Asesinato de otro sacerdote evidencia falla en política de (in)seguridad
Miguel Ángel Rivera lunes 21, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“México sigue siendo un país peligroso para ser sacerdote católico”, revela informe del Centro Católico Multimedial (CCM) en México,.
Dicho estudio tiene fecha de 2021, pero conserva vigencia en la actualidad, como lo testimonia el asesinato del sacerdote indígena tzotzil Marcelo Pérez Pérez, atacado al salir de oficiar misa, en el barrio Cuxtitali, de San Cristóbal las Casas, una ciudad que se distinguía como joya turística, pero que ahora, como todo el estado de Chiapas, se ha convertido en centro de lucha entre bandas de narcotraficantes.
Ni el gobierno federal ni el estatal han podido frenar las actividades ilegales, que comprenden no sólo el tráfico de enervantes, sino otros delitos, al grado que las bandas de delincuentes se han erigido en las verdaderas “autoridades”, pues inclusive han desplazado a la estructura de mando creada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) después de su levantamiento armado en 1994.
Tampoco ha logrado mantener el control la autoridad civil. Por el contrario, también presidentes municipales han sido alcanzados por ataques atribuidos a las bandas de delincuentes.
Por ejemplo, apenas el día 15 del presente mes, se informó la localización del cuerpo del ex alcalde de San Andrés Duraznal, Clemente Gómez Gómez, que fue encontrado a las orillas del río Acapulquito en el tramo carretero que va de Hiutiupán al ejido La Competencia. Los primeros reportes señalan que el ex edil presentaba signos de tortura y recibió disparos con armas de fuego.
Esa no fue la única señal negativa, hay otros indicios del predominio de los grupos de delincuentes.
Por ejemplo, en el reciente proceso electoral federal, en el cual también se eligió gobernador y presidentes municipales de Chiapas. Se registraron o 15 asesinatos políticos, entre ellos la candidata del municipio La Concordia Lucero López y otras cinco personas de su equipo fueron acribilladas; en Villa de Corzo se registró un atentado contra el aspirante a alcalde Roberto Orozco, en el cual fueron asesinados tres de colaboradores; en otro ataque asesinaron a cinco compañeros de Nicolás Noriega, candidato a la alcaldía de Mapastepec, y horas más tarde, en Rincón Chamula fue agredida la candidata María de la Luz Hernández, quien sobrevivió, pero falleció otro político que estaba en campaña.
Por este aumento de la violencia no sorprendió que un total de candidatos a cargos de elección popular renunciaron a contender en las elecciones, según el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. La mayoría de las renuncias fue presentada por mujeres.
En esta fase se escuchó la inconformidad de la Iglesia católica expresada en dos pronunciamientos muy críticos por la pasividad del Gobierno estatal.
“Nuestros pueblos siguen sufriendo, estamos en medio de una guerra que no tiene fin y nos están llevando como pueblo a ponernos como carne de cañón y barrera humana; muchas comunidades han quedado vacías por las amenazas, asesinatos y desapariciones, nos han infundido el miedo y el terror, apoderándose de nuestra tierra y territorio sin que el Estado haga algo por garantizar la vida y la seguridad de los pueblos”, dice un comunicado de la jerarquía, que también denunció que “en algunas regiones del Estado no hay condiciones para que las elecciones se lleven a cabo”.
Los religiosos no se limitaron a las palabras. El asesinado Marcelo Pérez Pérez se distinguió por su activismo en los Altos de Chiapas, por lo cual recibió amenazas de muerte, desde hace más de una década, debido a que, cuando era párroco de Simojovel mantuvo una lucha en contra de las actividades ilícitas.
Además, fungió como mediador en el conflicto que se vive en el municipio de Pantelhó, donde un grupo armado y un grupo de autodefensas mantienen una disputa desde julio de 2021.
¿A quién va a responsabilizar la llamada Cuarta Transformación?
De acuerdo con el mencionado reporte del Centro Católico Multimedial (CCM) en México —que a su vez pertenece Red Católica Mundial (EWTN) la red de comunicación religiosa más grande de todo el mundo— entre1990 y 2021 en México se perpetraron 79 atentados contra miembros de la Iglesia católica, entre los cuales sobresale el asesinato del cardenal y arzobispo de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo, homicidio que se atribuye a la banda de los hermanos Arellano Félix, que supuestamente deseaban desaparece su rival del Cártel de Sinaloa, el ahora preso de por vida en los Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
De acuerdo con tal estudio, los ataques contra miembros de la Iglesia Católica han ocurrido lo mismo en gobiernos del PRI que del PAN y, ahora, de Morena.
En el informe preparado por el padre Sergio Omar Sotelo Aguilar SSP, director del CMM; y Guillermo Gazanini Espinoza, coordinador de la Unidad de Investigación del CCM, se informa que en el periodo mencionado de 1994 a 2023 ha documentado 78 asesinatos en contra de sacerdotes y personal religioso.
La respectiva nota del oficial Instituto Mexicano de la Radio (IMER), aunque el promedio sería de dos sacerdotes o religiosos asesinados por año, el gobierno de Felipe Calderón cerró su sexenio con 25 homicidios. Con Enrique Peña Nieto los homicidios sumaron 33, mientras que en la recién concluida administración de Andrés Manuel López Obrador se contabilizan al menos nueve.
Sergio Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial, señala que los factores son diversos, desde índole personal hasta pasional. No obstante, ocho de cada diez ataques ocurrieron a causa del acoso y hostigamiento que ha habido contra la Iglesia católica donde el crimen organizado también está involucrado.
“En la mayoría de los asesinatos existe o se dejan ver claros indicios, por ejemplo, hay extorsión. En México, hay por lo menos 850 extorsiones y amenazas de muerte a sacerdotes actualmente (junio de 2023).
“A muchos de los que asesinaron los extorsionaron, los amenazaron, los levantaron, los torturaron”, denuncia también el reporte que señala:
“El asesinato de por sí ya es algo aberrante y tremendo. Pero a muchos sacerdotes los han asesinado con una saña tremenda y obviamente son rasgos característicos de que detrás de ellos está el crimen organizado”.
En el recién concluido gobierno federal, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se esforzó por responsabilizar de todo lo malo que ocurría en el país a los anteriores gobiernos surgidos del PAN y del PRI, pero a pesar de que hubo, efectivamente, más asesinatos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, no puede eludir su responsabilidad por los atentados ocurridos durante su mandato, pues indican el fracaso de su política de “abrazos y no balazos”.
El reporte explica que “estos datos son evidentes por las denuncias en medios y redes sociales de los obispos al advertir las modalidades que realizan los delincuentes y que van mutando conforme lo exigen las necesidades de acopio de dinero que se obtiene de forma ilícita”.
Esto lo confirma del reporte del CCM, ya que “en el último año (2022) se dieron cerca de 800 extorsiones, amagos y amenazas contra sacerdotes en la República Mexicana, principalmente los motivos de estos delitos están vinculados a fraudes y apropiación ilícita de recursos de las víctimas necesarios para el ejercicio de su ministerio. En 2022 destacaron las declaraciones de los mismos obispos que fueron impedidos en su derecho de circulación por retenes del crimen organizado. Mayores detalles fueron proporcionados por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas y Rafael Sandoval Sandoval, obispo de Autlán, quienes manifestaron haber sido detenidos y que el los cárteles que operan en el norte del estado de Jalisco y Zacatecas exigen derecho de piso a los párrocos; las cuotas podrían ascender a la mitad de las colectas que se recaudan, producto de fiestas patronales que son una fuente principal de recursos para muchas parroquias y comunidades católicas del país”.
“La cifra negra es superior a las denuncias presentadas. Más del 80% de los casos de asesinatos, extorsiones, ataques y robos contra templos católicos no han sido resueltos”, destaca.
Como se aprecia, en la construcción del segundo piso de la 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene tarea pendiente.
