier disposición porque no le pueden quitar el derecho a las y los ciudadanos.
Tal vez uno de los argumentos de mayor impacto en estas declaraciones priistas consiste en denunciar que con tantos cambios que pretenden Morena y rémoras, en realidad ellos mismos desmienten una de sus afirmaciones centrales: que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para invalidar la llamada reforma judicial, la venganza planeada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador porque jueces federales otorgaron amparos, luego validados por los ministros de la Suprema Corte, que detuvieron cambios que el político tabasqueño consideraba fundamentales para su proyecto político.
Moreno Cárdenas dijo que las adecuaciones que ahora están en proceso significan un reconocimiento de que la Suprema Corte de Justicia sí tiene facultades para revisar la reforma al Poder Judicial.
Este aspecto fue respaldado por la coordinadora de los senadores del PAN, Guadalupe Murguía, quien agregó que con esa reforma los “morenos” lo que pretenden es establecer un régimen autoritario.
No sólo en los órganos legislativos se escucharon críticas. También desde la academia menudearon las descalificaciones contra la reforma impulsada por Morena y rémoras-
“Cualquier reforma impulsada en contra de la independencia judicial representa un avance del autoritarismo y un ataque al estado de derecho, la democracia y la separación de poderes, coincidieron jueces y constitucionalistas de talla internacional, reunidos en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Los juristas destacaron la independencia judicial como derecho humano consagrado en la Convención Americana de los Derechos Humanos y avalaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de juzgados y tribunales, para frenar la reforma judicial.
