A un año de la tragedia
¬ Augusto Corro jueves 25, Ago 2011Punto por punto
Augusto Corro
…En este lugar fueron amarrados “de cuatro en cuatro, con las manos para atrás” y luego los pusieron boca abajo. Escuchó ruidos de disparos, y posteriormente entró otro sujeto que continuó la balacera “matándolos” a todos.
Ese testimonio forma parte de las declaraciones de uno de los sobrevivientes de la masacre de 72 migrantes (originarios de Centroamérica, Ecuador y Brasil) en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida el 23 de agosto del 2010. La historia aterradora conocida por todos aún no termina.
Para empezar, más de 81 integrantes del cártel de Los Zetas, señalados como presuntos asesinos, siguen en prisión, sin recibir su sentencia.
Además, diferentes organizaciones civiles solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger a los familiares de las víctimas de San Fernando, en su exigencia de justicia.
Entre otras cosas, plantearon la preocupación de que los restos de los migrantes no sean identificados plenamente y terminen en familias o deudos a quienes no pertenecen, o que “se pierdan o destruyan evidencias básicas para la investigación, que imposibilite la sanción de los hechos y la reparación del daño”.
La historia sangrienta de San Fernando se volvió terrorífica, porque después de la masacre de agosto, en abril pasado fueron localizadas 40 fosas clandestinas con 195 cadáveres, la mayoría de mexicanos que fueron secuestrados y asesinados, cuando viajaban en autobuses rumbo a la frontera norte, con la intención de cruzar hacia Estados Unidos.
Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, declaró que “todavía hay enterrados por lo menos 500 cadáveres que no han sido extraídos y lo sé por propias declaraciones de los delincuentes”.
Miles de migrantes que osaron incursionar por el territorio mexicano cayeron en las garras de la delincuencia organizada y de las propias autoridades, incluidas las policías de todos los niveles y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
En sus declaraciones, los sobrevivientes manifestaron la violencia con la que eran tratados los plagiados, sin pararse a distinguir entre hombres o mujeres. A los primeros los obligaban a matarse entre ellos, armados con marros. Los que no morían podían sumarse a la fila de los delincuentes. Los médicos legistas determinaron que las balas y los golpes provocaron la muerte de esos infortunados.
México se proyectó, otra vez, como un país donde se vive en plena época de la barbarie: sin justicia, sin leyes, sin el menor respeto a los derechos humanos. Asunto, obvio decirlo, que tiene sin cuidado a las autoridades.
ESLABÓN DÉBIL
El presidente municipal es el eslabón más débil en la cadena de funcionarios públicos. Un total de 26 alcaldes, de diferentes partidos políticos, perecieron en los últimos tres años. Fueron secuestrados, emboscados o ultimados en sus casas u oficinas.
Jefes de sus propias policías no tuvieron el beneficio de la protección de quienes estaban bajo su mando. Esto nos habla de la deficiencia, ineptitud e ineficacia de la policía municipal en México; una especie de fuerza pública con todas carencias imaginables.
De esas carencias, sobresale la nula preparación intelectual y física, así como el equipo necesario para enfrentar a la delincuencia organizada. A ello hay que agregar los raquíticos sueldos que perciben, y que son superados por las ofertas de los hampones, para que les sirvan como “orejas”, “halcones” o les brinden protección.
En ese mundo de violencia y muerte empezaron a vivir los presidentes municipales, presionados por sus superiores para que participen en la integración de una policía única, con el propósito de rendir mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado.
Pero esos resultados tendrán que esperar un tiempo, que por ahora se contempla, indefinido, porque son muchos los conflictos que deben superarse, como son los medios económicos para entrenar y armar a la policía y principalmente, la necesidad de que los alcaldes entiendan que deben participar con toda entereza y decisión en la guerra contra los narcos.
Este último renglón podría ser el más complejo, porque sin protección alguna, los presidentes municipales son amenazados por los delincuentes con ser secuestrados o asesinados si no atienden sus peticiones o sus órdenes. La situación se vuelve más compleja, cuando la delincuencia amaga con dañar a la familia.
En esa situación se encuentran la mayoría de los munícipes en todo el país, principalmente en aquellos estados que están marcados por las actividades violentas de los cárteles de la droga o por las disputas políticas.
En el asunto es parte de la problemática surgida a raíz de la declaración de guerra contra la delincuencia organizada por el gobierno calderonista. Se decidió enfrentar a la delincuencia, pero no se tomaron en cuenta puntos esenciales, como la falta de una policía capaz y bien armada para evitar el ridículo, como ha ocurrido. Un ejemplo de lo anterior salió a flote en los últimos años: decenas de elementos de la fuerza pública municipal trabajaban para las bandas enemigas.
En los tiempo presentes tener un cargo de alcalde es como un pasaporte seguro al otro mundo. El último munícipe secuestrado y asesinado a golpes fue José Eduviges Nava Altamirano, de Zacualpan, Estado de México.
Al edil lo levantaron el viernes pasado y el sábado en la mañana apareció muerto. Lo mataron y lo fueron a arrojar al estado de Guerrero. En casi todos los homicidios contra munícipes se encuentra el sello de la casa: la impunidad.
