Pese a amparos, Ejecutivo y Legislativo avanzan para acabar con el Poder Judicial
Miguel Ángel Rivera martes 8, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En nuestro país, se presume mucho los grandes avances en materia jurídica, como el recurso de amparo y los artículos constitucionales con sentido social, como el 27 en materia agraria y el 123 relativo al trabajo, pero todo indica que los legisladores oficialistas, actualmente en funciones, están decididos a superar a sus ilustres antecesores, pues inventaron en proceso para crear leyes acerca de algo que no conocen.
Esta gran habilidad de los legisladores mexicanos no es nueva, las crónicas dan testimonio de casos en que senadores y diputados mexicanos aprueban leyes que ni siquiera leyeron.
Uno de estos ejemplos está vigente y forma parte del conflicto de poderes que enfrenta al Judicial con el Legislativo y el Ejecutivo por la reforma, cuyo punto sobresaliente es desaparecer a jueces, magistrados y ministros y reemplazarlo por otros que serán elegidos mediante voto “popular”.
Como parte de este conflicto, el siempre vociferante senador del PT —el partido oficial, Morena, se ha negado a reconocerlo como hijo legítimo y lo mantiene en la reserva como parte de uno de sus satélites— Gerardo Fernández Noroña encabeza las reclamaciones contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ministra Norma Piña Hernández, de negarle información necesaria para aplicar la reforma constitucional que aprobaron a toda carrera los legisladores oficialistas para darle su regalo de despedida al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En concreto, el Legislativo le reclama a la titular del Poder Judicial un informe detallado del total de cargos que, de conformidad con la referida reforma constitucional, tendrán que ser renovados en la elección programada para junio del año venidero, un plazo verdaderamente corto para un proceso de tal envergadura.
La urgencia de tener esa información es mayor porque los senadores están comprometidos, por lo que ellos mismos se impusieron, a lanzar la convocatoria para las referidas votaciones a más tardar el ya muy cercano día 16 del presente mes.
Existen por lo menos dos impedimentos válidos para que el Poder Judicial pueda cumplir la solicitud: uno, que sus trabajadores están en paro, precisamente en protesta contra la reforma del oficialismo que les hará perder el empleo, sin las respectivas prestaciones; y, dos, que la Suprema Corte tiene pendiente resolver demandas de inconstitucionalidad y decidir si tiene o no facultades para invalidar los cambios, por lo cual no puede entregar información que puede implicar que esas modificaciones son válidas.
Son, en total, más de medio centenar de órdenes de suspensión (amparos) y, en caso de no acatarlas, los responsables se exponen a multas y hasta pérdida de la libertad.
Por cierto, ayer mismo trascendió que un juez de Amparo de Querétaro concedió una suspensión provisional más contra la reforma, al tomar en cuenta protestas por supuestas irregularidades durante el proceso legislativo por parte Morena y aliados.
La demanda respectiva fue interpuesta por la bancada de MC. La diputada Laura Ballesteros Mancilla dio a conocer el documento en el que el juez ordena a los congresos estatales a abstenerse de armonizar a las constituciones locales.
“Se concede la suspensión provisional para que se impidan los efectos y consecuencias del decreto referido, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de atender el octavo transitorio del Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución. También ordena que los diputados locales “se abstengan de realizar las adecuaciones a las constituciones para ajustar la reforma judicial durante del plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor”, dice el fallo.
La suspensión provisional forma parte de los recursos legales presentados por los diputados de MC, Patricia Flores Elizondo, Gustavo de Hoyos Walther, Gildardo Pérez Gabino y Laura Ballesteros, así como por el ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, entre los cuales se encuentra una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la reforma al Poder Judicial por violaciones al proceso legislativo.
En el recurso presentado, los diputados argumentan también, irregularidades de Morena por intentar imponer su aplanadora sin escuchar a sus simpatizantes, así como hacer votaciones ilegales en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Además, mencionan obstáculos contra legisladoras y legisladores para ingresar el lugar donde se llevó a cabo la sesión (Sala de Armas), la falta de verificación de quórum y la falta de verificación de diputados de las y los integrantes en la Cámara de Diputados en el lugar.
Respecto al Senado, los diputados presentaron pruebas relacionadas por la privación ilegal de un senador, mientras que uno más fue rociado de gasolina y otros fueron extorsionados.
Además, la ministra Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, recibió y turnó la primera controversia constitucional en contra de la reforma presentada por un gobierno estatal de oposición, el de Guanajuato.
La controversia impugna “la aprobación, expedición, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de septiembre de 2024, de la reforma al Poder Judicial”.
La protesta fue tramitada por el ahora ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el pasado 27 de septiembre, pero se le dio entrada hasta el 4 de octubre. El Máximo Tribunal turnó la demanda al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien será el encargado de resolver si se admite a trámite y se otorgan medidas cautelares. El referido ministro ya tiene la encomienda de presentar la ponencia que servirá de punto de partida para el debate en el pleno a fin de determinar si el máximo tribunal tiene facultades para revisar esa reforma.
Independientemente de las demandas, lo que sorprende que es que, antes de proceder a modificar la Constitución, ni el autor de la iniciativa ni los legisladores federales se hayan tomado la precaución de informarse cuántos y cuáles serían los cargos que alcanzarían las modificaciones que se apresuraron a aprobar.
Este hecho es el que pone en evidencia la capacidad (¿o incapacidad?) de nuestros diputados y senadores para legislar sin conocer los alcances de sus decisiones.
Como se hacen muchas cosas en nuestro país, los legisladores van a llenar los huecos que dejaron al aprobar la reforma.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó ayer la iniciativa de leyes reglamentarias. Precisó que se trata de dos iniciativas al Congreso para la modificación a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la elección de jueces, magistrados y ministros, cuyo fin es clarificar el proceso de la elección.
Por su parte, la ahora consejera jurídica del Poder Ejecutivo l, Ernestina Godoy —quien no pudo continuar al frente de la Fiscalía General de la CDMX por no reunir los votos necesarios en el Congreso local— aseguró que la convocatoria para el registro de candidatos a cargos en el Poder Judicial se efectuará como está previsto en la reforma, el venidero día 16.
También indicó que el INE —controlado igualmente por el oficialismo— expedirá las normas para regular las campañas de los aspirantes sobre la base de que no podrán adquirir publicidad en radio y televisión. Asimismo, deberá determinar los mecanismos de vigilancia para que estos aspirantes no reciban financiamiento de otras instancias y definir los montos que personalmente podrán gastar, así como fiscalizar los gastos que realicen.
Además, los consejeros electorales deberán definir el modelo de la boleta y supervisarán que ninguno de los partidos políticos se involucre en las campañas. En tanto, los aspirantes deberán entregar trípticos con información de sus propuestas.
De inmediato, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se encargó de entregar al Senado ayer mismo las iniciativas de reformas secundarias.
En esa Cámara siguen las prisas, Fernández Noroña aseguró que el tema será abordado mañana, miércoles 9, y el sábado siguiente será el sorteo para determinar los cargos que serán incluidos en la votación de junio.
