Morena y rémoras imponen reforma judicial, pero no se puede aplicar
¬ Luis Ángel García miércoles 16, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Lo que no han podido lograr los legisladores de oposición, detener las apresuradas y en ocasiones confusas reformas constitucionales emprendidas por el oficialismo (Morena-PT-PVEM), lo hizo posible una senadora de las mismas filas de la llamada Cuarta Transformación.
El obstáculo entorpece el proceso para aprobar la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros, que es la parte medular de la reforma constitucional emprendida por el oficialismo para ejecutar la venganza del ex presidente Andrés Manuel López Obrador —respaldada por la actual primera mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo— contra el Poder Judicial de la Federación por haber cometido el “delito” de declarar inconstitucionales algunos cambios legales necesarios para consolidar la llamada Cuarta Transformación.
A raíz de esa decisión, ahora procede la eliminación de todo el Poder Judicial y sustituirlo por otro que será elegido a mitades, una parte el junio venidero y el resto en 2027. Para ello se puso en marcha, con sólo el voto de los legisladores oficialistas y el rechazo total de parte de la oposición, un complicado procedimiento que comprende el azar.
A la carrera, como todo este proceso desatado desde el pasado 1 de septiembre, cuando iniciaron funciones los diputados y senadores de la LXVI Legislatura, con equívocos que causaron sonoras carcajadas, se sortearon (oficialmente el término es “insaculación”) las plazas de los juzgadores federales que serán sustituidos en primer término.
Esa tarea se tenía que cumplir a toda prisa, pues la reforma que ellos mismos aprobaron compromete a los legisladores oficialistas —vale insistir en que nadie de la oposición participó, salvo los tránsfugas que cambiaron de bando con anterioridad— a emitir con fecha de hoy, miércoles 16 de octubre, la convocatoria a quienes se inscriban para ocupar las plazas de los juzgadores que, mediante tómbola, serán arrojados en primer término.
Para que esa convocatoria tenga efecto, primero debe ser aprobada por el pleno del Senado. Para que esto pueda ocurrir, el procedimiento debe ser validado por la Mesa Directiva de la llamada Cámara alta.
Así debió suceder, pero a la hora de aprobar la convocatoria, en sesión efectuada ayer mismo, por alguna extraña razón resultó un empate, pues vale insistir, las oposiciones se niegan a avalar los abusivos procedimientos de los oficialistas. Sorprende este empate porque se suponía que el oficialismo se había asegurado que, en todas las etapas del proceso legislativo, siempre tuvieran la mayoría necesaria para aprobar los asuntos de su interés.
Contra toda previsión, resultó un empate. Esto fue posible porque no estuvo en la reunión un(a) senador(a) de Morena. En principio sus compañeros de la 4T ocultaron de quién se trataba, pues inclusive se negaron a revelar a qué género pertenecía. Los 5 senadores de oposición que se negaron a firmar la convocatoria son Mauricio Vila (PAN), Karla Toledo (PRI), Luis Donaldo Colosio (MC), Imelda Sanmiguel (PAN) y Claudia Anaya (PRI).
Sin embargo, con la revisión de expedientes se pudo llegar a la conclusión de que se trataba de la senadora del PT por Puebla, Lizeth Sánchez García, quien al parecer viajó a su estado natal para estar presente en ceremonias de toma de protesta de presidentes municipales, que se efectuaron ayer.
El presidente de la Mesa directiva, el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, explicó que pudo hacer valer su voto de calidad, pero prefirió no exponerse a alguna impugnación.
En vez de ello, la directiva del Senado, controlada por Morena y rémoras, decretó un receso de cuatro horas para la expedición de la convocatoria, tiempo más que suficiente para que Sánchez García pudiera regresar a la capital del país.
Como complemento, el mencionado Fernández Noroña decretó un receso en la sesión plenaria del Senado que se efectuaba en paralelo, para reanudar labores después de las 18 horas. El presidente del Senado advirtió que, de cualquier forma, “la convocatoria se emitirá esta noche”, aunque la oposición no esté de acuerdo.
Y así ocurrió.
En efecto, la sesión se reanudó. La oposición, como lo ha hecho a lo largo del todo el proceso de reformas constitucionales y leyes reglamentarias, se manifestó en contra, pero, como siempre, se anticipaba que el acuerdo sería aprobado por la amplia mayoría oficialista.
En esa convocatoria se precisa que, en la votación del próximo primer domingo de junio del 2025, se elegirá a través del voto popular a 881 integrantes del Poder Judicial, entre ellos, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los que cinco deberán ser mujeres y cuatro varones, así como tres magistradas y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 10 magistrados y cinco magistrados de la salas regionales de ese mismo tribunal.
En esa a convocatoria se detallan los requisitos de quienes aspiren a contender por alguno de sus cargos en el poder judicial y se fija un plazo para que cada uno de los Poderes de la Unión instalen sus respectivos comités de evaluación, a más tardar el 31 de octubre de 2024.
La convocatoria para quienes busquen ocupar un cargo en el Poder Judicial se publicará el próximo 4 de noviembre; la inscripción de las y los aspirantes, el 24 de noviembre; y la verificación de la documentación el 15 de diciembre.
El 31 de enero de 2025, los Comités de Evaluación seleccionarán a los finalistas que consideren idóneos; el 5 de febrero se realizará la insaculación para depurar la lista de aspirantes para obtener tres candidaturas por cada cargo: ministro, magistrado electoral, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Además, se registrarán dos candidaturas por cada cargo de juez de distrito y magistrado de circuito.
El 12 de febrero, una vez aprobadas las listas de candidatas y candidatos, el Senado las enviará al Instituto Nacional Electoral (INE). Antes del 15 de marzo, los Congresos estatales deberán aprobar cambios a sus leyes locales para adoptar la reforma judicial. Y del 30 de marzo al 28 de mayo será el periodo de campaña de las candidaturas.
El 1 de junio de 2025 se llevarán a cabo las elecciones en las que el INE realizará los cómputos de la elección, publicará los resultados, dará las constancias de mayoría a las personas que resulten vencedoras y declarará la validez de la elección.
El 28 de agosto deberán estar resueltas las impugnaciones tramitadas ante el INE y el TTEPJF y el 1 de septiembre las y los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado de la República.
Una demora, pero la gran reforma continúa a toda velocidad
Si la convocatoria para elegir a los reemplazos de los actuales juzgadores federales tuvo un pequeño tropiezo, por el contrario, avanzan a toda velocidad los cambios que más le interesan al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Así, por ejemplo, apenas unas horas después de haber sido aprobadas por la Cámara de Diputados, las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, en particular la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) el gobierno federal aceleró el proceso para su pronta promulgación y se turnó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien firmó el decreto para su inmediata orden para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En paralelo, se aprobó la ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que no ha sido promulgada.
Esa ley reglamentaria fue aprobada por Morena y aliados aprobaron esos cambios apenas en la sesión del pasado lunes, pero se se le dio celeridad porque comorende una parte del proceso para desaparecer al actual Poder Judicial.
Esa reforma establece los nuevos procedimientos para elegir a ministros, magistrados y jueces, quienes en una primera tanda serán sometidos al escrutinio ciudadano el 1 de junio del 2025. La urgencia para poner en vigor los cambios consiste en cumplir con los plazos establecidos, toda vez que la convocatoria para las elecciones de jueces debe publicarse este 16 de octubre.
Las leyes pueden estar aprobadas, pero eso no significa que estén en vigor, pues están las suspensiones (amparos) concedidos por jueces federales y, también, se mantiene el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial que, ayer, confirmaron que no reanudarán labores.
