Dedicado a funcionarios que protegen narcos: “Cuando veas las barbas de tu socio cortar…”
Miguel Ángel Rivera viernes 18, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En tono amistoso, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, dio por concluida la “pausa” en las relaciones con México decretada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero esas palabras amables no se corresponden con los hechos. El gobierno de los Estados Unidos, en concreto sus agencias de seguridad, mantienen a las autoridades mexicanas casi a ciegas en relación con el sonado caso de la captura de dos de los considerados principales capos mexicanos del narcotráfico, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán Loera, también preso en el país vecino, sujeto a cadena perpetua.
Desde la captura de “El Mayo” y “El Chapito”, ocurrida el pasado 26 de julio, el gobierno mexicano quedó marginado. En la operación no participó ninguna agencia nacional, aunque probablemente sí hubo colaboración extraoficial de algunos agentes mexicanos en lo personal, pero el hecho es que los “avezados” investigadores nacionales no pudieron tener al tanto a los altos mandos de la llamada Cuarta Transformación.
Se sospecha que agentes de los Estados Unidos operaron furtivamente para llevar a los capos mexicanos a territorio de la Unión Americana, sin tener que esperar los engorrosos trámites de extradición y, sobre todo, sin exponerse a que desde la parte mexicana hubiera filtraciones o francas traiciones que permitieran escapar a esos jefes del narcotráfico.
El anterior presidente mexicano, López Obrador, que tanto presumió la defensa de la soberanía nacional tuvo que deponer su orgullo, tuvo que pedir al gobierno de los Estados Unidos que se le informara de cómo fue posible el traslado de “El Mayo” y del “El Chapito” a prisiones del vecino país.
Hasta ahora no ha habido una respuesta satisfactoria, a menos que la administración de la llamada Cuarta Transformación haya decidido, como en muchas otras áreas, ocultar la información por cuestiones de seguridad nacional.
A cambio de información oficial confiable, han menudeado los rumores, uno de los cuales sostiene que alguna de las agencias estadunidenses —la agencia de combate al narcotráfico (DEA) o el Federal Bureau of Investigation (FBI)— negociaron con uno o con los dos capos para imponerles penas de prisión reducidas o de plano dejarlos en libertad a cambio de que denuncien a otros mexicanos involucrados en el tráfico de drogas y el lavado del dinero, sobre todo si se trata de funcionarios.
Del lado nacional, uno de los funcionarios que seguramente temen ser involucrados es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, por lo menos, fue utilizado como carnada para que “El Mayo” acudiera a una supuesta reunión del mandatario sinaloense con su rival político, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado federal electo Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día, presumiblemente en el mismo sitio en donde supuestamente se encontraría con Rocha Moya.
Las sospechas sobre el gobernador sinaloense se refuerzan porque la Fiscalía General de la República (FGR) echó abajo una falsa pista de la fiscalía sinaloense que intentó ubicar el asesinato de Cuén en una gasolinería, supuestamente víctima de un intento de robo.
Por si eso no fuera suficiente para enderezar sospechas acerca de la actuación de Rocha Moya, uno de los pocos indicios puestos a descubierto por los fiscales de los Estados Unidos fue revelado con la finalidad de invalidar su coartada de que no sabía del encuentro con “El Mayo” y Cuén, pues ese 26 de julio viajó precisamente a los Estados Unidos, pero a California. Las autoridades estadounidenses han revelado que no existe constancia del supuesto vuelo privado en que viajó el mandatario sinaloense ni hay registro de que haya entrado a su territorio.
A pesar de esas revelaciones y de las muchas sospechas acerca de las relaciones “amistosas” del gobernador con el jefe del narcotráfico, se ha logrado mantener en su cargo con el respaldo de López Obrador y de la presidenta Sheinbaum, quienes de hecho lo han exonerado.
Aumentan las sospechas de que los capos empezaron a “cantar”
Si el gobernador Rocha Moya se siente confiado en demostrar su inocencia, otros personajes de la vida nacional deben sentirse preocupados de que surjan evidencias de sus vínculos con los jefes de las grandes bandas del narcotráfico.
Esto por revelaciones que hacen suponer que los capos presos en Estados han logrado acuerdos con las autoridades de los Estados Unidos para recibir condenas menores a cambio de denunciar a algunos de sus allegados y colaboradores.
Por una parte, trascendió que los llamados “Chapitos”, los hermanos Guzmán López, alcanzaron un acuerdo con la justicia de Estados Unidos que permitió la liberación de Joaquín, “El Güero” —quien supuestamente entregó a su padrino “El Mayo”— que estaba detenido en El Paso, Texas, mientras que su hermano Ovidio, “El Ratón”, permanecerá en el centro penitenciario en el que está recluido desde febrero de 2023.
El acuerdo implica que tanto Joaquín como Ovidio Guzmán se declaren culpables para después colaborar con las autoridades estadunidenses y que sus respectivas sentencias puedan ser reducidas, dice la nota del diario Milenio, firmada por Ángel Hernández, quien recuerda que “esta noticia llega a días de que Ovidio Guzmán comparezca ante la jueza que lleva su caso desde que éste fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en diciembre del 2022.
Esta versión concuerda con una nota de CNN, del pasado 8 de agosto, según la cual los dos “hijos del notorio capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán —uno detenido en Estados Unidos, el otro libre en México— llegaron a un acuerdo entre ellos antes de que uno tomara un importante vuelo el mes pasado desde México a El Paso, Texas, según la secretaria de Seguridad de México.
La entonces secretaria de Seguridad y ahora titular de Gobernación, “Rosa Icela Rodríguez, dijo a los periodistas que Joaquín Guzmán López, uno de los llamados “Chapitos”, llegó a un acuerdo con su hermano Ovidio Guzmán López, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y está a la espera de juicio por cargos de drogas y lavado de dinero.
“En Estados Unidos, hubo un acuerdo entre los individuos que estaban, digamos, detenidos, con los que están libres”, dijo Rodríguez a los periodistas. “Y hubo un trato entre ellos para la respectiva entrega. Para que fueran a Estados Unidos a entregarse”.
El acuerdo implica que tanto Joaquín como Ovidio Guzmán se declaren culpables para después colaborar con las autoridades estadounidenses y que sus respectivas sentencias puedan ser reducidas.
Según la ficha del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), Joaquín Guzmán López dejó de estar bajo custodia de las autoridades estadounidenses el pasado 16 de octubre.
En tanto, la ficha de su hermano Ovidio Guzmán López apareció nuevamente en el sistema de prisiones federales tras haber estado dos meses con el estatus de “liberado”, ahora fue reingresado al Centro Correccional de Chicago, Illinois.
Esta noticia llega a días de que Ovidio Guzmán comparezca ante la jueza que lleva su caso desde que éste fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en diciembre de 2022.
También sucede días antes de que Ismael “El Mayo” Zambada se presente a una audiencia en Nueva York. Se sospecha de que el que fuera el capo más buscado por las autoridades de Estados Unidos, también llegó a un acuerdo para reducir su condena a cambio de denunciar a otros involucrados en sus operaciones.
En tanto, la Fiscalía de los Estados Unidos solicitó al juez federal de la Corte de Brooklyn, Brian Cogan, que convoque a una audiencia de última hora para revisar un potencial conflicto de interés en el que se encontraría el abogado defensor de Ismael “El Mayo” Zambada.
En una comunicación enviada al juez a menos de 48 horas de que se celebre la primera audiencia contra “El Mayo”, el fiscal en jefe Breon Peace advirtió al juez Cogan que Frank Pérez, defensor de Zambada, sigue siendo defensor del hijo del capo, Vicente Zambada Niebla alias “El Vicentillo”, quien igualmente decidió convertirse en testigo colaborador del gobierno de los Estados Unidos a cambio de una sentencia reducida.
Como se aprecia, son muchos los acusados de narcotráfico dispuestos a salvar su cabeza a cambio de denunciar a socios y protectores.