Continúa el conflicto del Poder Judicial contra el Ejecutivo y el Legislativo
Miguel Ángel Rivera lunes 7, Oct 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Sin que parezca que nadie está dispuesto a ceder, continúa el enfrentamiento del moribundo Poder Judicial de la Federación contra los que deberían ser sus pares, el Legislativo y el Ejecutivo.
Para que esa lucha adquiera mayor relevancia, así como mayor desequilibrio, al lado de los poderes Legislativo y Judicial se ha colocado un organismo que nació autónomo, pero ahora está dominado por incondicionales de la llamada Cuarta Transformación, el Instituto Nacional Electoral (INE).
Es de recordar que esta contienda, apenas contenida dentro de los cauces legales, se desató por el espíritu de venganza del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que no le perdona a la Judicatura Federal y en particular a la Suprema Corte de Justicia, haber invalidado reformas que el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación promovió para tener el control de toda la vida política nacional.
La que se supone es la reforma definitiva, la práctica desaparición del Poder Judicial y su reemplazo por un nuevo elenco de jueces, magistrados y ministros elegidos mediante voto general, sin importar su experiencia o capacidad.
Los cambios fueron aprobados, apresuradamente, por las mayorías oficialistas en las cámaras de Diputados y Senadores, así como en la mayoría de los congresos estatales. Esa acelerada práctica generó sospechas de que no se cumplieron todos los requisitos que exige el proceso legislativo y es uno de los aspectos que imponen la revisión a cargo de los ministros del tribunal constitucional.
Otro de los temas a revisión son los daños a los propios trabajadores y funcionarios del Poder Judicial.
Como no tienen a quién más recurrir, las reformas tienen que ser revisadas por jueces, magistrados y ministros. Esto es precisamente lo que ha sucedido, jueces federales han ordenado dejar en suspenso (amparo) la aplicación de la reforma, pero sus mandatos han sido desoídos por los poderes Legislativo y Ejecutivo, que niegan el derecho de los juzgadores a suspender o frenar la aplicación de las reformas.
El conflicto está la vista
Por ejemplo, el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) que debe suspender la organización y el desarrollo del proceso electoral 2025 para elegir a ministros, magistrados y jueces federales o, de lo contrario, impondrá una sanción económica de más de 54 mil pesos a cada consejero y presentará ante la Fiscalía General de la República una denuncia para que sean llevados a juicio por desacato.
La resolución, que se publicó como parte del juicio de amparo número 1125/2024, promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala: “Requiérase por última ocasión al Consejo General del INE (…) para que en el plazo de 24 horas contadas a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, acate los efectos de la suspensión provisional concedida en el presente incidente de suspensión”.
El mandato establece que el Consejo General del INE debe abstenerse “de implementar el proceso electoral extraordinario 2024-2025, y no emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario de 2025”.
También dispone que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debe suspender la realización de un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), y al órgano de administración judicial en lo que corresponde a sus funciones administrativas y de carrera judicial; además, debe omitir acuerdos generales y específicos que se requieran para implementar dicho plan de trabajo”.
Además, este mandato judicial ordena al Senado no “emitir la convocatoria para integrar los listados de los candidatos que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del PJF, así como omitir tomar protesta de su encargo a los juzgadores vencedores en la eventual elección del primero de septiembre de 2025, y evitar realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento del decreto controvertido”.
También alcanza a la Cámara de Diputados federal, los congresos locales y el de la Ciudad de México, que quedan impedidos de dar cumplimiento al decreto de la reforma judicial.
El juzgado federal subraya que se “apercibe por última ocasión antes de hacer efectiva la medida de apremio, que de no acatar lo ordenado se les impondrá a cada uno de los integrantes del Consejo (del INE) una multa de 500 unidades de medida y actualización (UMA) de acuerdo con la enmienda constitucional en materia de desindexación del salario mínimo que estableció la UMA, que corresponden a 54 mil 285 pesos”.
En respuesta, el Senado, especialmente su presidente, Gerardo Fernández Noroña, ha presionado a la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte, Norma Piña, entregar un listado de las plazas del Poder Judicial que estarían sujetas al proceso de votación, para lo cual esa Cámara debería emitir el próximo día 16 la convocatoria para la elección de jueces, ministros y magistrados, como establece la reforma constitucional en la materia.
Esto, que advirtió el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, implica que no se atiende el mencionado amparo ni otros emitidos por diversos tribunales. La posición del “moreno” fue secundada por el ex priista y ahora integrante de la bancada oficialista del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien, con la convicción del converso, lamentó “esos subterfugios y amagos para torcer la Constitución”, de los que culpó a la presidenta de la Corte, Norma Piña.
Los dos legisladores aseguraron que el Senado obtendrá por su cuenta de esos datos que el CJF se niega a entregar. “La convocatoria se emitirá en tiempo y forma; nosotros sí vamos a respetar lo que nos ordena la Constitución”, subrayó Mier, al recordar que el artículo segundo transitorio de la reforma judicial ordena al Senado que, en un plazo de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de ese ordenamiento, emita la convocatoria e integrar los listados con los candidatos a participar en la elección extraordinaria de junio de 2025.
“El plazo vence el próximo día 16, y habrá convocatoria”, remató Mier, sin hacer referencia a los mandatos judiciales.
Lo que sí, censuró “el despropósito” de la ministra Piña al dar entrada en la Corte a “consultas” para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, y desde su doble papel de presidenta del CJF, retrasar la entrega de un listado “con la totalidad de cargos de juzgadores”, según ordena el referido mismo artículo transitorio.
Ramírez Marín aseguró que “el Senado va a cumplir estrictamente la ley suprema, con la Corte o sin ella”, pero admitió que, en el segundo caso, “estaríamos entrando a un escenario muy negativo y poco sano para la vida institucional del país”.
En tanto, el dócil INE impugnó ante el Tribunal Electoral —que es parte del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero se ha mantenido fiel a los mandatos de la 4T— los amparos.
La ponencia correspondiente quedó a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien validó la sobrerrepresentación de Morena y rémoras en la Cámara de Diputados.
“Alito” ofrece una oposición leal
Luego de que el Tribunal Electoral Federal (TEPJF) declarara válidas las reformas a los estatutos del PRI que le permiten reelegirse por lo menos hasta 2028 y, eventualmente hasta 2032, el presidente del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ofreció una oposición “inteligente y estratégica”, con la firme convicción de que lo mejor está por venir.
Al afirmar que la fortaleza de un país reside en el respeto a la ley, la pluralidad y el diálogo, el presidente del PRI aseguró que el tricolor ha asumido el compromiso de luchar por la preservación de esos valores, sin caer en el populismo ni el autoritarismo, pero opuesto a los embates contra la democracia.
El dirigente del PRI expuso que “lejos de asumir una oposición visceral o reactiva, el PRI ha decidido actuar con inteligencia y estrategia”, por lo que anunció que el partido no se opondrá a todo por el simple hecho de estar en la oposición.
