Para defender reforma judicial, la 4-T planea otro cambio a la Constitución
Miguel Ángel Rivera miércoles 23, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En todos los frentes, continúa la lucha de poderes federales para reafirmar o rechazar la reforma al Poder Judicial impuesta por Morena y sus satélites, el PT y PVEM.
Con todo su poder y dominio sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la llamada Cuarta Transformación busca todos los resquicios para quitar a los jueces, magistrados y ministros federales cualquier posibilidad de bloquear las reformas constitucionales que impone gracias a la mayoría calificada que le concedieron las autoridades electorales del Instituto (INE) y del Tribunal (TEPJF) electorales en las dos cámaras del Congreso de la Unión.
A pesar de ese amplio dominio, los legisladores oficialistas todavía están en busca de recursos que le impidan al moribundo Poder Judicial impedir que se apliquen que ellos, senadores y diputados, se han apresurado a aprobar para complacer al titular del Poder Ejecutivo, ya sea el ex Andrés Manuel López Obrador o la actual presidenta (con a) Claudia Sheinbaum Pardo, eso sí, sin cambiarle ni una coma a las iniciativas enviadas desde Palacio Nacional.
La más reciente novedad es otra reforma constitucional, en donde se establezca de manera definitiva y con toda claridad que el Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia, declare inconstitucionales las modificaciones a la Carta Magna aprobadas por los legisladores.
Esto en términos generales, pero en particular lo que interesa a los oficialistas es evitar que se declare inconstitucional la reforma judicial a pesar de todas las irregularidades durante el proceso legislativo y las confusiones generadas por textos que la gran mayoría de los senadores y diputados ni siquiera se preocuparon por leer.
Para dejar constancia de que se trata de un asunto prioritario para la llamada Cuarta Transformación (segundo piso), la nueva iniciativa la presentaron los líderes de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, así como los presidentes de ambas cámaras, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna.
En concreto, los legisladores de la 4-T buscan elevar a rango constitucional la improcedencia del amparo y evitar que reformas constitucionales queden congeladas por controversias ante el Poder Judicial de la Federación.
“Sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 1ro, adiciona un último párrafo al artículo 103, se adiciona un último párrafo al artículo 105. Y se reforma el párrafo primero de la fracción II del artículo 107 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”, dice la iniciativa propuesta.
“Los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución, por su forma, procedimiento o fondo, y que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que este dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos”, añade la iniciativa.
El ex secretario de Gobernación y ex precandidato presidencial, López Hernández, señaló que la enmienda constitucional “hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General, son la expresión más alta de la voluntad más alta del pueblo de México”, es decir, la muletilla constante del oficialismo, en el sentido de que sus acciones responden a un mandato “del pueblo”.
También sostuvo que las reformas a la Carta Magna “son el resultado de un alto proceso deliberativo, una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial”. Si, así lo dijo, sea lo que sea que signifique.
Agregó que la reforma a la Constitución no es y nunca ha sido equiparable a ningún acto legislativo, pues su resultado modifica el parámetro de validez del resto del orden jurídico mexicano y sujeta a la actuación de todas las autoridades del Estado”, apuntó.
También sostuvo que “el Poder Judicial de la Federación, tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación”.
Eso es precisamente lo que se esfuerza por defender el oficialismo y se trata de reforzar con la anunciada reforma constitucional: impedir que los cambios promovidos por la 4T sean declarados inválidos, como ocurrió durante el sexenio pasado con algunas propuestas en materia energética y de militarización de la vida nacional.
Lo que se olvida es que las leyes no se pueden aplicar retroactivamente.
La Suprema Corte da entrada a demandas contra la reforma judicial
La inquietud de los jerarcas de la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión está más que justificada, pues a pesar de su práctica extinción, la Suprema Corte de Justicia está en condición de poder declarar inconstitucional la reforma que lo condena a muerte, para ser sustituida por un nuevo tribunal de sólo 9 miembros, que serán elegidos mediante voto universal, en vez de ser designados en función de su capacidad académica y de una larga y limpia trayectoria profesional.
Para preocupación de las figuras de la llamada Cuarta Transformación, el ministro González Alcántara Carrancá dio entrada a cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas por miembros del mismo Poder Judicial de la Federación y partidos políticos contra la reforma judicial.
El aspecto positivo para el oficialismo es que el referido ministro González Alcántara se negó a otorgar suspensiones para dejar sin efecto las reformas. “No ha lugar a acordar favorablemente su solicitud, toda vez que de dicha disposición se advierte claramente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma general, a diferencia de lo que sucede en la controversia constitucional”, explicó.
En cambio, el ministro ordenó dar vista de su decisión a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como a los congresos de las 32 entidades del país, para que rindan los informes correspondientes.
El ministro González Alcántara Carrancá, que ha dado constancia de su profundo conocimiento del derecho constitucional y de su independencia de criterio —que le desató la ira de López Obrador, quien lo esperaba incondicional por haberlo recomendado por el cargo— se encargará de elaborar un proyecto para determinar la constitucionalidad o no de la Reforma Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre y que entró en vigor al día siguiente, pues el gobierno que edifica el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación trató de ganar tiempo para empezar a aplicar los cambios.
No se ha determinado plazo terminal para la presentación de la ponencia ante el pleno de la Corte para su discusión y resolución, pero del otro lado está vigente un amparo concedido por una juez federal que ordenó retirar del Diario Oficial el texto de la reforma, lo que equivaldría a dejarla sin efecto.
El Ejecutivo se ha negado a acatar ese mandato judicial.
Respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, PRI, MC y Unidad Democrática de Coahuila; además diputados de oposición de Zacatecas, se dio un plazo de diez días para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exprese su opinión.
Ese es otro frente de esta lucha de poderes se da en el INE y el TEPJF, pues el primero se declaró listo para organizar la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial, pero se paralizó parcialmente por mandatos de jueces federales.
Por ello, recurrió al Tribunal (TEPJF) que es la máxima autoridad en materia electoral y, según ha trascendido, los magistrados autorizarán a los consejeros para continuar los preparativos.
Aquí, como se aprecia, se produce una intensa lucha de poderes, pero para pena de los legisladores oficialistas, la reforma que aprobaron ni siquiera es tomada en serio.
Trascendió que jueces y académicos de la Universidad de Harvard, no pudieron contener la risa al mofarse de la reforma judicial aprobada por legisladores de Morena y aliados, cuando conocieron los requisitos para ser ministro o juez en México, donde además de tener un promedio académico de 8, son aceptables cartas de recomendación de los vecinos.
