Tregua
¬ Augusto Corro miércoles 24, Ago 2011Punto por punto
Augusto Corro
El domingo, el procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, se dirigió directamente a los grupos criminales en los siguientes términos: “Yo esperaría una tregua; nadie tiene derecho a poner en riesgo la tranquilidad de una sociedad, nadie tiene derecho a”…
El lunes, el funcionario reculó. Dijo que sí habló de una tregua, pero no de los delincuentes hacia la sociedad, sino entre las bandas de hampones. ¿Pues a quién más?
No había necesidad de que el fiscal se hubiera desmentido. Sus declaraciones surgieron en un momento de sinceridad. Eso fue muy importante, porque, sin lugar a dudas, él, mejor que nadie, sabe las dimensiones de la violencia que golpea no solamente a Acapulco, sino a todo el estado de Guerrero.
Es complejo vivir en medio de la ola sangrienta que baña al puerto, con decenas de decapitados, asalto a joyerías, taxistas victimados, desaparecidos, secuestrados y extorsiones a comerciantes y todo lo que usted quiera añadir.
Eso lo tiene muy bien registrado el funcionario, porque la información que le llega es de primera mano. A través de sus amargas experiencias, sabe que no hay poder humano que detenga las masacres y las decapitaciones y todos aquellos delitos que rompieron el tejido social en Guerrero. De ahí, su demanda a los delincuentes de que consideren una tregua.
López Rosas sabe que las cosas están difíciles y que nadie sabe hasta cuándo regresará la paz a Acapulco, que por ahora, su actividad, en función del turismo, se encuentra apagada. ¿Alguien se imagina a Acapulco sin vida nocturna?, como ocurre ahora. Los asaltantes se apoderaron de sus principales carreteras. Llegar al puerto es una verdadera odisea.
Sin lugar a dudas, el procurador estaba en lo correcto cuando pidió una tregua a la delincuencia. Claro, nadie lo escuchará. ¿Usted cree que los cárteles de la droga atenderán su petición? Ni en sueños.
Así, la actitud del procurador guerrerense es digna de elogio, pero al reconocer la tragedia que se vive día con día en Acapulco, lo mejor es pedir una tregua. ¿O no?
INVESTIGACIÓN, SIN AVANCES
Hace dos años, el diputado perredista Armando Chavarría Barrera, presidente del Congreso de Guerrero, fue asesinado a tiros a la puerta de su casa.
Desde esa fecha, las investigaciones sobre el caso permanecen estancadas. Se extravió el expediente del caso y nadie sabe nada. Lo que se definió como un crimen político alcanzó al propio gobernador en aquel año, Zeferino Torreblanca, entre otras cosas por su apatía para encontrar y castigar a los homicidas.
El consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, al hablar sobre este asunto, dijo que no hay que ser detective, “las autoridades judiciales dicen que fue un crimen de estado, que hubo órdenes superiores, está claro que fue Zeferino Torreblanca el culpable, no hay que buscarle por otro lado”.
En el congreso estatal de Izquierda Democrática Nacional (IDN), efectuado el domingo, sus dirigentes exigieron el esclarecimiento del asesino del político guerrerense. Dolores Padierna, la secretaria general del PRD, coincidió en los llamados de la sociedad para citar a declarar al ex mandatario estatal mencionado, debido a que se trata de una de las principales líneas de investigación.
Por su parte, el también líder de IDN, René Bejarano, se refirió al asesino como un crimen político que lastimó la presencia y posicionamiento del partido en la coyuntura electoral que se vivió en el estado.
En los medios políticos guerrerenses, Armando Chavarría Barrera era el único candidato de la izquierda con mayores posibilidades de llegar a la gubernatura. Realmente, el PRD sufrió una pérdida irreparable.
Los líderes demandaron que se reanude la investigación y se castigue a los culpables.
CRISIS DE SEGURIDAD
La crisis de seguridad llegó para quedarse. En el último informe de la organización social México Evalúa, su directora, Edna Jaime, dio a conocer que de 2007 a la fecha, el número de homicidios dolosos creció 96%; el secuestro, 188%; la extorsión, 101%; el robo con violencia, 47% y el robo de autos con violencia, 123%.
En una conferencia de prensa, la funcionaria de la mencionada Organización No Gubernamental (ONG), señaló, en términos generales, que “no se han logrado contener los delitos, aún con la presencia de las fuerzas federales en los estados más violentos”.
A dicha conferencia asistieron la señora Isabel Miranda de Wallace, de la asociación Alto al Secuestro; y Alejandro Martí, de México SOS. La primera sostuvo que es tan grave la situación en varias entidades del país, que tan solo en Tamaulipas, en el municipio de San Fernando, “hay fosas clandestinas en las que debe haber por menos 500 cadáveres más, pero no los han sacado por las implicaciones políticas que eso llevaría para las autoridades”.
Alejandro Martí recordó que a tres años de haber dicho a los funcionarios que no si no podían con el paquete, que renunciaran, a la fecha el planteamiento sigue vigente. Dijo textualmente: “Yo ya habría hecho renunciar a varios de los gobernantes, pero ellos tienen cargos de elección popular y siguen”.
Recalcó que los gobernadores se hacen tontos ante el problema de inseguridad, “sólo se dedican a hacer política y no a resolver los problemas”. Añadió que no toman en serio los compromisos y las acciones para reducir la criminalidad.
