En Sinaloa hay más violencia sin que el gobierno estatal pueda contenerla
Miguel Ángel Rivera lunes 14, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Con un gobernador, Rubén Rocha Moya, sospechoso de ligas con el narcotráfico, el estado de Sinaloa vive un estado de alarma por la guerra desatada entre los antes aliados dentro del llamado Cártel de Sinaloa (CDS), los “chapitos” y los “mayitos”, que cada día deja más muertes violentas, resulta obligada la pregunta: ¿cuándo cambiará la estrategia de (in)seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo?
A poco menos de dos semanas de su arranque, el gobierno de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México goza todavía del beneficio de la duda, pero, también, la realidad impone acciones más efectivas, pues el sólo aumento del número de elementos de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas destinados ese estado no ha sido suficiente para frenar a los delincuentes y ofrecer seguridad al resto de los habitantes de esa castigada entidad federativa.
Los simpatizantes, militantes y satélites de la llamada Cuarta Transformación han hecho un elemento fundamental de su propaganda responsabilizar de todo lo malo a los gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN, pero a pesar de todos sus elementos negativos, un mandatario estatal con tantos negativos como los de Rocha Moya ya hubiese sido marginado.
Sólo para comparar —con las debidas disculpas al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero— vale recordar lo ocurrido hace 10 años en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas, suceso que derivó en la inducida renuncia del mandatario estatal y el relevo de numerosos de sus colaboradores, a pesar de que la Fiscalía Estatal, entonces encabezada por el abogado Iñaki Blanco, había avanzado tanto en la persecución de los responsables, delincuentes y policías coludidos, que hasta la fecha no se ha podido cambiar totalmente su relatoría, por más esfuerzos que hizo el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
También es necesario revisar la actuación de los llamados organismos de “inteligencia” del actual régimen que todavía adeudan una explicación convincente e irrefutable acerca de la forma como los capos Ismael “El Mayo” Zambada y “El Chapito” Joaquín Guzmán López fueron a quedar en poder de las autoridades de los Estados Unidos, sin que el gobierno mexicano, primero encabezado por López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, sepa bien a bien cómo sucedió y quiénes fueron las agencias que participaron en la operación.
Un total de 192 homicidios dolosos es el saldo por el conflicto entre los mencionados grupos criminales en Sinaloa hasta este miércoles, reportó la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que representa a organizaciones civiles.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó las cifras de la violencia desatada en 30 días, con 192 homicidios y 224 desaparecidos. Esto, sin contar que en las últimas horas se registraron 14 homicidios dolosos, incluyendo un enfrentamiento entre Policías Estatales y civiles armados.
“Pasaron ya 30 días desde que se desató la ola de violencia en Sinaloa, impulsada por el conflicto armado al interior del Cártel de Sinaloa, el cual ha desatado días de auténtico terror en varios puntos de la entidad, principalmente en Culiacán y sus municipios conurbados”, dice el párrafo inicial de la nota publicada por Fuerza Informativa Azteca (FIA) el pasado día 9, donde precisa:
“Tras un mes de este intercambio sostenido balas, incendios, explosiones y secuestros, el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer las cifras de esta jornada de terror, entre el 9 de septiembre y el 8 de octubre, periodo en el que se registraron cifras devastadoras en Culiacán y el sur del estado.
“Los números arrojados resultaron devastadores, pues los más alarmantes fueron los 192 homicidios dolosos y las 224 desapariciones forzadas en solo este mes. Además, hay al menos 200 familias desplazadas.
“Por si esto fuera poco, y que va de la mano con la cobertura realizada en FIA sobre los daños a la economía local, confirmaron que también resultaron gravemente afectados, pues se registran al menos mil 883 empleos perdidos, junto a las 180 pequeñas y medianas empresas cerradas temporalmente.
Esto sin contar las cifras de las últimas horas. Medios locales reportaron que, entre sábado y domingo se dieron a conocer 11 homicidios, con lo que se acumulan 221 casos desde el 9 de septiembre hasta este domingo 13 de octubre.
Los hechos violentos ocurrieron durante la noche de este sábado 12 de octubre, cuando grupos armados intentaron despojar de vehículos y motocicletas a ciudadanos, pero fueron repelidos por elementos policiacos produciendo una balacera que concluyó con tres civiles muertos y un agente herido.
De acuerdo con los optimistas informes del cacique de la llamada Cuarta Transformación, en México no ocurren matanzas. Pero como quiera llamárseles, el hecho es que casi cotidianamente se reciben informes negativos, no sólo de Sinaloa, sino de prácticamente en todo el territorio nacional.
Como quiera denominarse a esos terribles sucesos ¿habrá una reacción proporcional de parte del actual gobierno? ¿A partir de cuándo? Y ¿con las mismas autoridades locales que no se sabe para quién trabajan?
El PAN se mantiene en defensa del Poder Judicial
Aparte de atender los reportes de violencia que llegan no sólo de Sinaloa, sino de muchas partes del territorio nacional, la llamada Cuarta Transformación tiene que mantenerse atenta al tema de la reforma judicial que les dejó su líder y guía (suponemos que, ahora, sólo moral) el político de Macuspana.
En primer lugar, se deben evitar los espectáculos como los ocurridos en el Senado en su más reciente sesión, en donde se registraron confusiones al poner en práctica las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales, lo cual dio oportunidad de confirmar las afirmaciones de que aprobaron los cambios sin leer al menos las minutas.
Los errores fueron admitidos inclusive por uno de los más apasionados defensores de la llamada Cuarta Transformación, el actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien declaró:
“Como cualquier obra humana con algún error, con algún tropiezo en su momento, pero la claridad de quienes van a la elección es indubitable, el que fue por insaculación, el que no hubo ningún proceso sesgado, errores, bueno, hubiese sido ideal ya las esferas hubieran estado colocadas, pero llegaron con retraso las esferas, hubo compañeras titulares de las secretarias que dijeron que habían leído una, una plaza como que iba a junio de 2025 y no, iba a junio de 2027, está claro, cualquier error, cualquier tropiezo incluso que hubiese habido en alguna verbalización, todo eso está resuelto”.
Por otra parte, se mantiene la suposición de que la desahuciada Suprema Corte de Justicia podría dar la sorpresa al declarar inconstitucionales las referidas reformas. Esto no porque no hubiese irregularidades de los legisladores oficialistas, sino porque en las filas de la llamada Cuarta Transformación se da por descontado que el máximo tribunal no tiene facultades para atajar cambios legales de tal envergadura.
“¿Cómo actuarán Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum si resulta inconstitucional la reforma. Si la Corte tumba la reforma, ¿van a aceptar o la van a imponer a la fuerza?”, preguntó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, cuyo partido ha interpuesto demandas para que se declare inconstitucional lo aprobado por el oficialismo.
El dirigente nacional del PAN aseveró que la reforma al Poder Judicial que impuso Morena no está firme porque puede ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del desaseo que existió en todo el proceso legislativo.
Señaló que, entre los recursos legales interpuestos, destacan una acción de inconstitucionalidad presentada por su partido y una controversia constitucional impulsada por el Gobierno de Guanajuato y varios municipios panistas.
Cortés advirtió que el intento de someter al Poder Judicial pone en riesgo el Estado de Derecho, la división de Poderes y la democracia mexicana.
El dirigente panista sostuvo que lo peor que le puede pasar a México es que el gobierno desconozca al Poder Judicial. “Esto traería consecuencias desastrosas para el país, pues provocaría un choque de Poderes y una crisis institucional”.
